Inicio AgendaEn defensa Caso Kenia Hernández, un castigo ejemplar para inhibir la protesta social

Caso Kenia Hernández, un castigo ejemplar para inhibir la protesta social

Ciudad de México.- Kenia Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga de la montaña de Guerrero, madre de dos hijos. Desde hace un año y cinco meses está privada de su libertad en el área de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social #16, en el estado de Morelos, acusada dos veces por el delito de robo con violencia y otras seis veces por ataques a las vías generales de comunicación agravado, presuntamente, cometido en pandilla. 

Kenia es originaria del municipio de Xochistlahuaca, en Guerrero, una entidad que históricamente ha visto surgir formas de participación política no convencionales ni cómodas para el gobierno. La contrainsurgencia en la década de los 70, la constante criminalización contra integrantes de la policía comunitaria, y los actos de represión contra la Normal Rural de Ayotzinapa, son apenas unos ejemplos de esto.

En ese contexto, a los 16 años de edad, Kenia Hernández, abogada de profesión, inició su camino en la defensa de los Derechos Humanos, primero a través de la alfabetización de mujeres en la montaña baja de Guerrero, explicó en entrevista la defensora Yaneli Fuentes, compañera de Kenia e integrante del “Colectivo Zapata Vive”. 

Después se sumó a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, la seguridad comunitaria, y la defensa de personas presas políticas.

Para 2017 tenía una fuerte participación en diferentes procesos de defensa al interior de las comunidades. Por ejemplo, participó en el pasado con la policía comunitaria para la defensa de los pueblos y comunidades que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica “La Parota”, un megaproyecto cuya instalación no ha respetado los derechos indígenas ni humanos. 

A la par de esto, Kenia mantenía su apoyo a otras causas. Por ejemplo, en el 2018 asesoró jurídicamente a la familia de Silvia, una joven de su municipio que habría sido asesinada por su esposo y maltratada por la familia de él. Realizaba marchas en apoyo de otros colectivos, acompañó en su organización a los pueblos para defensa de su territorio y recursos naturales; formó políticamente a las y los jóvenes de su colectivo; y contribuyó en la articulación de comunidades autogestivas. 

En 2018, pero ya de manera independiente a la policía comunitaria, Kenia formó el “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero” y el “Colectivo Zapata Vive”. 

En 2019, derivado de sus acciones por la liberación de líderes del movimiento de comunidades y pueblos contra “La Parota” (uno actualmente desaparecido y otro asesinado), Kenia fue hostigada y amenazada por el gobierno local y un grupo posiblemente paramilitar, razón por la cual fue incorporada al Mecanismo de protección de Personas Defensoras y Periodistas y desplazada de su entidad. No obstante, no cesó en la defensa de los DH.

Desde 2018 Kenia participó en los bloqueos de carreteras y la liberación de casetas como una forma de protesta social por el caso de “La Parota”, lo que provocó que meses más tarde fuera aprehendida acusada de 9 delitos 2 del fuero local y el resto federal.

Las supuestas víctimas u ofendidos de todas las denuncias son una pareja (sólo en el primer delito), la empresa Autovías Concesionaria Mexiquense, filial de OHL México (concesionaria favorita del priísmo), y el gobierno federal, a través del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes ya consiguieron dos sentencias condenatorias contra Kenia, ambas con penas máximas que acumulan, juntas, 21 años en prisión. 

De defensora a “delincuente”

El caso de Kenia es paradigmático por la cantidad de procesos judiciales abiertos en su contra. Se le está colocando como una delincuente cuando en realidad se trata de una luchadora social, una defensora de Derechos Humanos, dijo en entrevista con Cimacnoticias la codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de DH en México, Aurora de la Riva. 

A ello se suma la criminalización y la falta de una debida diligencia en su proceso penal. Desde que está en reclusión (1 año 5 meses) sólo ha viso a sus hijos siete veces y a su mamá y su papá, sólo tres; la comunicación con su defensa legal es limitada a una vez por semana y no vive bajo condiciones dignas de reclusión, de acuerdo con lo que la propia Kenia ha denunciado. 

En su opinión, la criminalización es la estrategia en la que los Estados logran sacar el caso del conflicto social y llevarlo al área judicial, donde la correlación de fuerzas se desequilibra porque convierte a una defensora en una probable responsable de ciertos delitos, lo que a partir de diferentes violaciones en el debido proceso, culminan en una sentencia en la que hay una intencionalidad: hacer un ejemplo hacia otras defensoras, defensores y colectivos, que la protesta social no debe ser el mecanismo por el cual se deben encauzar las inconformidades, reflexionó de la Riva.

En el caso de Kenia se suman tres factores: es mujer, indígena y defensora, y llama la atención que pese a los delitos que se le imputan no son mayores, sí están generando sentencias en su máxima expresión con más de 20 años de condena, más las que se le puedan sumar. 

Esto, explicó de la Riva, demuestra este ejercicio discriminatorio que hacen de la ley para mantener presas a mujeres que luchan, que alzan la voz, que encaran, que enfrentan al Estado, y que lo hacen a partir de un liderazgo. 

Y agregó: “esta forma de judicializar a las defensoras tiene que ver con una práctica encaminada a inhibir la protesta social, intimidar al resto y, en todo caso, generar una deslegitimación de la protesta, que es esencialmente un mecanismo que se da mucho entre colectivos y zonas en los que no se tiene acceso a abogadas, organizaciones. Es una herramienta de la base social, que a lo primero que recurre es a organizarse y alzar la voz; su primera herramienta no son hacer juicios ni demandas contra los intereses que les afecta”.

La defensora recordó que la criminalización “es una articulación de acuerdos que se dan entre intereses del Estado e intereses particulares, llámense como se llamen. Inicialmente de manera política hay una decisión de judicializar a una defensora y  mediáticamente, de construir su deslegitimación ante una sociedad y, en consecuencia, desarticular”. 

“Cuando se articulan estos intereses entre Estado y particulares, estás enfrentando un consensado acuerdo previo para ver cómo va a funcionar en contra de cualquier persona”, agregó.

La Red de Defensoras precisó que Kenia no está sola, sino que alrededor de su caso se articulan muchas organizaciones y defensoras que están buscando su defensa y liberación.

Falta al debido proceso y criminalización de la protesta

Para la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa legal de Kenia, Fabiola Vite Torres, el trasfondo de la criminalización contra Kenia es mostrar un castigo ejemplar para quienes protesten en las vías de tránsito y como en el caso de la defensora, denuncien también que el cobro de casetas es injusto para la ciudadanía, toda vez que se tiene documentado que menos del 1 por ciento de estas ganancias llegan al erario público.

La revista Forbes México informó que Capufe (una de los denunciantes de Kenia) registró una pérdida de 6 mil 078 millones de pesos por la liberación de casetas desde que llegó como presidente, Andrés Manuel López Obrador, situación que incrementó en 2019 lo que alertó a los grupos empresariales quienes presionaron al gobierno federal para que se castigara la toma de casetas.

Por ello, el congreso reformó en 2022 la Ley de Vías Generales de Comunicación “para castigar hasta con 7 años de cárcel a quienes con fines de lucro tome las casetas”, y la Fiscalía General de la República quien acusa a Kenia, pidió que se aplique esta reforma para la defensora, aunque los hechos por los que se le acusa ocurrieron en 2019, 3 años antes de la reforma.

Además de criminalizar la protesta, dijo Vite Torres, a Kenia no se le ha garantizado el debido proceso, pues se ha insistido en que ella esté presente en las audiencias, pero se informó por escrito que la defensora no podía salir del penal en Morelos y trasladarse al Estado de México por “tratarse de una presa de máxima peligrosidad”.

Aunque Kenia pudo seguir las audiencias virtualmente, la conexión a internet era inestable y se cortaba constantemente la comunicación, lo que provocó que las audiencias fueran diferidas y se dilatara el proceso. 

Por si ello fuera poco, agregó Vite, los jueces han negado explícitamente la perspectiva de interculturalidad y de género para Kenia ya que se le ha impedido hablar su lengua originaria, se le negó que el Estado le proporcionara un traductor y se negó la posibilidad de ser juzgada bajo la perspectiva de género con el argumento de que es “una mujer con estudios universitarios, líder y que cuestiona al Estado”. 

Los juzgados han desestimado pruebas cruciales como el peritaje que comprueba que Kenia estaba a 600 kilómetros de distancia de donde presuntamente ocurrió el robo por el que fue acusada en el primer proceso penal, y otras pruebas ofrecidas por Kenia que “se perdieron en el servicio de mensajería del Cefereso #16”. 

Por todo esto, una coalición de organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas defensoras, entre las que está el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social y el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, elaboran y presentarán próximamente un Amicus Curae (asistencia jurídica independiente) en la que argumentan que Kenia no ha tenido garantizado su derecho al debido proceso; que debe ser escuchada por un Tribunal y Juez competente; que con la prisión preventiva se violó su derecho a la presunción de inocencia; y que debe ser juzgada con perspectiva intercultural y de género. 

“Lejos de tener una estrategia del gobierno para defender a las defensoras, hoy se trata de criminalizar a las mujeres que obstaculicen algún proyecto estratégico del gobierno, a quienes le pongan un pie a las empresas estratégicas para el gobierno y dejan de lado todos los mecanismos de protección que debieran tener. 

Pero en lugar de juzgar a Kenia por delitos políticos, la estrategia es juzgarla por delitos comunes que implicarían más de 20 años de prisión, donde se le está dando una de las sentencias más altas; el juego que se ha utilizado es este, sin dejar de reconocer que lo que quieren ocultar es que Kenia es una defensora” explicaron las organizaciones. 

El viernes pasado se le comunicó que se le acusa por otro delito de ataques a las vías de comunicación, con lo que suma 9 delitos, mientras que por 2 ya acumuló 21 años 6 meses.

22/AJSE/LGL

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