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¿Garantizar derechos a cuentagotas?

Por Lucía Melgar Palacios

La garantía de derechos humanos, de cualquier tipo, todos interrelacionados, requiere no solo de “voluntad política” o buenos deseos, sino de políticas públicas bien diseñadas y administradas, con recursos suficientes. En un país atravesado de violencias como el nuestro, se ha insistido desde hace décadas en la prevención.

Si bien desde hace veinte años existen mecanismos para contribuir a la prevención de la violencia feminicida, instancias que desde el Estado deberían fortalecer a las ONG especializadas,  por ejemplo, la desidia gubernamental y ahora la desorganización burocrática y la desconfianza oficial en la sociedad civil han obstaculizado la adecuada distribución de los recursos y el buen funcionamiento de los refugios y centros de atención a mujeres violentadas, indispensables para prevenir el feminicidio. 

Obligadas a negociar su presupuesto cada año, las instancias de la Red Nacional de Refugios enfrentan este 2022 un laberinto burocrático más enmarañado que de costumbre. Como si fuera preciso remachar su animadversión a las ONG, el Ejecutivo determinó romper los puentes entre éstas e Indesol –al que desapareció– y traspasar responsabilidades administrativas de éste a CONAVIM.

Gracias a esta ocurrencia, refugios y centros de atención que en 2021 atendieron a más de 45 mil personas, apenas este mes de junio empezaron a recibir los recursos que les corresponden. Mientras que la RNR ha multiplicado peticiones, demandas y reuniones con instancias federales, el conocido monstruo burocrático bosteza ante el aumento de violencias misóginas como la violencia de pareja, el abuso sexual infantil y la violación.

Esta omisión y negligencia del Estado en la canalización de recursos es tan grave como el desabasto de medicamentos o la ausencia de estrategia de seguridad. Pichicatear los recursos y someter su administración a condiciones ajenas a la realidad pone en riesgo vidas: las de las mujeres, niñas y niños a quienes refugios especializados no pueden atender y cuyos derechos humanos se violan por omisión gubernamental.

¿Qué implica este retraso para los refugios y sus usuarias?

En entrevista para esta columna, Wendy Figueroa, directora de la RNR, explica que los refugios solo reciben fondos federales por 10 meses, y eso si los recursos llegaran en marzo.  Por ello, dependen también de fondos privados y donaciones; y dedican parte de sus energías, tiempo y personal a campañas de financiamiento.  La estrechez empeora cuando los fondos públicos ya asignados tardan más de tres o cuatro meses en “bajar”, como ahora.

Apenas el 25 de mayo empezaron a firmarse convenios; en junio, la administración va distribuyendo el dinero a cuentagotas.  Peor aún: sucede también que, aunque hayan ganado y firmado convenios, existen refugios que a la fecha solo han recibido una parte de los recursos obtenidos, porque solo se les otorga para uno de sus proyectos aprobados, no para los dos.

¿Cómo subsisten entonces refugios sin fondos suficientes?  Como casas o empresas que no pueden quedarse sin comer ni echar a la gente a la calle ni dejar de pagar agua, luz y gas, los refugios han tenido que recurrir a préstamos y endeudarse, precisamente en este año de inflación y de demanda creciente de espacios seguros contra la violencia.

Así, las presiones financieras que enfrentan repercuten en la calidad de vida del personal, las usuarias actuales y potenciales. Algunos han tenido que posponer pagos al personal, reducir gastos en alimentos y dejar de atender a mujeres, niñas y niños en riesgo, lo que implica transgredir derechos laborales, a la vida y la seguridad.

Cabe preguntarse, por otro lado, ¿cómo van a subsistir refugios gubernamentales a los que se les cambian las reglas a mitad de camino, en vez de apegarse a aquéllas bajo las cuales ganaron sus proyectos?

En el caso de los refugios de la sociedad civil, por lo menos, lejos de reconocer su responsabilidad en esta absurda situación, el gobierno impone restricciones a pagos retroactivos, de adeudos e intereses, con lo cual entorpece la operación de los refugios y contribuye a minar las finanzas de quienes los administran. Así, deja en la precariedad a administradoras y personal, y a la intemperie a mujeres, niñas y niños maltratados.

En vez de apoyarse en las capacidades de la sociedad civil para prevenir mayores daños y dar atención de calidad a sobrevivientes de violencia, el gobierno se empeña en desprestigiarla. En vez de reconocer y fortalecer los logros de los movimientos de mujeres, las estigmatiza, les da la espalda.

Pretender garantizar derechos a cuentagotas es mera simulación. El imprescindible trabajo de la RNR merece respeto y respaldo efectivo: convenios multianuales y distribución eficiente de recursos. Hoy, sencillamente se está dejando en riesgo a miles de personas.

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