Inicio Agenda Bloqueos viales, condición aparente para que Fiscalías hagan su trabajo: Caso Melany

Bloqueos viales, condición aparente para que Fiscalías hagan su trabajo: Caso Melany

Por Josette Vidal Miranda

Ciudad de México.- A 10 días de la desaparición de Melany Alcántara Juárez de 14 años, y después de una jornada de protestas y cierres vehiculares por parte de su familia como medida de presión ante las respuestas dilatorias de la investigación en su caso, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que la menor había sido localizada con vida. Sin embargo, el caso se suma a la cotidianidad de México, en donde la inacción de las autoridades deja la lucha por la justicia y por encontrar a las víctimas en manos de sus familiares.

Según un informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas desaparecidas realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las autoridades encargadas de impartir justicia en los casos de desaparición no cuentan con las condiciones adecuadas para brindar la atención necesaria a las desapariciones. 

Esto se refleja en la falta de voluntad de los funcionarios y funcionarias en los distintos órdenes de gobierno –particularmente de las entidades federativas– para atender los reclamos legítimos para que la verdad, la justicia y la reparación lleguen a todos los casos. De acuerdo con la CNDH, las omisiones y faltas en los procesos plantean la interrogante sobre si preexiste una actitud indiferente ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familiares.

La indiferencia e ineficacia en las instituciones ocasiona que los y las familiares de las personas desaparecidas tomen acción con el fin de exigir el seguimiento adecuado de los casos y obtener respuestas. Este es el caso de Melany Alcántara, quien –de acuerdo con su madre, Patricia Juárez– el pasado 29 de mayo salió a una tienda en la colonia Santa Anita de la alcaldía Iztacalco y no regresó. 

Ante su ausencia, la familia se presentó a denunciar la desaparición de Melany en la FGJCDMX, por lo cual se emitió la ficha de búsqueda el pasado 30 de mayo y se activó la Alerta Amber. 

La tarde del viernes 3 de junio, su familia, sus vecinos y amigos bloquearon el Eje 4 Sur en ambos sentidos a la altura de la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir la aparición de la menor. Según declaraciones de sus familiares, la zona fue detectada como el último punto del paradero de Melany, a partir de las imágenes obtenidas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), evidencia que la propia familia obtuvo por su cuenta.

La familia de Melany volvió a protestar la tarde de ayer, 7 de junio, bloqueando la avenida Isabel La Católica y Fray Servando. Durante el bloqueo, familiares de la menor denunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la capital no les entregó los avances de la investigación que había prometido, a pesar de que ya habían pasado nueve días desde que la joven fue vista por última vez en la colonia Santa Anita.

CIMACFoto: María Esparza Quintana

La situación no es un hecho aislado. El 20 de mayo, Yoseline “P” de 16 años fue raptada de su domicilio en Acapulco, Guerrero. Ante lo sucedido y después de hacer la denuncia correspondiente en la Fiscalía estatal, la familia, amigos y conocidos de la adolescente se manifestaron el sábado y bloquearon la Autopista del Sol para exigir la pronta aparición de Yoseline. Ese mismo día, la Fiscalía ofreció una recompensa de 300 mil pesos para quien tuviera información que ayudara a localizar a la adolescente. Dos días después de la protesta, la Fiscalía de Guerreo anunció su localización.

Ante la pasividad de las autoridades en las denuncias de desaparición, la protesta y el bloqueo vial se convirtieron en herramientas de presión para las familias, quienes se ven obligadas a exigir el trabajo correspondiente a la autoridad. Sin embargo, la última reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, aprobada en diciembre de 2021, establece como un delito el bloqueo parcial o total del tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación.

En el contexto nacional de impunidad, la medida implica un riesgo para las familias de las víctimas, quienes pueden ser sancionadas por pedir justicia.

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