Ciudad de México.- Desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se han registrado hechos de represión policiaca y criminalización en contra de colectivas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres que se han manifestado en sedes de gobierno por casos de desapariciones, violencia sexual y feminicidio en entidades como Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
El 9 de noviembre de 2021 marcó un antes y un después en la protesta social feminista en México, luego de que policías municipales de Cancún, Quintana Roo, detonaran sus armas de fuego para disipar a las manifestantes. Por el nivel de represión que se alcanzó ese día, incluso Naciones Unidas emitió un llamado al Estado mexicano para que proteja a las mujeres y no las persiga ni reprima de la forma en la que lo hizo.
Sin embargo es cada vez más frecuente que la policía agreda de diversas formas a integrantes de las colectivas, desde golpes, gas, burlas, amenazas con balas de pintura, balines, canicas, hasta la fabricación de delitos
Monterrey, Nuevo León
Luego de darse a conocer al menos ocho casos de mujeres desaparecidas en menos de un mes en Nuevo León, distintas colectivas feministas convocaron a una manifestación pacífica para exigir a las autoridades que activen, aceleren y apliquen adecuadamente los mecanismos de búsqueda.
Si bien durante la marcha participaron familias de personas desaparecidas, afuera del Palacio de Gobierno (donde las feministas planeaban entrar para entregar un pliego petitorio) se encontraron con una valla de 200 policías que les impidieron la entrada; al intentar ingresar, un policía golpeó a una defensora en la garganta y luego se burló de ellas, relató una defensora identificada como Clevel durante un encuentro que organizaron el pasado 14 de abril la colectiva llamada «Brujas del Mar».
Como relató Clevel, dentro del Palacio de gobierno las feministas se encontraron con 200 policías que, además de burlarse, replegaron, golpearon, gasearon y persiguieron a las feministas, lo que resultó en cuatro menores de edad detenidas, dos defensoras con huesos (nariz y costilla respectivamente) rotos y muchas otras con quemaduras por gas y heridas de otro tipo; además de que los policías siguieron durante unos metros a una de las defensoras y corre el rumor de que se abrirán carpetas de investigación por supuestos daños a la puerta del Palacio. Esto, dijo Clevel, nunca había pasado en la entidad, además de que fue contrario a los discursos y compromisos acordados en discurso por el gobernador de la entidad, Samuel García.
Morelia, Michoacán
En la víspera del 8 de marzo, distintas colectivas feministas se reunieron con las autoridades de Morelia, Michoacán, a fin de garantizar una manifestación pacífica y segura. No obstante, la sorpresa vino cuando después de esta reunión el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en una conferencia de prensa a las colectivas feministas de actuar como “grupos de choque” y planear una protesta violenta, de acuerdo con lo que narró en el encuentro la defensora “Sirena”, una de las integrantes de la «Colectiva Incendiarias», una de las organizaciones que se habría reunido con las autoridades.
El día de la marcha, 17 mil personas (entre ellas mujeres, niñas, niños y adultas mayores) salieron a exigir un cese a la violencia contra las mujeres. Las calles estaban cubiertas de vallas metálicas que solicitó la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado. Si bien el inicio de la protesta fue pacífico, al llegar al congreso del estado, un grupo de personas presuntamente infiltradas empezó a correr para generar caos. Esto ocasionó una estampida.
Asimismo, un grupo de policías que iba a la retaguardia de la marcha comenzó a detonar armas con balas de pintura, balines y canicas, lo que generó más confusión y caos entre las manifestantes, quienes al intentar escapar se lesionaron o perdieron a sus hijas e hijos. A otras de las manifestantes, las y los policías las rociaron con extintores, les lanzaron gas lacrimógeno y gas pimienta, además de que un policía apuntó a las defensoras con arma blanca. Estos hechos constan en una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que hasta ahora haya autoridades de alto nivel responsabilizadas por estos hechos, de acuerdo con Sirena.
Chimalhuacán, Estado de México
El 1 y 2 de abril, policías del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, desaparecieron temporalmente y torturaron a Irene, cuya hija habría sido abusada sexualmente por policías municipales cuando tenía 13 años.
Al exigir justicia por Irene –quien desde que levantó una denuncia hace dos años es perseguida por la policía– y su hija, el 3 de abril un grupo de 23 mujeres (entre ellas otras madres de víctimas de feminicidio) fueron reprimidas, gaseadas y golpeadas por la policía frente a la Fiscalía en Chimalhuacán. De ello resultaron defensoras con costillas y brazos rotos, además de crisis emocionales, de acuerdo con el relato de una joven identificada como “feminista criminalizada” que estuvo en los hechos.
A decir de la defensora –sobre quien desde 2020 pesa una carpeta de investigación en la Ciudad de México por participar en las protestas feministas–, estas agresiones ocurrieron frente a elementos de la Guardia Nacional.
Ciudad de México
En el caso de la Ciudad de México, una defensora anónima y otra llamada Mime, del «Frente contra la Represión», relataron (sin conocerse entre ellas) que también son acusadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por hechos que presuntamente ocurrieron en protestas feministas, pero para los cuales sólo se tienen imágenes tomadas de Facebook.
De acuerdo con la primera defensora, el 18 de noviembre de 2020, cuatro policías de investigación entregaron un citatorio en casa de su mamá y su papá en el que se le acusaba de los delitos de lesiones, robo a propiedad y daño a propiedad. En este caso, la defensora fue citada en la Fiscalía para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
No obstante, al revisar la carpeta se percataron de que era acusada por hechos que ocurrieron durante una manifestación a la que no asistió. Para inculparla, la Fiscalía usó en la carpeta de investigación fotografías que ella subió a sus redes sociales y que correspondían a otro año, además de que las acusaciones se basan en publicaciones hechas en un Facebook que se creó dos días antes de la manifestación del 25 de noviembre de 2021. La defensora recibió otro citatorio previo al 25 de noviembre de este 2021, cuando ella no estaba en el país.
Mime, por su parte, también recibió un citatorio y luego su domicilio fue cateado. Si bien la defensora presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este organismo la desechó porque presuntamente el cateo se llevó a cabo en tiempo y forma. Mime volvió a recibir citatorios y el 13 de diciembre de 2021, fue detenida en un baño público. Ella estaba con su hija menor de edad, quien fue llevada dos días a un DIF y de quien luego perdió la guarda y custodia.
A estos relatos se suma que el pasado 15 de abril, en un amplio operativo policial, el gobierno de la Ciudad de México desalojó el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue tomado por colectivas feministas en septiembre de 2021, en reclamo de que las autoridades no atendían las denuncias de madres de víctimas de abuso sexual y feminicidio.
Luego de la detención de tres jóvenes que permanecían dentro del recinto, la Fiscalía filtró fotografías del rostro de las defensoras, quienes fueron exhibidas en las redes sociales sin respetar su derecho a la presunción de inocencia. Las jóvenes no fueron acusadas de un delito político o de la toma de la CNDH sino de delitos a la salud, por lo que fueron trasladadas al Penal de Santa Martha Acatitla en medio de un operativo de máxima seguridad.
Es de destacar que después de esta detención, circuló en redes sociales de la Okupa un video en el que se puede escuchar a los policías capitalinos hablar sobre una estrategia para sembrar droga y fabricar delitos a estas mujeres.
Tlaxcala, Tlaxcala
En otra conferencia organizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, defensoras de Tlaxcala relataron que el 8 de marzo de este 2022, la policía reprimió con piedras a las manifestantes. Además de esto, un grupo de policías vestidas de civil se llevó a una defensora herida y la incomunicó por varias horas.
Luego de esta refriega, que terminó a las 9 de la noche, la violencia continuó, pero la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar, dijo a los medios de comunicación que fue una marcha pacífica y que siguió los protocolos, y señaló directamente a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de cometer actos de violencia.
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