Organizaciones, colectivas, académicas y feministas entregaron en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso Amicus Curiae contra la acción de inconstitucionalidad promovida por la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la cual busca que se elimine la prohibición para que deudores alimentarios puedan acceder a diversos cargos por elección popular o designación.
El recurso Amicus Curiae -el cual es definido por la SCJN como un “informe técnico que presentan terceros ajenos a un litigio con la intención de presentar argumentos ante la Corte para la mejor resolución de un asunto”- fue firmado por más de mil 350 mujeres, para que la propuesta de Piedra Ibarra sea considerada como un acto que va contra los derechos de las infancias en México.
Cabe recordar que fue el pasado 7 de julio cuando la titular de la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública, del estado de Yucatán, en las que se marca como un requisito que una persona no sea deudora alimentaria morosa para que pueda ser elegida como integrante, titular o candidata en la entidad.
Luego de la indignación desatada por la presentación de dicha acción, mujeres decidieron entregar el recurso Amicus Curiae a la SCJN -dirigido al ministro Alberto Pérez Dayán- el pasado 22 de agosto, luego de una protesta realizada frente a las oficinas de la CNDH ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
“Se descartan corcholatas, porque ya no hay prestigio, ni encuesta que alcance, si se trata de deudores, agresores y acosadores que aspiren al poder”, expresó en la protesta la politóloga feminista Yndira Sandoval, quien fue una de las promotoras de la ley 3 de 3 contra la violencia, la cual prohibe que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular.
Es de destacar que la ley 3 de 3, de la mano con la ley Sabina, buscan impedir que los espacios políticos continúen siendo dirigidos por personas que han ejercido violencia contra mujeres e infancias en el país. Ante este panorama, feministas y colectivas advirtieron que serán las mujeres organizadas quienes frenarán la llegada de hombres deudores alimentarios y agresores al poder.
