Tras la pesadilla fascista y la Segunda Guerra Mundial en Europa, quedaron desplazadas millones de personas, muchas de ellas apátridas y por tanto desprovistas de protección estatal. De ahí la importancia de los derechos humanos como base mínima para la convivencia humana, reconocida e inscrita en la Declaración Universal de 1948. El reconocimiento de este “derecho a tener derechos” (Hannah Arendt, 1950) constituiría el núcleo de una nueva perspectiva humana y jurídica que, idealmente, evitaría la repetición del horror. Más de medio siglo después, sin embargo, la realidad es que esos derechos “universales” dependen de la protección de gobiernos y sociedades nacionales que los protejan y respeten.
En Estados Unidos, el recurso a la crueldad contra la población migrante por parte del gobierno de Trump o de las autoridades de Texas se ha justificado en nombre de la seguridad y bienestar de un “nosotros” superior, construido como grupo homogéneo (aunque no lo sea), que defiende “valores” morales, contra “salvajes”, “criminales” y “violadores”. La historia de esta “supremacía blanca” no es nueva, puede rastrearse desde la fundación misma de las colonias, sirvió para justificar el despojo a las comunidades indígenas, la esclavitud y la explotación de la “gente de color”. Hoy se ha renovado junto con el resentimiento de una población blanca empobrecida que ha perdido su modo de vida y sus aspiraciones por cambios económicos y sociales y los intereses de una minoría minúscula que controla “el sistema”.
El discurso del odio, sin embargo, no se circunscribe a esos “blancos” heterosexuales, cristianos, exaltados por pastores y políticos, como “patriotas” o “defensores de la civilización” (que suelen ser hombres, no mujeres). Lo reproducen también “personas de color” que se identifican con el “nosotros” que se pretende superior desde la estigmatización de “otros” defectuosos o criminales.
Convertido en campo de experimentación fascista con sus ataques radicales contra los derechos de las mujeres, el desplazamiento forzado y la expulsión arbitraria de migrantes y solicitantes de asilo, la defensa a ultranza de la indiscriminada portación de armas de guerra, en Texas ni siquiera la población de ascendencia mexicana ha sido impermeable a la manipulación del miedo al otro.
Considerar “criminales” a los migrantes por “violar la ley” migratoria, estigmatizarlos sólo por ese hecho, puede servir para construirse una carrera política o ganarse seguidores en las redes sociales, como muestra el reportaje de Vice “Texas Conservatives Fear ‘Takeover’ by Migrants” (29 julio). Conlleva además, como sugiere la reportera, el peligro de justificar y promover la violencia letal contra cualquier migrante, hombre o mujer, o persona de color, vistos como integrantes de una “invasión” “extranjera”. La “teoría del remplazo” de población (y votantes) locales (blancos o blanqueados) puede parecernos una fabulación sin sentido pero quienes la promueven desde foros republicanos y púlpitos extremistas actualizan así miedos seculares y administran la pertenencia selectiva a una imaginaria comunidad de elegidos.
En sociedades desiguales, con una larga historia de discriminaciones que ha normalizado la violencia contra otros y su explotación, lo que importa es ser parte del “nosotros”, superior, y quedar a salvo. Quienes, por pertenecer, defienden la exclusión de otros, olvidan que quienes se arrogan el derecho a definir el “nosotros” siempre pueden redefinir las condiciones de pertenencia.
En México, la población migrante haitiana o centroamericana también padece el filtro del racismo y el resentimiento de la población local que la desprecia y discrimina. En años recientes, sufre también la agudización de la violencia institucional a manos de la Guardia Nacional. Si ya el INM violaba derechos humanos, las fuerzas armadas violan sistemáticamente la libertad de tránsito y el derecho de asilo, violentan a mujeres y niñas, tratan “como basura” y persiguen con crueldad a niños y adultos. Como documenta el informe Bajo la bota (https://bajolabota.com.mx/), la militarización de la política migratoria agudiza el desastre humanitario en nuestras fronteras.
Lo que sucede hoy en Texas y en nuestro país exhibe el mal-estar de la democracia en EU y los peligros de la deriva autoritaria en México, manifiesta en la militarización y en el discurso oficial y social excluyente. Aceptar que, bajo la etiqueta de “migrantes”, “pobres”, “privilegiados”, “antipatriotas”, “feministas” o “raros”, se expulse de la comunidad a personas y grupos (distintos o semejantes) y se les niegue el derecho a tener derechos, pone en peligro las libertades y la vida de todas las personas.
