Las mujeres privadas de su libertad representan el ocho por ciento en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años. Ellas tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres y menos oportunidades al hablar de medidas alternativas a la prisión y beneficios de excarcelación, señaló el informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este informe constituye el primer estudio regional de la CIDH sobre mujeres en cárceles, el cual pone de manifiesto que las mujeres históricamente se han enfrentado a discriminación y exclusión, lo cual resulta en que puedan ser víctimas de impactos diferenciados o perjudiciales de normas o prácticas, incluida la privación de su libertad.
Lo anterior coloca a las mujeres en una situación de mayor susceptibilidad, además, enfrentan graves afectaciones derivadas de una falta de adopción de políticas penitenciarias y medidas diligentes que consideren sus necesidades especiales.
En particular, el informe señala que entre las principales afectaciones se encuentran:
- Ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos relacionados con la privación de su libertad
- Inadecuada infraestructura penitenciaria
- Sometimiento a actos de violencia
- Falta de atención a la salud con enfoque de género
Algunas mujeres privadas de libertad pertenecen a grupos en especial situación de riesgo, lo cual se traduce en múltiples necesidades especiales y en mayores obstáculos para acceder a sus derechos en igualdad de condiciones en comparación con las demás mujeres.
Por ejemplo, las mujeres embarazadas, en periodo de posparto, y lactantes se enfrentan a escasez de programas y espacios adecuados; deficiente atención de su salud; inadecuada alimentación y empleo de medios de coerción. A ello se suma la falta de acceso a una vestimenta adecuada para mujeres embarazadas y los desafíos vinculados con la labor de parto.
Por otro lado, las niñas y niños que viven en prisión con sus madres, son sometidos a procedimientos sobre ingreso y permanencia que no son homogéneos respecto de las normas que deben aplicarse, ni toman en consideración el interés superior de la niñez. También enfrentan obstáculos para el ejercicio de la convivencia familiar con su progenitor fuera de prisión; barreras para la integración comunitaria y establecimiento de vínculos con el exterior; riesgos para su salud; alimentación inadecuada; desafíos en el acceso a la educación de calidad y obstáculos para garantizar su desarrollo integral.
Políticas criminales contra las drogas incrementan detención de mujeres
La CIDH destaca que uno de los factores que propicia la detención de mujeres es el endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Lo anterior debido a que no se consideran factores como: bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva; ausencia de violencia en la comisión de estas conductas; impacto diferencial de su encarcelamiento respecto de las personas a su cargo; ausencia de enfoque de reinserción social en las políticas penitenciarias y la situación de violencia y exclusión a la que se enfrentan en la región.
Ante este panorama la CIDH explica que las reducidas oportunidades económicas y educativas que enfrentan las mujeres como resultado de la discriminación y exclusión laboral, con frecuencia derivan en situaciones de pobreza, mismo que representa uno de los principales factores que provoca el involucramiento de mujeres con los delitos y su posterior encarcelamiento.
“En particular, la Comisión ha señalado que la pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación colocan a las mujeres en situaciones vulnerables, y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada, tras colocarlas ante un mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas. Además, la pobreza empuja a las mujeres a trabajar dejando de lado sus estudios, lo cual incrementa sus posibilidades de involucrarse en la comisión de delitos para sustentar sus necesidades”.
Mujeres tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres
Por otra parte, el uso excesivo de la prisión preventiva contra mujeres se presenta como uno de los factores que ha contribuido al incremento de la población penitenciaria de mujeres.
En ese sentido, la Comisión destaca que en algunos países el porcentaje de empleo de esta medida es mayor en mujeres que en hombres. Por ejemplo, en Argentina las tasas de aplicación de prisión preventiva son de 58.9 por ciento en mujeres y de 27 52.8 por ciento en hombres.
En Bolivia, 70.9 por ciento en mujeres y 63.3 por ciento en hombres. En Colombia 34.16 por ciento en mujeres y 21 por ciento en hombres. En Costa Rica, 56.9 por ciento en mujeres y 18.9 por ciento en 30 hombres.
En México, 52.2 por ciento en mujeres y 42 por ciento en hombres. “Estas cifras demuestran que a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos, tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres”.
Medidas alternativas a la prisión y beneficios de excarcelación
La Comisión destaca que algunos países de la región”han realizado esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la regulación y aplicación de medidas alternativas a la prisión de forma prioritaria en beneficio de las mujeres”. Sin embargo, a pesar de la existencia de ciertas alternativas, el encarcelamiento continúa presentándose como la respuesta prioritaria frente a determinados delitos, particularmente los vinculados con drogas y el crimen organizado.
Sumado a ello, los datos disponibles indican que las regulaciones que contemplan alternativas con perspectiva de género no incorporan este enfoque de manera comprensiva.
Al respecto, en su mayoría, las medidas implementadas se basan únicamente en la función reproductiva o en el rol tradicional de cuidadoras de las mujeres, dejando fuera a aquellas que no cumplen con estas condiciones.
“En términos generales, el contexto del empleo de medidas alternativas a la prisión, las mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a estas, principalmente vinculados con el uso de estereotipos de género sobre el rol de la mujer en las decisiones judiciales que limitan el empleo de alternativas, y obstáculos materiales, particularmente, ante la exigencia de arraigo, la escasez de recursos económicos para solventar las medidas y, en el caso específico del arresto domiciliario, la ausencia de una persona que colabore con las tareas cotidianas o de un hogar adecuado”, destaca la CIDH.
CIDH insta a Estados a incorporar perspectiva de género en políticas penitenciarias
Como parte de sus conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados de la región incorporar la perspectiva de género en el enjuiciamiento y en las políticas públicas penitenciarias.
La CIDH señaló la necesidad de recopilar datos con enfoque de género, adecuación de la infraestructura penitenciaria, acciones para favorecer el mantenimiento de vínculos, la actuación con debida diligencia reforzada ante la violencia de género, atención de la salud con enfoque de género y protección de grupos en especial situación de riesgo.
Respecto a las medidas alternativas a la prisión, recomendó implementar alternativas con perspectiva de género, acciones para enfrentar los desafíos en la aplicación de medidas, adopción de mecanismos de seguimiento y acompañamiento, además del abordaje de factores de involucramiento con la comisión de delitos.
La CIDH también recordó la importancia de la individualización de los planes de reinserción y la creación de medidas para facilitar la transición de las mujeres entre la vida en la cárcel y en el exterior.
