El 9 de noviembre de 2020 (9N, de ahora en adelante), policías municipales y estatales de Cancún, Quintana Roo, reprimieron con disparos a defensoras de derechos humanos, activistas y mujeres de la sociedad civil en general que se manifestaban por el feminicidio de Bianca Alexis. A casi dos años de los hechos, las víctimas de esta represión aún no han obtenido una reparación integral del daño. Además, en diversas partes de México, la criminalización contra el movimiento feminista continúa penetrando en la sociedad tal como lo atestiguan las filtraciones de Guacamaya Leaks.
En 2020, antes de la manifestación del 9N en Quintana Roo ya se habían registrado otras agresiones por parte de las autoridades en contra de manifestaciones feministas en varias entidades de México. Hasta el 10 de noviembre de ese año, se han presentado al menos otros seis casos más de represión donde el uso de la fuerza policial fue desproporcionado.
Uno de ellos ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2020, cuando policías de Cuautitlán (en el Estado de México) usaron gas lacrimógeno para dispersar una manifestación por el feminicidio de Ambar Viridiana; y al día siguiente, en la Ciudad de México hubo un operativo de cerca de mil policías en una protesta de 30 mujeres contra el acoso sexual en el Instituto Politécnico Nacional. La policía las encapsuló y golpeó a algunas de las manifestantes.
Para 2022, la situación no se ha transformado realmente. Entre abril y julio de este año, la organización Amnistía Internacional contabilizó por lo menos cinco protestas donde se emplearon tácticas represivas contra las y los manifestantes. Cuatro de ellas fueron manifestaciones feministas. Por su parte, en abril de este mismo año, Cimacnoticias informó sobre otros casos de represión en manifestaciones en Tlaxcala, Nuevo León, el Estado de México y Michoacán.
La violencia del Estado contra el movimiento feminista en México
De acuerdo con la información difundida por Amnistía Internacional, en una de las represiones registradas este 2022 contra el movimiento feminista se reportaron casos de violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato. Las víctimas fueron mujeres que se manifestaban contra las desapariciones, los feminicidios y la violencia machista de su entidad.
El hostigamiento por parte de las autoridades, sin embargo, también se ha dado de manera velada. El 18 de mayo, por ejemplo, el Secretario General del Gobierno de Nuevo León Javier Navarro emitió declaraciones intimidatorias al afirmar que se abrirían carpetas de investigación contra toda persona que incurriera en actos de violencia, pintas o quiebre de cristales durante las manifestaciones por la jornada de Luto Nacional por las niñas y mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.
Además, en la manifestación de este 28 de septiembre, la cantidad de policías rebasaba de manera notable al número de mujeres que acudieron a la protesta en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Más allá de este acoso policial, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks han dejado ver que el Estado mexicano tiene en la vista al movimiento feminista como a un enemigo. Incluso, en los correos electrónicos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se muestra información sobre cinco feministas que están fichadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; dicha fiscalía también conoce sus paraderos.
Esta criminalización gubernamental ha logrado arraigarse también en otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Recientemente, alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur, uno de los bachilleratos de la UNAM) se han manifestado por un caso de violación ocurrido dentro del plantel. Esto ha provocado que varios profesores de la institución intenten convencer al alumnado de que la organización de sus compañeras feministas está mal.
A la par de estos hechos, los feminicidios y la violencia contra la que se han manifestado todas estas mujeres prevalece. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre de este 2022 se tenían registrados 695 casos de feminicidio y se han hecho 5 mil 267 llamadas de emergencia a nivel nacional por incidentes relacionados con abuso sexual.
Algunas de las víctimas de esta represión y criminalización han sido, precisamente, mujeres que trabajan para erradicar estas violencias. Frida, una de las mujeres fichadas por la Fiscalía capitalina, es consultora en un programa de acceso de justicia para víctimas, por sólo mencionar un ejemplo.
Mientras los gobiernos locales y el gobierno federal rastrean a activistas e intentan reprimir sus manifestaciones, las mexicanas siguen en desprotección y —más aún— son revictimizadas por esas mismas autoridades, negándoles así el acceso a la justicia que tanto reclama el movimiento feminista.
