Ciudad de México.- El banco de agresores sexuales de la Ciudad de México, mejor conocido como Banco de ADN, se encuentra en su última fase de certificación. El gobierno y las autoridades celebran su creación desde 2021, pero su posible eficacia queda en duda al considerar que la base de datos se nutre a partir de casos donde un violentador ya obtuvo una sentencia. Algo que, en México, aún es muy complicado.
De acuerdo con un comunicado de la Universidad Iberoamericana de la ciudad (Ibero CDMX), este registro de agresores sexuales puede procesar hasta 6 mil perfiles genéticos. No obstante, los perfiles corresponden específicamente a quienes ya enfrentaron condenas por delitos como violaciones, incesto, estupro, feminicidio o secuestro con fines sexuales.
Además, para ser incluidos los agresores debieron haber agotado todos los recursos para intentar probar su inocencia. Es decir, tuvieron que haber atravesado primera instancia, apelación y juicio de amparo.
El doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del departamento de Derecho de la Ibero, considera que este registro puede ser favorable para las víctimas: si su agresor se encuentra en el padrón, implicaría que el violentador es reincidente en el delito y por lo tanto sería acreedor a una pena mayor.
Pero dado el nivel de impunidad en los casos de agresión sexual y feminicidio en la capital, ¿qué tan útil resultará la consolidación de este tipo de registros?
Impunidad hace del banco un método poco útil
El proyecto del Banco de ADN fue aprobado por el gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2019 con un presupuesto de 90 millones de pesos. Un año después, en 2020, la ciudad alcanzó un nivel de impunidad del 98.5 por ciento en la atención del delito; también hubo un incremento del 7.7 por ciento en la violencia familiar respecto al 2019, de acuerdo con la organización México Evalúa.
A nivel nacional, también en 2020, México alcanzó el 97 por ciento de impunidad en las denuncias por feminicidio según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En este contexto, ¿qué tan efectivo es crear una base de datos de agresores sexuales y feminicidas?
Considerando que dicha base se formaría solo a partir de quienes ya han enfrentado sentencias, la mayoría de los agresores del país que están enfrentando un juicio quedaría fuera del Banco de ADN.
También es necesario tomar en cuenta que las cifras oficiales de víctimas de violencia de género en el país no son definitivas: hay un subregistro, pues existen mujeres que deciden no denunciar a sus agresores por diferentes razones.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos cometidos en la República mexicana, solo 6.4 víctimas deciden denunciar. A nivel nacional, CDMX ocupa el lugar número 19 de las entidades en las que esto es más frecuente.
A este factor se une el hecho de que, en muchos casos, las fiscalías no clasifican correctamente los delitos relacionados con violencia de género. Esto ha provocado, por ejemplo, que 46 de cada 100 casos de feminicidio sean procesados erróneamente como homicidios dolosos, según MCCI.
Con todas estas fallas sistemáticas, donde también se incluye la tardanza en procesar los casos de cada víctima, un Banco de ADN se convierte en una herramienta ineficiente y poco útil si en ella recae toda la responsabilidad para la justicia.
Para que este tipo de iniciativas funcionen, se requieren sistemas judiciales sin impunidad, así como estructuras que inspiren confianza para que las víctimas se acerquen a ellas a denunciar y así se reduzcan los niveles de subregistros delictivos. Mientras esto no suceda, propuestas como las del Banco de ADN se quedarán cortas ante los niveles de violencia de género en la capital y el resto de la República.
