Ciudad de México.- Especialistas y representantes de organismos internacionales coincidieron en que el gobierno mexicano ha fallado en la prevención, protección, justicia, verdad y reparación del daño a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos amenazadas, agredidas, asesinadas o desaparecidas por ejercer su labor.
Durante el «Foro hacia la construcción de una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas«, realizado en Casa Refugio Citlaltépetl, se hizo un llamado a implementar medidas urgentes y adicionales a las que se han tomando en los últimos años para evitar que la violencia contra comunicadores y defensoras continúe incrementándose.
En el Foro estuvo presente Griselda Triana, periodista y defensora de Derechos Humanos, quien destacó que para el gremio “todo está descontrolado” ya que el Estado y gobernantes les han fallado. La también viuda del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, señaló que las y los comunicadores viven con un riesgo permanente de sufrir violencia.
En ese sentido, Griselda Triana destacó la importancia de hacer cambios legislativos en los códigos penales para homologar y dar penas más altas para los responsables de asesinar o desaparecer a periodistas. También instó a crear comisiones independientes que vigilen y den seguimiento a las medidas de protección y pidió garantizar seguridad a familias de comunicadores asesinados, dando acompañamiento jurídico, psicoemocional y de salud después de los hechos. En ese sentido, exigió que las comisiones de víctimas deben ser reestructuradas con personal certificado, ya que en dichas instituciones continúa permeando la burocracia y revictimización.
Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, destacó que prevenir la violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos requiere de altos compromisos políticos y no de grandes recursos. En ese sentido, instó a la coordinación entre entidades y gobierno federal para que definan medidas de protección y hagan explícito el procedimiento de su adopción, también exhortó a las autoridades a adoptar un discurso favorable que no criminalice a la prensa.
En lo anterior coincidió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández, quien destacó la importancia de no estigmatizar a la prensa como un paso importante para comenzar a dejar de agredir al gremio, ya que el trabajo de periodistas y personas defensoras “no debilita al Estado, sino lo fortalece”. Sumado a esto, recomendó abordar causas que favorecen las agresiones e impunidad, implementar medidas que generen cambios reales y que vengan emparejadas con la rendición de cuentas.
“El objetivo no es tener un mecanismo de protección más poderoso, sino crear las condiciones para que no existan más agresiones. Antes de las agresiones y ataques, la impunidad es un incentivo para que los ataques se reiteren. La investigación eficaz y persecución del delito es un mecanismo que previene”.
Guillermo Fernández, representante en México de ONU-DH
Finalmente, la coordinadora de Asesores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ariadne García Hernández, refirió la necesidad de un diagnóstico serio y despolitizado de la situación en cada estado de la República mexicana, pues también señaló la existencia de vacíos legales, falta de fiscalías especializadas y la existencia de mecanismos que no permiten observar resultados.
“La libertad de expresión es un elemento indispensable para que la comunidad esté informada, por lo tanto, no sólo es un derecho de los individuos, sino de la sociedad misma para prevenir el arraigo de los sistemas autoritarios”.
Ariadne García Hernández, coordinadora de Asesores de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH
Cabe destacar que al Foro también estuvieron invitados el titular de la Unidad de DDHH de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población, de Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); sin embargo, horas antes del encuentro cancelaron su participación.
22/BCHT/LGL
