Puebla.- El pasado 30 de agosto, 53 mujeres se manifestaron contra el gobierno del estado de Puebla. ¿La razón? Desde el 1 de junio de 2022 han estado trabajando sin salario ni contrato, además de no contar con los recursos necesarios para ejercer sus labores. Todas ellas ofrecen atención psicológica y servicios especializados a otras mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de violencia.
Las más de 50 mujeres fueron contratadas como parte del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2022), el cual busca prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Dicho programa es de carácter federal y actualmente está siendo instrumentado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); antes estuvo a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y, posteriormente, de la Secretaría del Bienestar.
En el caso de Puebla, la implementación del PAIMEF 2022 pasa por la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), de la cual forman parte las 53 mujeres cuyos derechos laborales y económicos están siendo violentados. Estas mujeres denuncian que, de hecho, la SIS ya había presentado anomalías al aplicar el PAIMEF en sus versiones 2020 y 2021 debido a la lentitud en la ministración de los recursos federales.
Nuevamente, la SIS vuelve a presentar irregularidades. Desde el 1 de junio no ha pagado su salario a las más de 50 trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, enfermeras y educadoras que brindan atención directa a las beneficiarias del PAIMEF 2022. Además, tampoco se les ha brindado un contrato dentro de la SIS. Hasta el momento, únicamente trabajan como prestadoras de servicios profesionales, un modo de contratación que las deja sin prestaciones y en una situación de incertidumbre laboral, reflejada actualmente en la falta de pago desde hace poco más de tres meses.
Formaron su red de apoyo
De acuerdo con un comunicado emitido por las profesionistas afectadas, entre sus filas se encuentran madres autónomas, personas con discapacidad motriz y mujeres que se han endeudado para cubrir gastos de renta, alimento y traslados hacia sus lugares de trabajo (los cuales están en los municipios de Amozoc, Huauchinango, Oriental, Zacatlán y otras siete entidades dentro del estado de Puebla).
Somos mujeres brindando servicios especializados en perspectiva de género y derechos humanos a otras mujeres, niñas y niños, con quienes compartimos en este momento escenarios de vulnerabilidad económica, precariedad laboral y desgaste emocional.
Comunicado de Mujeres Prestadoras de Servicios Profesionales en el Estado de Puebla.
Bajo estas circunstancias, las trabajadoras exigen que la CONAVIM, la Coordinación General de PAIMEF, el gobierno de Puebla, la SIS y la Secretaría de Administración y Finanzas del estado donde laboran prioricen su pago y finalmente les den una contratación formal dentro de la secretaría para la que trabajan. También piden que no haya represalias en su contra tras haber manifestado su inconformidad.
De igual forma, denuncian que están siendo víctimas de omisión y de una convocatoria «a modo» en la que las lagunas administrativas han impedido que puedan recibir su salario como corresponde. En este sentido, las mujeres también afirman que, por medio de dicha convocatoria, la SIS está normalizando prácticas de violencia y negligencia justificándose con argumentos como «aquí es así, así se maneja y ustedes ya lo sabían».
Las autoridades han proyectado que los pagos a estas mujeres trabajadores se hagan hasta finales de 2022. Mientras tanto, ellas —que ofrecen sus servicios en la línea de emergencias 911 TELMUJER, refugios, en el Centro Integral de Atención a Mujeres en situación de Violencia y en las Unidades de Atención a la Mujer— piden que se respete su dignidad laboral para poder seguir ofreciendo sus servicios a otras víctimas de violencia.
De esta forma, agregan las trabajadoras, el acceso a una vida libre de violencia se ejercerá de forma realmente sustantiva «con hechos y no palabras«.
