Inicio Agenda Senado propone calificar vientres de alquiler como tráfico de órganos y condenar el delito con hasta 17 años

Senado propone calificar vientres de alquiler como tráfico de órganos y condenar el delito con hasta 17 años

Por La Redacción
Fotografía: Pexels

Ciudad de México.- Este jueves 13 de abril, el senador José Narro Céspedes presentó ante el Senado de la República una iniciativa para prohibir los vientres de alquiler en México. Entre otras cosas, dicha iniciativa busca calificar esta práctica médica como un delito relacionado con el tráfico de órganos y proteger el derecho a la identidad de niñas y niños.

La iniciativa se ha venido impulsando desde junio de 2022. El día 21 de dicho mes, la iniciativa fue presentada en el Senado de la República por mujeres de las colectivas Las del Aquelarre, Raíces Radicales, Asteria, La Resistencia Radical, Lesbianas Feministas Abolicionistas, Ley Vicaria, Amor No Es Violencia, Cariátides y el Frente Nacional Feminista Abolicionista. desde entonces, estas colectivas estuvieron en coordinación con el senador Narro Céspedes, quien finalmente presentó la propuesta definitiva este 2023.

En resumen, con el proyecto se buscan reformar tres leyes: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la primera de ellas, se agregaría un segundo párrafo en el que se establezca que queda prohibido «cualquier procedimiento relativo a la práctica de subrogación de vientres, ya sea a cambio de una remuneración económica o sin ella», con el objetivo de garantizar el derecho de infancias y adolescencias a la identidad.

Por otra parte, las reformas en la Ley General de Salud serían aplicadas a los artículos 319 y 462. En el primero de ellos se reconocería como tráfico de órganos «la disposición ilícita de embriones, incluyendo los gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres o cualquiera de las modalidades vinculadas con la práctica de alquiler de vientres». Por otro lado, con las modificaciones del artículo 462 se buscará imponer una pena de seis a 17 años de prisión y una multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo a quienes:

  • Ilícitamente obtengan, conserven, utilicen, preparen o suministren embriones o gametos que se utilicen en cualquier modalidad vinculada con la práctica de vientres de alquiler
  • Comercien o realicen actos de simulación jurídica que tengan por objeto «la intermediación onerosa» de embriones o gametos usados para los fines mencionados arriba
  • A quienes promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o procuración ilegal de embriones o gametos con fines de emplearlos en la práctica de vientres de alquiler

Finalmente, las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia serían aplicadas en el artículo 6. En él se agregaría una fracción VI en la que se reconozcan las prácticas de subrogación de vientres o embriones dentro de la violencia obstétrica o gestacional.

Las violencias sistemáticas detrás de los vientres de alquiler

En México, el negocio de los vientres de alquiler no está regulado a nivel federal sino solo en algunas entidades como la Ciudad de México y Tabasco. En este último, la práctica está regulada desde 1997. Sin embargo, esta regulación no ha hecho que las condiciones de vida de las mujeres que acceden a gestar a los hijos de otros cambien de manera positiva sino todo lo contrario.

En entrevista con Cimacnoticias, Keith López Nares (internacionalista e investigadora sobre el tema) ha descubierto redes de corrupción detrás de este negocio que involucran a empresas, abogadas y abogados, registros civiles y personal médico. Estas redes han permitido que, aunque la regulación aplique únicamente en Tabasco, las empresas se llevan a las mujeres de este estado a otras partes de la República para llevar a cabo los procedimientos necesarios.

“El traslado y el aislamiento de una mujer con un consentimiento casi obligado claramente es trata”, afirma López Nares. También explica que, una vez separadas de sus familias, las mujeres deben someterse a diversas indicaciones de las empresas como no trabajar, estar en cama durante los nueve meses de embarazo y mantenerse alejadas de sus parejas y seres queridos.

Además de estas condiciones, las mujeres son sometidas a diversos tratamientos hormonales, lo que muchas veces las lleva a desarrollar cáncer a largo plazo y otros padecimientos como síndrome de ovario poliquístico. Junto con estos efectos físicos, se presentan otros más a nivel psicológico; uno de ellos es quienes rentan sus vientres suelen experimentar depresión tras la separación de sus hijas e hijos.

De acuerdo con la internacionalista, las mujeres que aceptan estas condiciones a cambio de una remuneración económica suelen pertenecer a sectores vulnerables o en situación de pobreza. Si bien el dinero que reciben les ayuda a cubrir necesidades inmediatas, no es suficiente para cubrir los gastos que representan estas repercusiones en su cuerpo y en su psique, y tampoco representa una solución real ante la precariedad económica.

Son todos estos factores los que han motivado la propuesta que se presentó el día de hoy en el Senado. Ahora, falta que se emprendan las discusiones al respecto, pero, en caso de aprobarse, esta regulación sería un paso más para la protección de la salud y la integridad de las mujeres.

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