Ciudad de México.- Las colectivas Marea Verde en Chihuahua presentaron este 10 de marzo una iniciativa ciudadana ante el congreso del estado para despenalizar el aborto y eliminar el plazo de 90 días como límite gestacional para la interrupción del embarazo por violación.
En su iniciativa, las colectivas también buscan que se reforme el Código Penal para despenalizar el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, se elimine el plazo para que una mujer o “persona gestante” pueda acceder el aborto en casos de violación, ya que actualmente solo se puede abortar en estos casos si se tiene menos de 12 semanas de embarazo.
Esta iniciativa homologa además la causal de violación con lo referido en la Norma Oficial 046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, al establecer que no es necesaria una denuncia previa ni autorización del Ministerio Público para acceder a un aborto en casos de violación.
También se modifica la causal salud y se incorpora explícitamente la causal “peligro de muerte”, eliminando el requisito injustificado de un segundo dictamen médico, pues en la realidad se ha utilizado como un obstáculo para el acceso a un aborto legal, especialmente en comunidades con servicios médicos insuficientes
Además, se adiciona la causal “malformaciones genéticas o congénitas” para interrumpir legalmente un embarazo cuando así haya sido diagnosticado por un médico, y se adiciona la causal de exclusión de responsabilidad penal, para permitir un aborto legal a partir de la semana 13 cuando alguna autoridad le hubiese negado el acceso a un aborto legal a una mujer embarazada o «persona gestante».
Esta iniciativa fue presentada en conjunto con el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), así como con diputadas del Partido del Trabajo, Morena y Movimiento Ciudadano.
Actualmente el Código Penal de Chihuahua establece que se impondrá de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, y que «a quien hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella».
De acuerdo con un comunicado emitido en Chihuahua, esta iniciativa es a su vez una exigencia para que el Poder Legislativo se apegue a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haga valer el respeto a la Constitución.
“Es tiempo de que las y los legisladores del estado de Chihuahua dejen de hacerse los sordos a los criterios que de la Corte han emanado, que dejen de lado sus prejuicios, sus discursos de odio, sus creencias personales y religiosas, porque no tienen cabida en un espacio de discusión y en un espacio donde se debe respetar la Constitución y los tratados internacionales (…).
Es tiempo que las legisladoras de Chihuahua que año con año citan al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para hablar de violencia contra las mujeres, dejen de hacerse ciegas sobre las recomendaciones que se han dado desde el Comité para que los estados despenalicen el aborto, porque su criminalización constituye violencia de género y discriminación contra las mujeres”, expresaron las colectivas.
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