Estado de México.– Este lunes 22 de agosto, el Segundo Tribunal de Alzada en Ecatepec aplazó su respuesta frente al amparo presentado por la defensa legal de la activista por los derechos humanos Kenia Hernández Montalván. Según declaraciones de su abogado José Antonio Lara Duque, el tribunal pidió tres días para decidir si se revoca, modifica o mantiene la sentencia de 11 años y tres meses que le imputaron el pasado 12 de marzo.
Kenia Hernández –quien es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive– estuvo presente de manera virtual en la sesión de este lunes. Desde octubre de 2020, la defensora de derechos de las comunidades indígenas permanece recluida en el Penal Federal Femenil de Coatlán, Morelos.
Así como en otras ocasiones, su defensa alegó durante la sesión que ha habido diversas irregularidades en todo el proceso legal. Entre estas fallas en el debido proceso se encuentran la falta de una perspectiva de género en el caso y el hecho de que no se ha considerado la labor como activista de Hernández Montalván al juzgarla.
Por su parte, Kenia Hernández –quien sufre problemas de la vista y columna– ha denunciado ser víctima de tortura psicológica en el penal donde se encuentra. Según sus declaraciones en diferentes medios de comunicación, las autoridades la mantienen aislada y solo la dejan usar el teléfono por 10 minutos una vez al mes; además, ha acusado que no le permiten ver a su abogado desde hace cinco meses y tampoco ha podido hablar con él durante sus comparecencias ante el tribunal.
Organismos internacionales piden liberación de Kenia Hernández
Días antes de la sesión del lunes, Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos– emitió un posicionamiento respecto al proceso de Kenia Hernández. En él, solicitó su liberación inmediata y reitera que ha habido múltiples violaciones a los derechos de la activista.
En mayo de este mismo año, la relatora envió un documento a las autoridades mexicanas para denunciar la criminalización en contra de la joven amuzga. De acuerdo con ese documento –firmado en conjunto con otros miembros de Naciones Unidas–, los nueve casos en los que ha sido perseguida tienen como único objetivo mantenerla detenida para que no pueda continuar con sus actividades en defensa de las comunidades indígenas.
El colegio de abogados American Bar Association (ABA) con sede en Estados Unidos coincide con la opinión de Mary Lawlor. En un análisis sobre el caso de Hernández Montalván, titulado México vs Kenia Hernández, la asociación concluyó que todas las acusaciones contra Kenia son una represalia del Estado por su labor a favor de los derechos humanos.
Además de esto, el colegio aseveró que el juicio contra la defensora está plagado de violaciones a sus derechos. Entre ellos, destacó que de manera injustificada se le haya negado acudir físicamente a su juicio.
De igual forma, las y los abogados de ABA determinaron que las autoridades no cuentan con pruebas suficientes para demostrar que Kenia Hernández cometió el supuesto robo por el que la condenaron. Al respecto, el análisis señala que las únicas evidencias son testimonios de personas para quienes fue muy difícil hacer una descripción física de la imputada durante el juicio.
Por otro lado, un experto contactado por el colegio analizó la geolocalización del teléfono de la activista y comprobó que se encontraba en un lugar a entre ocho y nueve horas de distancia de donde ocurrieron los hechos el día del supuesto crimen. Finalmente, ABA resalta que Hernández Montalván ha sido víctima de discriminación durante su proceso por ser una mujer indígena.
Al principio, obstaculizaron su acceso a un traductor en su lengua originaria; además, cuando le dictaron prisión preventiva, un juez supuestamente se basó en estereotipos arcaicos para decidir que no trataría el caso con perspectiva de género, ya que Kenia Hernández no es lo “suficientemente” sumisa y es demasiado inteligente. Frente a todas estas condiciones, el colegio de abogados determinó que la sentencia contra la activista amuzga debe ser revocada.
Imagen: Twitter @cdhzloficial
Sociedad civil se suma a las exigencias por la libertad de Kenia Hernández
Actualmente, Kenia Hernández Montalván acumula dos sentencias que suman un total de 21 años y nueve meses en prisión. Este lunes, organizaciones como LasVanders y la Red TDT se unieron para apoyar a la activista y exigir su liberación por medio de Twitter con el hashtag #KeniaLibre.
Además, el pasado 5 de agosto, el colectivo Okupa Cuba se sumó a la exigencia en una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan. En esta manifestación se solicitó una audiencia con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para tratar el caso de Kenia Hernández y otros presos políticos en México.
