Inicio Agenda A un año de aprobar ILE en Veracruz, activistas denuncian que aún es inaccesible por falta de información para adolescentes y mujeres

A un año de aprobar ILE en Veracruz, activistas denuncian que aún es inaccesible por falta de información para adolescentes y mujeres

Por Berenice Chavarría Tenorio

Ciudad de México.- La lucha de las mujeres veracruzanas permitió que en julio de 2021 se despenalizara estatalmente la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. A un año de este momento histórico y pese a los avances conseguidos en la materia, las autoridades de la entidad aún tienen deudas pendientes con las mujeres y sus derechos.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero a abril de 2022, 63 mujeres accedieron al servicio de interrupción legal del embarazo (ILE); 56 de estos procedimientos se realizaron con medicamentos (misoprostol o régimen combinado: mifepristona y misoprostol). Además, todos se llevaron a cabo dentro de las primeras ocho semanas de gestación, en el periodo comprendido en la ley.

Sin embargo, a un año de esta modificación legislativa, no se ha logrado instalar un sistema que vele por la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres.

En Veracruz, el embarazo infantil y adolescente prevalece como un problema central por atender. Pero no solo eso: a este sector no se le han brindado las herramientas e información suficientes para acceder a un aborto de forma segura, así lo señaló el ​​Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, Equifonía

“La omisión es alarmante. La cantidad de niñas embarazadas que acudieron a control prenatal de manera oportuna en el primer trimestre contrasta con las bajas cifras de interrupciones legales y voluntarias del embarazo en ese grupo de edad reportada por los Servicios de Salud de Veracruz”, expresó Mari Veda Patlax Valdivia, integrante de Equifonía. 

CIMACFoto: César Martínez López

Sumado a lo anterior, quienes acuden voluntariamente a practicarse una interrupción del embarazo también experimentan trabas por parte del personal médico, quienes incluso les sugieren no abortar y dar en adopción al producto con el objetivo de que continúen con la gestación.

“Este tipo de medidas a niñas que son víctimas de pederastia solo es una manera de presión, desconocemos de dónde lo sacó la Secretaría de Salud y en qué se fundamentan porque no pueden ir a lo que está establecido en la ley, pues en el Código Penal señala que en un embarazo producto de violación o pederastia se debe ofrecer la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas”, aseveró en entrevista con La Jornada, Araceli González Saavedra, también miembro de Equifonía.

Con dichas acciones, el personal médico de Veracruz viola el Manual de práctica clínica para un aborto seguro elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que –entre otros puntos– se destaca que:

  • Se debe brindar información completa, exacta y fácil de comprender
  • Ser sensible a las necesidades y perspectivas de la mujer
  • Asegurar que se atienda el aborto de forma tal que se respete a todas las mujeres como tomadoras de decisiones
  • Respetar la dignidad de la mujer, garantizando su privacidad y confidencialidad

Así, la OMS estipula que es obligación del personal médico brindar información, ofrecer consejería y explicar las características de los procedimientos abortivos de manera sensible y exacta.

Ante este panorama, los retos aún son: una adecuada socialización de la información, además de una armonización a la Ley de Salud de Veracruz, donde se garantice educación sexual integral y acceso universal a métodos anticonceptivos.

“Las mujeres pobres, jóvenes o que se encuentran en otras circunstancias vulnerables corren alto riesgo de tener un aborto inseguro; sin embargo, esto es totalmente evitable por medio del acceso a servicios de anticoncepción y de aborto seguro”, afirma Ipas México.

A un año de la despenalización, mujeres y colectivas exigen garantías a sus derechos y aseguran que no desistirán en el proceso “hasta que se respete nuestro derecho a decidir de manera digna, sin prejuicios ni violencia”.

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