Ciudad de México.- A casi dos años del feminicidio de Jessica González Villaseñor, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició el pasado 23 de junio el proceso del juicio oral y el desahogo de pruebas sobre el caso. De acuerdo con Cristo, hermano de Jessica, el proceso se ha retrasado en diferentes ocasiones gracias a que las autoridades han favorecido al presunto feminicida.
En entrevista con Cimacnoticias, Cristo González Villaseñor declaró que la familia de Diego “N”, presunto perpretador del asesinato, ha retrasado el proceso judicial desde el inicio interponiendo diferentes amparos. En ellos, han alegado que los derechos del acusado se han vulnerado.
Maricela Montero, miembra de la colectiva Incendiarias que ofrece acompañamiento a la familia de Jessica, explicó a la agencia que la defensa de Diego ha cambiado de abogado en varias ocasiones sin razón aparente, violando así el principio de celeridad.
Para Cristo González, el problema es que las leyes y los códigos penales estatales tienen vacíos que, por ejemplo, no establecen límites de tiempo para responder a un amparo. Estas deficiencias han ralentizado el caso de su hermana y también han ocasionado que su madre tenga que presentarse todas las semanas en la fiscalía para no dejar que la investigación se detenga.
Es un proceso deficiente y revictimizante para nosotros. Hemos hecho demasiadas cosas y la justicia en la balanza no se ve en ningún momento de nuestro lado. Nuestros derechos se ven denigrados y se priorizan los de un presunto feminicida.
Cristo González Villaseñor
Instancias michoacanas, con posibilidades limitadas para atención
Jessica González Villaseñor tenía 21 años y era originaria de Morelia, Michoacán, donde apenas iniciaba su carrera profesional como educadora. La joven mantenía una relación sentimental con Diego “N”, quien tenía 18 años en ese entonces; cabe destacar que algunas de sus amistades cercanas lo han descrito como una persona violenta con otras mujeres.
Jessica desapareció el lunes 21 de septiembre de 2020 y tras cuatro días de búsqueda, la Fiscalía de Michoacán localizó su cuerpo sin vida al sur de Morelia. Más adelante, el 28 de septiembre, el órgano determinó que Diego “N” era el culpable y logró detenerlo dos días después.
Las constantes trabas en el proceso han llevado a la familia de Jessica González a recurrir a otras instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Michoacán.
En la CEAV, una abogada ha ofrecido asesoría legal a la familia. No obstante –afirmó Cristo– la defensora revisa otros 300 casos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible dar la atención debida a cada uno?, se pregunta el joven, mientras asegura que en otras instancias se vive la misma problemática.
A esto se suman marcos legales que, desde la perspectiva del joven, hacen que las penas para los feminicidas sean mínimas en comparación con el daño que generan. Por ello, durante el proceso de su hermana Cristo ha presentado iniciativas para que la pena mínima a los feminicidas sea de 60 años.
Además, Cristo ha propuesto que estos delincuentes no tengan acceso a reducción de penas o libertad anticipada por buen comportamiento.Sin embargo, sus propuestas –presentadas a inicio de este año– no tuvieron apoyo en el congreso local. De hecho, el joven aseveró que el pequeño avance que se ha tenido en la materia se dio hasta que el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó propuestas similares.
Mientras tanto –apuntó Cristo–, no hay justicia para las y los familiares de las víctimas, y los pocos casos que se resuelven alcanzan penas mínimas. “El mensaje hacia la sociedad es de impunidad: tú puedes matar a una mujer de la forma más violenta posible y aunque estén claras las pruebas, el proceso te va a favorecer completamente”, manifestó a Cimacnoticias.
Autoridades actúan solo cuando casos se viralizan
Para Maricela Montero, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha mostrado un gran interés en el caso de Jessica González Villaseñor a partir de la gran visibilidad mediática que ha recibido.
La activista declaró que, en un inicio, eso hizo que las autoridades se mantuvieran en contacto de manera constante con las y los familiares de Jessica. Sin embargo, lamentó que con la nueva administración, instancias como la Secretaría de la Mujer dejaran de darle seguimiento al caso. Aun así, Montero resaltó que la presión social ha generado avances importantes en el caso.
Para ella, el primero de ellos fue la detención de Diego “N”, quien se ocultó en Jalisco cuando la noticia sobre el feminicidio de Jessica salió a la luz. En opinión de Maricela, las numerosas marchas para exigir la captura del presunto agresor ejercieron una fuerte presión sobre las autoridades.
Maricela también señaló que la familia de Jessica es quien ha marcado la pauta a las colectivas acompañantes. Por su parte, dichas colectivas también le recuerdan permanentemente a la fiscalía que no debe ceder en la búsqueda de justicia para la joven moreliana.
A pesar de esto, Cristo González enfatizó que el avance ha sido lento. Ante tantos retrasos, él se pregunta: “Imagínate cómo será para las personas cuyos casos no tienen esta visibilidad”. El joven agregó que, aun con el apoyo de colectivas y la sociedad entera, nada asegura que los casos se resuelvan en tiempo y con una pena adecuada.
Lo que pedimos es una pena ejemplar, no porque sea reparatoria —nada va a reparar el daño que nos hizo el presunto feminicida—, que sea un ejemplo para la sociedad: allá afuera tiene que quedar un precedente de lo que está sucediendo y de todo lo que está mal.
Cristo González Villaseñor
