Violencia vicaria: un daño irreparable contra madres oaxaqueñas

Violencia vicaria: María Fernanda, seis años resistiendo sin sus hijas

Por Rocío Flores

Después de casi 10 años de vivir situaciones de violencia por parte de su ex pareja y seis de un proceso jurídico para estar con sus hijas, María Fernanda Pérez Gris recupera fuerza junto a otras mujeres que integran el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Ella es parte de este movimiento de madres en Oaxaca que visibiliza este tipo de violencia, la cual comienza cuando deciden separarse, divorciarse, iniciar una relación con una nueva pareja o solicitar las pensiones alimenticias para sus hijas o hijos.

En el caso de Mafer, como la llaman de cariño, el padre de sus hijas Víctor se las llevó desde hace seis años, dos años después de su separación, al iniciar el trámite de pensión alimenticia para la manutención de las niñas.

En ese momento, las niñas tenían seis y siete años de edad, luego le llamó para decirle que estaban en Puerto Escondido y que regresaría hasta el martes, eso la puso en alerta. “Me asusté, pensé, se las puede llevar otra vez y no regresarlas”.

Mafer narra que ese fin de semana (que él se las llevó) viajó. Por la noche, su madre le llamó para decirle que el padre de sus hijas estaba ahí, en su casa.

“Yo estaba en la Central, le pedí que por favor recibiera a las niñas. Cuando llegué no había nadie, pensé que estaban adentro, pero no las ví. Mi madre pensaba que él estaba afuera esperándome, pero no, no las quiso dejar, se las llevó”, relata Mafer entre suspiros que intentan sosegar su memoria y el dolor que le causa la distancia que hay con sus hijas.

Debido a las acciones del padre de las niñas, las malas prácticas de los abogados que la asistieron al principio, así como las autoridades encargadas de hacer justicia, durante seis años Mafer no ha podido estar presente como madre.

Su cuerpo se tensa, al intentar controlar el llanto, pero no puede, se rinde y dice “ cuando se las llevó, de cierta manera sentí un alivio. pensé: voy a poder descansar, voy a tener unos días para mí, voy a poder dormir… que las cuide él dos días”.

La voz de la madre se quiebra como consecuencia de ese recuerdo que de pronto la atormenta. Admite que sí, si estaba muy cansada de la maternidad y de estar con su agresor, peleando y defendiendo a sus hijas. “Ahora lo veo y digo, cómo pude sobrevivir a eso. Aún así, yo quería que mis hijas estuvieran conmigo”, dice y simultáneamente las lágrimas comienzan a rodar por su cara.

“Lo he hecho todo, lo puedo hacer y lo quería seguir haciendo. Pero no fue así”. Yo no quería ir a su casa (del agresor). me daba miedo estar con él, habían pasado otras cosas”. Unos días después hablé con mis hijas y me dijeron, “¿ya sabes qué nos van a cambiar de escuela?”.

En esa situación, Mafer buscó una abogada, metió un escrito ante el juzgado para denunciar que él se las llevó, intentó buscar la guardia y custodia, seguir con su trámite de pensión alimenticia, y apresurar la audiencia para que pudieran regresar con ella, pero no lo logró.

Un día que llamó él contestó: “nos vemos en el juzgado”. Después de un mes de que las hijas de Mafer estuvieron en casa con su padre, se realizó una audiencia. La jueza Jueza Lucero Hernández Melchor , del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Etla, ordenó una escucha de las niñas.

—¿La escucha de menores está permitido a esa edad?— se le pregunta.

—A partir de los siete años, ellas tenían 6 y siete años. Fueron muchas violaciones a Derecho en el juicio, por ejemplo, no se puede llamar a una escucha de menores tan rápido sino ha habido un proceso— responde, ahora con seguridad, después de tantos años de luchar en los juzgados por recuperar a sus hijas.

Explica que mientras que a él, la jueza le resolvió en esa audiencia la custodia provisional, a ella le postergaron su demanda de pensión, en la que ya habían acordado que se le daría el 40 por ciento de los ingresos a las menores.

“No había avanzado absolutamente nada en mi expediente, me dijeron que el abogado no puso bien el domicilio, y que otro error que cometió es que no solicitó la guarda y custodia. Ahora que veo en retrospectiva, veo que así funciona el sistema y los abogados que dicen que te van a proteger, no lo hacen. Son errores reiterados”.

Sucede también en los casos de sus compañeras del Frente. “Eso hace que los procesos se alarguen y que haya esos huecos en los que aprovechan para quitarles a nuestras hijas o hijos. La realidad es que nos siguen violentando los jueces”

La jueza también ordenó las convivencias y acordó la entrega de las niñas en el DIF de San Pablo, Etla, donde además las funcionarias comenzaron a cuestionarla. “Él llegaba antes que yo y les decía que mis hijas no querían estar conmigo, porque algo habían visto que estaba mal en mí”. Esa actitud de Víctor provocaba las empleadas del DIF la cuestionaran, incluso que ejercieran violencia psicológica en su contra.

Septiembre 2018: El cumpleaños de Mafer en este año, coincidió con una de sus convivencias. Se fue con su documento de acuerdo al DIF dispuesta a estar con sus hijas, pero cuando quiso llevarlas le dijeron que no querían irse con ella, ya que el padre fue cortando el vínculo con sus hijas.

“Intenté convencerlas, obvio quería que la pasaran conmigo. Les mostré el documento, les dije, soy su mamá. Ellas respondieron llamando a 12 policías del municipio para que me detuvieran. Y Víctor dijo: “si se la tiene que llevar presa, llevesela”. Fue muy cruel”, cuenta la madre de 35 años de edad, mientras revive ese momento con lágrimas, una profunda tristeza se asoma en sus ojos.

La dinámica de las convivencias cambió, pero solo por la repetida agresión de Víctor hacia ella. Tal como los describen especialistas en género, la violencia vicaria no opera de manera aislada, sino en concatenación con otras violencias: psicológica y física-económica y, de manera reiterada.

Un día ella iba en la calle y Víctor la agredió, la insultó. Harta de sus violencias interpuso una denuncia en la Fiscalía. Le notificó a la jueza y de esta manera cambió un poco su actitud. A él lo mandó al centro de reeducación para hombres y ellas las mandó a terapias.

Poco tiempo después, Mafer encontró trabajo y comenzaron a descontarle vía nómina el 40 por ciento de su sueldo para sus hijas. Ya iba a la escuela por ellas. En 2020 durante la pandemia, Víctor le pidió quedarse una noche a cuidar a sus hijas porque viajaría. Ella aceptó. Después le dijo que viviera con ellos. Otra vez le dijo que no y él respondió: Ah!, entonces ya no te quieren ver las niñas. Ya no les escribas”.

Han pasado seis años que para la madre han significado, terapias, dinero, cansancio y dolor.

La última audiencia fue un duro golpe. Víctor finalmente logró romper el vínculo entre ellas.

“Ya no me quieren ver. Antes lo dudaban ahora están muy enojadas porque creen que no les doy dinero, que no me preocupo por ellas. Él no me permitió llamarles, me bloqueó. Me duele mucho, estuve “al pie del cañón” exponiendo el cuerpo, mi corazón de madre, aguantando todo”, comparte visiblemente molesta, triste, frustrada. Todo a la vez.

Mafer se cerró un poco, dejó de ir a los juzgados y retomó sus terapias. Hoy, un poco recuperada, recorta unas cartulinas con los nombres de sus hijas y se alista para salir a gritar el 25 de noviembre por todas las violencias que ocurren en los juzgados familiares, sin que ninguna autoridad haga el intento de corregir.

“Me acusó de estar loca, para quitarme a mi hija”: Oliva narra la violencia vicaria que vive desde hace dos años y medio

Por Diana Manzo

Oliva solo puede ver a su hija un par de horas al día tres veces por semana y lo hace bajo la vigilancia del padre de la menor. Así han sido los encuentros con su pequeña hija desde hace dos años, cuando el juez mixto de primera instancia de Puerto Escondido, Oaxaca le concedió a quien fuera su compañero de vida la guardia y custodia definitiva de la menor. Esta determinación la dictó porque él la acusó que estaba mal de sus facultades mentales.

“Me acusó de estar loca, para quitarme a mi hija”, expresa con enojo Oliva, que mientras ve pasar los días, retoma más fuerza para luchar por recuperar a su hija y terminar de una vez por todas con el martirio de no estar con ella, un martirio que dice, solo ha podido sobrellevar con la ayuda de otras mujeres.

La violencia vicaria que vive Oliva es una realidad en Oaxaca, al menos medio centenar de mujeres son violentadas por sus parejas, que con un supuesto “poder”, pagan por “la justicia” para afectar a la madre de sus hijas e hijos. Pero Oliva reconoce que la única persona dañada hasta ahora es su hija, hoy de tres años y medio de edad.

Oliva se pone triste al relatar esta historia, pero asegura que es parte del proceso y que pronto, todo volverá a la normalidad; gracias al acompañamiento del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de su representante en Oaxaca, ha sabido entender la situación legal y tras una lucha de meses, un magistrado de Oaxaca determinó que hubo violaciones procesales y la urgente reposición del procedimiento.

“Espero y anhelo que esta lucha que me ha desgastado emocional y económicamente me devuelva a mi hija, no es posible que una niña de tres años y medio esté lejos de su madre, solo porque a su padre se le ocurrió mentir y pagarle dinero al juez, eso es crueldad”, .

Vivir con violencia vicaria significa para la joven mujer de 34 años de edad, perderse de los festivales de su hija, sus cumpleaños, no atenderla en sus noches de enfermedad, ni ver sus bromas ni sus risas.

“Claro, al juez como es hombre, no le importa lo que suceda, no le importa que mi hija no conviva conmigo, no le importa mi sufrir, no le interesa que mi hija esté en riesgo, pues ese señor (su padre) es alcohólico y consume marihuana, eso no les importa, porque no es su hija”, externó.

Oliva brinda servicios de belleza, considera que no tiene recursos como el padre de su hija, quién estudió derecho y es empresario local en Puerto Escondido y eso la pone en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Por denunciar violencia, me quitó a mi hija

Las emociones florecen cuando habla de su hija, para Oliva no vivir con ella es un sufrir constante. Recuerda que cuando cumplió un año y medio, y tras vivir 11 meses en casa de su mamá, decidió volver a Puerto Escondido, y fue justamente cuando el padre de la menor se enojó y comenzó a ejercer violencia psicológica en su contra.

Ella tuvo miedo y denunció confiando que al hacerlo lograría tener un poco de paz que tanto anhela.

“Busqué a un abogado de oficio, confié en las autoridades y pedí la guardia y custodia de mi hija, pero esto molestó mucho a su padre, quién me amenazó y me advirtió que lo pagaría caro, me exigió revocar la demanda, pero no lo hice. El padre de mi hijo presentó un documento ante las autoridades en el que dijo que “yo estaba loca”, el juez le creyó y me quitaron la patria potestad. Pero sigo luchando”, cuenta.

Oliva desconocía la existencia de la violencia vicaria, y fue a través de una amiga que se enteró cómo actúa este tipo de agresiones contra las madres. Entendió entonces por qué su salud y estado financiero estaban deteriorados, pues la violencia vicaria no es directa, también se ejerce provocando obstáculos a las madres para disminuir su economía hasta que la hagan desistir.

“Finalmente decidí salir del hoyo, busque ayuda, contacté con mujeres qué así como yo también sufren violencia vicaria; busque ayuda con otra abogada y hoy, por fortuna, un magistrado de Oaxaca me está dando la razón, revocaremos esa sentencia, porque violenta mis derechos humanos”, dice Oliva quien en medio de su desdicha, sigue trabajando con un único propósito: “recuperar a su hija y abrazarla para siempre”.

Su lucha, dice, también es para visibilizar su caso y el de cientos de mujeres así como para denunciar a los jueces corruptos. “Lo único que exijo es justicia, el que está mal de sus facultades mentales es otra persona, mi hija merece una vida digna con amor de su mamá. Me han arrebatado el derecho a la crianza y le han violentado sus derechos humanos”, reclama.

Aferrarse a la terapia psicológica para enfrentar la violencia vicaria

*El arma que Jorge Javier utiliza, desde febrero de 2022, para lastimar a Paola, es impedirle ver a su hija de 16 años de edad.

Por Nadia Altamirano

Paola ha vivido 18 años de violencia familiar, por lo que recibir acompañamiento psicológico se ha convertido en la clave para que pueda comenzar a superarla, a la par de una buena asesoría legal para enfrentar la violencia vicaria de su agresor Javier J. R. V., el padre de su hija menor.

Javier le ha impedido verla desde febrero de 2022 por una supuesta orden de restricción. La amenaza de quitársela se dio cuando logró divorciarse de quien la violentó físicamente desde los dos años de casados. “Te voy a dar en donde más te duela”, le dijo amenazante y días después supo que el daño sería impedirle convivir con su hija que está por cumplir 17 años de edad.

Un matrimonio empañado por la violencia

En el año 2003 Paola se casó enamorada y feliz. «Fue por la iglesia, tuve mi vestido de novia, pero a los dos años empezaron los primeros golpes, patadas», recuerda la mujer.

Con el tiempo, ha entendido que no debe sentirse culpable de haber permanecido en una relación violenta. También admite que en ese tiempo no había tomado las terapias que le orientarán para tomar una mejor decisión.

Paola identificaba que las infidelidades que cometía su entonces esposo, elevaba su nivel de violencia, «quizá porque yo le estorbaba, a la vez que no tenía el valor de decirme que no quería nada conmigo», dice.

Hizo un primer intento de separarse, pero un segundo embarazo, el de una hija menor que ahora tiene 16 años, incidió para que ella aceptara volver con él.

De esa decisión se arrepintió tiempo después y por mucho tiempo, porque la violencia que ejercía Javier no desapareció y la culpa le impedía recurrir de nuevo con su familia. Además su círculo se redujo a las labores de casa y la crianza de su hijo y su hija.

Mientras vivieron como pareja, Paola denunció la violencia familiar más de una vez, pero Javier encontraba la forma de amenazarla para lograr que ella retirara la denuncia.

Una navidad, ya separada de Javier, él propuso salir juntos a cenar y al regresar a donde vivía Paola, aprovechó que su hija e hijo dormían para amenazarla con un cuchillo, jalarla de los cabellos y amarrarla de las manos.

Esa noche Javier se quedó a dormir en la habitación de su hijo y Paola salió descalza a pedir ayuda a la Policía Estatal, ya que desconfiaba de la Policía Municipal de San Sebastián Tutla, en donde se localizaba la casa y de donde Javier era regidor.

Javier estuvo detenido hasta la tarde del día siguiente. Tiempo después, con el argumento de dialogar, la convenció de subirse a su camioneta, la cual manejó rumbo a la Sierra Juárez entre amenazas de chocar o matarla si no retiraba la denuncia más reciente que había interpuesto en su contra.

«Para mí fue de los peores momentos de mi vida porque me imaginaba que iba a terminar como esas mujeres cuyo cuerpo se encuentra entre matorrales, pensaba en mi hija e hijo mientras él amenazaba con chocar contra otro auto, matar a mi familia, hasta que se paró en una curva, me hinqué, le supliqué y le prometí retirar la denuncia».

Después de este acontecimiento, se presentó con un abogado y lograron iniciar un expediente por intento de feminicidio.

La afectación emocional que había causado en Paola tantos años de violencia le impidieron contar todo a su familia, seguir con el proceso legal o buscar ayuda psicológica. Lo hizo hasta el 2021.

La psicóloga que comenzó a acompañar a Paola le hizo ver la gravedad de convivir con quien intentó matarla, pero al tratar de poner nuevos límites, él le pidió dejar la casa donde vivía con sus hijos y además su suegra la denunció, presuntamente por llevarse cosas. Esto propició que ingresara la Policía Municipal, incluso que su esposo la denunciara por violencia familiar.

«Me salí de la casa sin mis hijos porque lo único que pude conseguir era una casa hecha de lámina que esperaba acondicionar para traerlos a vivir conmigo en días posteriores, pero él no lo permitió».

Paola tuvo que retomar las visitas a los juzgados. Finalmente al inicio del 2022 logró divorciarse y aún sigue sin entender cómo le cedieron a él la guardia y custodia provisional, y a ella solo las convivencias con su hija menor cada 15 días, convivencias que él ha obstaculizado.

«Durante el divorcio que él amenazó con darme donde más me duele y así ha sido». Por casi dos años no ha podido volver a ver a su hija menor, en el caso de su hijo, quien tiene 19 años de edad ha podido convivir con él sin impedimentos.