Ciudad de México.- Este año, la abogada Kenia Inés Hernández Montalván ha recibido dos sentencias. Entre ambas dan un total de 21 años y nueve meses en prisión. De acuerdo con los testimonios que la también activista ha ofrecido a diversos medios de comunicación, las autoridades del penal donde se encuentra detenida han usado métodos de tortura psicológica contra ella. Esto, en contra de lo establecido en el artículo 75 del Protocolo de Estambul.
Kenia Hernández Montalván es coordinadora del Colectivo Libertario “Zapata Vive”; también es integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos.
Además de esto, según relata Marcos Zavala, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. (CDHVitoria), Hernández Montalván ha dedicado parte de su carrera profesional a la defensa jurídica y política de mujeres víctimas de violencia.
La abogada también ha defendido causas por el derecho a la tierra y el territorio, y a personas presas por motivos políticos. De acuerdo con la organización Las Vanders, Kenia Hernández ha sido oficial de las policías comunitarias de Guerrero.
Según La Jornada, en la actualidad la activista es procesada por nueve causas penales. Algunas de ellas –por las que recibió las dos sentencias este año, por ejemplo– son por presunto robo con uso de violencia en el año 2019.
Penas desproporcionadas por casos montados
Marcos Zavala apunta que Hernández Montalván es acusada por actos de libre protesta y manifestación en los que participó con el Movimiento por la Libertad de las y los Presos Políticos de Guerrero.
Según las autoridades, Kenia cometió diversos robos en manifestaciones en Guerrero, Morelos y Guanajuato. En diversas ocasiones, la activista ha declarado que ella nunca ha estado en Guanajuato, además de asegurar que en ninguna de las manifestaciones a las que ha asistido ha cometido robos.
De acuerdo con El Sur de Guerrero, a Kenia también se le ha acusado de cometer un delito en Ecatepec cuando ella estaba en su lugar de origen, Xochistlahuaca, Guerrero.
La última sentencia que le dictaron a Kenia Hernández en marzo de este año es por el supuesto robo a una pareja en el Estado de México. Sin embargo, José Antonio Lara Duque –su defensor legal– declaró que, para él, este y otros de los supuestos cargos son delitos fabricados. Si la acusaran por otro delito como ataque a la vía pública, su sentencia ni siquiera ameritaría pasar tiempo en prisión.
La activista se encuentra en el Penal Federal Femenil de Coatlán, Morelos, desde octubre de 2020. Los testimonios que ha ofrecido a medios indican que las autoridades de este centro de detención han usado métodos de tortura psicológica relacionados con el aislamiento, según lo descrito en el Protocolo de Estambul.
Defensora podría ser víctima de tortura
Kenia Hernández Montalván es el sustento de sus padres y de dos hijos: uno de nueve y otro de siete años. De acuerdo con las declaraciones de la defensora de derechos, a sus pequeños los han obligado a realizarse pruebas de COVID-19 con un hisopo cada vez que acuden a verla. Esto, a pesar de que las visitas han sido llamadas virtuales debido a la pandemia.
Las autoridades hacen que los familiares de Hernández Montalván viajen para estos encuentros que se dan cada 15 días. Además, cuando finalmente pueden verse, la activista y su familia tienen permiso para hablar únicamente por 10 minutos.
Por otro lado, según el diario guerrerense, la integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos permanece resguardada en el área de máxima seguridad del penal de Coatlán; aunado a esto, quienes trabajan en el lugar le han negado la oportunidad de acceder a su correo electrónico y tampoco le entregan su correspondencia.
De acuerdo con el artículo 75 del Protocolo de Estambul, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) ha remarcado los efectos negativos del confinamiento solitario en las mujeres, incluyendo los casos donde las mantienen separadas de sus hijas e hijos.
El protocolo también establece que las malas condiciones penitenciarias se consideran maltrato y tortura contra las personas, situación que de igual manera se ha presentado en el caso de Kenia Hernández.
Según diversas declaraciones de la activista, el personal del penal donde está le da raciones de comida muy reducidas, así como alimentos echados a perder. Además, ni ella ni las otras presas reciben atención médica adecuada, entre otras violaciones a sus derechos.
De acuerdo con El Sol, la defensa de Kenia Hernández Montalván ha promovido diversos amparos para evitar su vinculación a proceso. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo énfasis en el caso de Kenia en un comunicado sobre la violencia, intimidación y criminalización hacia personas defensoras y activistas durante el primer cuatrimestre de 2022.
A pesar de todas estas irregularidades y las violaciones a sus derechos por medio de la tortura psicológica, Kenia Hernández –quien pertenece a la comunidad indígena n’ooomdaa’ y es hablante del amuzgo– permanece en prisión. Así como en su caso, en México hay una larga lista de mujeres torturadas e ignoradas por las autoridades del Estado.
