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El fracaso de la política de protección a periodistas

Por Lucía Lagunes Huerta
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta

El feminicidio de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olivera, en Veracruz, nos revela el fracaso de la política de protección en México.

Quienes nos dedicamos a defender el derecho de periodistas a ejercer su trabajo en libertad creímos que el sexenio de Enrique Peña Nieto había sido el peor, con 47 asesinatos de periodistas, pero la realidad nos rebasa.

En estos cuatro meses y 12 días del año han sido asesinados 12 periodistas: 3 mujeres y 9 hombres; y en lo que va del sexenio 59 periodistas mujeres y hombres, y aún nos quedan dos años para que termine el actual gobierno federal.

El incremento de crímenes contra periodistas es una evidencia irrefutable que la política de protección gubernamental no está funcionando no sólo porque está concentrada en el Mecanismo de Protección, lo cual de por sí la limita, sino porque ahora esta instancia esta más débil que nunca, sin una verdadera dirección, con un vaciamiento de personal capacitado en la protección, y sin una política de prevención como lo mandata la ley, pues ni siquiera hay una persona responsable de esa área desde noviembre del año pasado y hoy una sola persona coordina la unidad recepción de casos, de seguimiento y análisis de riesgo y lleva el control de calidad.

A costa de qué vemos al responsable del Mecanismo, Enrique Irazoque, en gira por el país para promover su Ley General de Protección, pese a que en todos los foros se muestra  un rechazo a la ley y se pide un fortalecimiento del Mecanismo.

Si hoy se hiciera el diagnóstico de esta instancia, dudo mucho que fuera tan optimista como en 2019 y en lugar de las 104 recomendaciones probablemente tendríamos el triple.

Los crímenes de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García, directora y camarógrafa del periódico «El Veraz», en Cosoleacaque, Veracruz, recuerda que la daga sobre quienes hacemos periodismo en México sigue encima de nuestras cabezas.

Y si somos mujeres periodistas la descalificación es rápida y expedita, pero no así la justicia. (condición que compartimos con el resto de las víctimas de feminicidio por el simple hecho de ser mujeres).

Hemos visto cómo los rumores que en torno a ambas periodistas se han desatado en estos días, es una práctica permanente cuando se trata de una periodista.

Por qué se dedica tanto tiempo en desprestigiar a las periodistas más que en investigar para esclarecer el crimen y dar con los responsables materiales e intelectuales, pues cada crimen impune, permite que se vuelva a repetir.

Por qué el presidente no manda un mensaje claro de rechazo a la violencia contra periodistas en lugar de alimentar la estigmatización y enviar condolencias con cada asesinato.

Dónde está La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus 14 mil millones de pesos que le fueron asignados para este año, de los cuales 88 por ciento son para el pago del personal que ahí labora.

Por qué Veracruz sigue siendo la entidad más mortífera para ejercer el periodismo sin que ninguno de los crímenes ocurrido ahí se haya esclarecido, Desde el feminicidio de la periodista Yolanda Ordaz en 2011, la emblemática Regina Martínez en 2012, Anabel Flores (2016) y María Elena Ferral (2020) y a ellas se suma Yesenia y Johana (2022).

Cada que se criminaliza a las periodistas ligándolas a supuestos delitos, así sin más, desvían la atención de los motivos del asesinato, empañan su trayectoria periodística, lastiman a las familias, rompen la empatía con la víctima y tratan de justificar el crimen, que es injustificable.

Es doloroso ver cómo medios de comunicación y periodistas se suman a las campañas de desprestigio contra quienes ya no pueden defenderse.

A este país le urge recobrar la esperanza. En lugar de gastar dinero en buscar sacar una ley que no irá a la problemática de fondo, se debe, verdaderamente, fortalecer el Mecanismo de Protección, no sólo con más recursos sino con mejor personal, crear una verdadera política de prevención que pase por Palacio Nacional para dejar de estigmatizar a medios y periodistas.

Trabajar en la política interior para construir con cada institución y en cada entidad federativa un acuerdo de acción conjunta que camine en ambas rutas la protección y la prevención.

De no hacerlo, este gobierno pasará a la historia no sólo como el más mortífero para periodistas, sino el que dejó ir la oportunidad de hacer el cambio que se requiere para protegerlos y se conformó con cambiar la Ley.

22/LLH/LGL

Newsletter | July, 2022

The failure of the policy to protect journalists

By Lucía Lagunes Huerta

Those of us who are dedicated to defending the right of journalists to exercise their work in freedom believed that the presidential sexennium of Enrique Peña Nieto had been the worst possible, with 47 murdered journalists, but reality has surpassed us.

In this administration, twelve journalists have been murdered: three women and nine men; and so far this six-year term, 59 journalists, both women and men, and we still have two years to go before the end of the current federal government.

The increase of crimes against journalists is irrefutable evidence that the governmental protection policy is not working, not only because it is concentrated in the Protection Mechanism, which in itself limits it, but also because now this instance is weaker than ever, without a real direction, with an emptying of personnel trained in protection, and without a prevention policy as mandated by law, since there is not even one person responsible for this area since November of last year and today only one person coordinates the unit that receives cases, follows up and analyzes risk and carries out quality control.

At what cost do we see the head of the Mechanism, Enrique Irazoque, touring the country to promote the General Protection Law, despite the fact that in all the forums the law is rejected and a strengthening of the Mechanism is requested?

If the diagnosis of this instance was made today, I doubt that it would be as optimistic as it was in 2019 and instead of the 104 recommendations we would probably have three times as many.

The crimes against journalists Yesenia Mollinedo and Johana García, Director and camerawoman of the newspaper «El Veraz», in Cosoleacaque, Veracruz, reminds us that the dagger is still above the heads of those of us who practice journalism in Mexico .

And if we are women journalists, disqualification is quick and swift, as opposed to justice (a condition we share with the rest of the victims of femicide for the simple fact of being women).

We have seen how the rumors that have been unleashed around both journalists in these days is a permanent practice when it comes to a journalist.

Why is so much time dedicated to discrediting journalists rather than investigating to clarify the crime and finding the perpetrators and masterminds? Since each crime goes unpunished, they are allowing them to happen again.

Why does the president not send a clear message of rejection to violence against journalists instead of feeding the stigmatization and sending condolences with each murder?

Where is the Special Prosecutor’s Office for the Attention of Crimes Committed against Freedom of Expression and its 14 billion pesos allocated for this year, of which 88 % are meant to be for the payment of the personnel that work there?

Why does Veracruz continue to be the deadliest place to practice journalism, without any of the crimes that have occurred there having been solved? There has been the femicide of journalist Yolanda Ordaz in (2011), the emblematic Regina Martinez in (2012), Anabel Flores (2016) and Maria Elena Ferral (2020) and now, sadly, Yesenia and Johana (2022) are added to the list.

Every time journalists are criminalized by linking them to alleged crimes, just like that, attention is diverted from the motives of the murder, tarnish their journalistic trajectory, hurting their families, breaking the empathy with the victim and trying to justify an unjustifiable the crime.

It is painful to see how the media and journalists join the smear campaigns against those who can no longer defend themselves.

This country urgently needs to regain hope. Instead of spending money on trying to pass a law that will not address the root of the problem, the Protection Mechanism should be truly strengthened, not only with more resources but also with better personnel, creating a true prevention policy that goes through the National Palace to put an end to stigmatizing media and journalists.

It is urgent to work in the internal policy to build with each institution and in each state an agreement of joint action that walks on both routes, protection and prevention.

Otherwise, this government will go down in history not only as the most deadly for journalists, but also as the one that missed the opportunity to make the change required to protect them and settled for changing the Law.

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