Ciudad de México.- El Hospital de la Mujer en San Cristobal, Chiapas, donde se causó la muerte materna de Lorena (una joven a quien, entre otras negligencias, se le dejaron unas compresas durante la cesárea) ya habría causado la muerte de otra mujer, por lo que en 2019 el gobierno del estado tuvo que dar la primera disculpa pública emitida en México por un caso de muerte materna.
De cara al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Observatorio de Muerte Materna dio un pronunciamiento en el que da a conocer la responsabilidad del Hospital de la Mujer y el Hospital de las Culturas, en San Cristobal, Chiapas, en la muerte materna tardía de Lorena de Jesús Padillas Victoria, una joven a quien el personal médico dejó unas compresas en el abdomen durante su cesárea y que posteriormente fue revictimizada por ambos nosocomios que cometieron una serie de omisiones, negligencias y hasta tratos crueles y denigrantes contra ella y su familia.
Te podría interesar: Acusan negligencia en 2 hospitales de Chiapas, por muerte materna de joven
Lorena no recibió atención médica de calidad ni durante las labores de parto ni después, cuando presentó complicaciones por la mala práctica de dejarle la compresas: no la diagnostican a tiempo, le colocan mal un catéter, le provocan un paro cardio respiratorio, le causan un severo daño cerebral y después muere.
Al enunciar la combinación de negligencias y omisiones en este caso, el doctor Marcos Arana Cedeño, del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas, recordó que anteriormente el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas en Chiapas ya había causado la muerte materna de una mujer indígena.
En este caso, documentado por el Comité y por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una joven de 26 años de edad llamada Susana acudió en 2013 al Hospital de la Mujer de San Cristóbal con indicaciones para realizarse una cesárea. Susana fue víctima de maltratos por parte del personal del hospital desde que llegó. Le pidieron que se quitara la ropa y la dejaron desnuda en una camilla, expuesta a la vista del personal, porque “no tenían batas”, mientras la hacían esperar para ser atendida.
En el informe médico de Susana se reporta que esa misma noche, hacia las 22 horas, su estado de salud era grave. Sin embargo, en ese momento su familia no recibió ninguna información acerca del deterioro en su salud. Unas horas más tarde, se le notificó a la familia que se había realizado la cesárea junto con una extracción de la vesícula, de la cual no tenían conocimiento y de la que no existe un consentimiento informado por parte de Susana o algún familiar. Después de la cirugía se le entregó a los familiares un frasco con la vesícula de Susana y, sin mayor información, se les pidió acudir a otro hospital a realizar estudios de patología. Las notas médicas posteriores a la cirugía reportaban la condición de Susana como estable. Sin embargo, el 6 de octubre Susana sufrió un paro respiratorio y falleció. Sus familiares fueron notificados de su muerte sin recibir más explicación al respecto. En ese momento les entregaron a su hija recién nacida, sin ropa, sin documento alguno.
El caso fue judicializado y por estos hechos, el 19 de noviembre de 2014, el gobierno de Chiapas llevó a cabo un acto de disculpa pública por la muerte de Susana, la primera disculpa emitida en México por parte de una autoridad por muerte materna. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conoció del caso iniciado de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Después de hablar con los familiares de Susana y asumir su representación legal, GIRE presentó una ampliación de queja ante la CNDH el 14 de febrero de 2014. En ésta, se subrayó la importancia de establecer que la muerte de Susana fue consecuencia de una serie de violaciones de Derechos Humanos, así como de reconocerla y a sus hijos, a Romeo, su esposo, y a su padre, como víctimas.
Para el Comité, lo más importante en este caso era que se instrumentaran medidas de no repetición. “Ahora, en el 2022, vemos que las cosas no han evolucionado positivamente, hemos visto las mismas fallas, las mismas negligencias. Aunque el caso es diferente podemos constatar que las condiciones con las que se atiende a las mujeres indígenas y no indígenas en Chiapas no son adecuadas. El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Salud en Chiapas, tenían y tienen la responsabilidad de ofrecer las mejores condiciones para que todas las mujeres sin distinción tengan las mejores opciones para decidir dónde atenderse, donde atender su parto, y que sea de calidad. El caso de Lorena muestra que esto no es así”, explicó Arana Cedeño.
Lorena, expuso el médico, fue una mujer que a pesar de su edad y su condición de pobreza cumplió con todos los requerimientos para tener un embarazo adecuado, con todos los cuidados. Ella asistió a todas su consultas prenatales, y tenía las mejores disposiciones para tener una maternidad segura pero una negligencia médica le cambió el destino y hoy es una vida truncada, detalló.
Y llamó al Estado mexicano a que, a partir de este caso, tome todas las medidas pertinentes para que todas las mujeres tengan atenciones adecuadas en sus partos y a castigar a las personas responsables, y se garanticen, ahora sí, medidas de no repetición.
Chiapas mantiene subregistro de muerte materna
Por su parte, la doctora Hilda Argüello, del Observatorio de Mortalidad Materna en México, explicó que durante la pandemia la muerte materna se agudizó hasta alcanzar cifras registradas hace 15 años, de acuerdo con su análisis de los datos de la Secretaría de Salud.
No obstante, dijo, llama la atención que oficialmente durante la pandemia la Razón de Muerte Materna registró un aumento en todo el país menos en Chiapas (que previo a la pandemia tenía el primer lugar en RMM), donde se ha observado una disminución de esta problemática.
Al respecto, la experta dijo que hay un subregistro y puso como ejemplo que el caso de Lorena no se registró oficialmente como muerte materna tardía, sino que los diagnósticos certificados en los documentos oficiales son: choque séptico, fístula intestinal y absceso abdominal.
“Sí nos parece muy grave que haya un subregistro con un caso que hemos podido documentar. Desafortunadamente habrá muchos casos que no hayamos podido documentar que estarán en estas mismas condiciones”, observó la experta, y llamó al Estado a hacer una búsqueda intencionada de este subregistro, con personal experto que no tenga conflicto de intereses.
Hilda Argüello dijo que luego de conocer el caso de Lorena han tenido conocimiento de que hay más de este tipo, los cuales están en proceso de documentación. Por el de Lorena, la y el médico informaron que ya se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, y un amparo ante el poder judicial.
22/AJSE/LGL
