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Más de 40 mil mujeres privadas de la libertad sin sentencia en México: INEGI

Por Berenice Chavarría Tenorio

Ciudad de México.- La falta de perspectiva de género en los procesos legales ha provocado que, actualmente, de las 226 mil 116 personas privadas de la libertad en México, 43 mil 475 mujeres permanezcan sin sentencia, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ellas continúan siendo invisibilizadas y sus derechos vulnerados en más de una forma, señala la organización EQUIS Justicia para las Mujeres. 

INEGI dio a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F), 2023, instrumento estadístico que reveló que también son las mujeres quienes esperan 24 meses o más por su sentencia, con un 29.7 por ciento del total, mientras que este rango de espera solo se aplica en el 26.7 por ciento de hombres. 

Por su parte, 55.9 por ciento de adolescentes hombres y 65.4 por ciento de adolescentes mujeres, que estaban en prisión preventiva al interior de los centros especializados, esperaron entre cuatro y menos de seis meses por su resolución.

En cuanto a la población privada de la libertad con sentencia, en los centros penitenciarios, 19.1 por ciento (24 mil 955) de los hombres y 16.8 por ciento (1, 075) de las mujeres recibieron penas privativas de la libertad de cinco a menos de 10 años. 

De la población en internamiento y semiinternamiento en los centros especializados, 19.5 por ciento de los hombres y 21.9  por ciento de las mujeres recibieron una sanción de internamiento de dos años seis meses hasta menos de tres años.

Sin embargo, al hablar de personas sin sentencia, las cifras son alarmantes. Por un lado, INEGI destaca que el total de la población privada de la libertad en México (226 mil 116), el 39 por ciento se encuentra sin sentencia, es decir, 88 mil 172 personas, según un comunicado del organismo. Aunque, de acuerdo con cálculos realizados por Cimacnoticias, esta cifra realmente sería de 88 mil 185.

INEGI reporta que del total de personas sin sentencia, 49.3 por ciento son mujeres. De esta forma, usando el dato obtenido del cálculo realizado por Cimacnoticias, el número de mujeres que permanecen en prisión sin recibir una sentencia es de 43 mil 475.

Fotografía: Pexels
Fotografía: Pexels

Mujeres llegan a prisión por violencia o bajo asimetrías de poder: EQUIS

De acuerdo con EQUIS Justicia para las Mujeres, a partir del año 2019, “el número de mujeres en prisión ha crecido un 23 por ciento (esto muy probablemente se debe a que los principales delitos por los que están en prisión, se encuentran dentro del artículo 19 constitucional; es decir, aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa)”. 

A nivel estatal, ellas van a prisión por robo, secuestro y homicidio. Mientras que a nivel federal por delitos contra la salud, así lo documentó la organización a través del ‘Taller de análisis de sentencias’, que realizó junto a mujeres exprivadas de la libertad.

Con base en esta información, EQUIS añade que son las mujeres de escasos recursos, con responsabilidades de cuidado y poco o nulo acceso a la educación las que en su mayoría terminan en prisión. 

“En muchos de los casos, llegaron a prisión porque: fueron obligadas a cometer delitos bajo amenazas; estaban viviendo una situación de asimetría de poder y violencia; o para poder cumplir con roles de cuidado y asegurar el alimento de la familia”, señala EQUIS. 

Esto ha provocado que desde 2017 sean más las mujeres encarceladas sin sentencia que los hombres. Ante este panorama, EQUIS urgió al Estado mexicano a que tome en “cuenta el abanico de desigualdades al momento de juzgar, sentenciar y encarcelar a las mujeres”, ya que no se puede hablar de justicia sin perspectiva de género. 

Situación que persiste en América Latina

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe Mujeres Privadas de Libertad en las América, en el que reveló que ellas tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres y menos oportunidades al hablar de medidas alternativas a la prisión y beneficios de excarcelación. 

Además, las mujeres privadas de su libertad representan el ocho por ciento en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años.

Las mujeres están enfrentando graves afectaciones derivadas de una falta de adopción de políticas penitenciarias y medidas diligentes que consideren sus necesidades especiales.

En particular, el informe señala que entre las principales afectaciones se encuentran: 

  1. Ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos relacionados con la privación de su libertad.
  2. Inadecuada infraestructura penitenciaria.
  3. Sometimiento a actos de violencia.
  4. Falta de atención a la salud con enfoque de género.

La CIDH destaca que uno de los factores que propicia la detención de mujeres es el endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática.

Lo anterior debido a que no se consideran factores como: bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva; ausencia de violencia en la comisión de estas conductas; impacto diferencial de su encarcelamiento respecto de las personas a su cargo; ausencia de enfoque de reinserción social en las políticas penitenciarias y la situación de violencia y exclusión a la que se enfrentan en la región.

Ante este panorama la CIDH explica que las reducidas oportunidades económicas y educativas que enfrentan las mujeres como resultado de la discriminación y exclusión laboral, con frecuencia derivan en situaciones de pobreza, mismo que representa uno de los principales factores que provoca el involucramiento de mujeres con los delitos y su posterior encarcelamiento.

Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados de la región incorporar la perspectiva de género en el enjuiciamiento y en las políticas públicas penitenciarias.

Respecto a las medidas alternativas a la prisión, recomendó implementar alternativas con perspectiva de género, acciones para enfrentar los desafíos en la aplicación de medidas, adopción de mecanismos de seguimiento y acompañamiento, además del abordaje de factores de involucramiento con la comisión de delitos.

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