Ciudad de México.- La militarización en México avanza y hay prueba de ello. Ya no sólo es posible vislumbrarlo en los pasos legislativos recientes, sino también en la realidad. Y es que en días pasados el Ejército “disuadió” con una tanqueta una protesta de Normalistas y familiares de los 43 desaparecidos, mismos estudiantes que fueron víctimas de las fuerzas armadas en aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Aunque la tanqueta utilizada contra las y los manifestantes durante la protesta en el Campo Militar No. 1 lanzaba chorros de agua, la imagen ha revelado un panorama preocupante para la ciudadanía.
¿El agua cambiará por ametralladoras o cañones pronto? Es una de las preguntas que se realizan las mujeres y hombres de este país. No es que la violencia militar no existiera; sin embargo, cada día es aún más evidente el poder que se la da al Ejército.
Y es que recordemos que recientemente la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen sobre la Guardia Nacional, el cual la desvincula de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que ahora sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que convierte a esta institución en la segunda secretaría de Estado más grande (en materia de servidores públicos) y la que tendrá mayor presupuesto a nivel federal.
Con este panorama es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha recibido más de seis mil denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas desde el final de 2006, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), las cuales continúan en la impunidad.
Lo anterior aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido una serie de resoluciones contra México exigiendo que todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles.
Uno de los más recientes ejemplos de impunidad es el caso de los 43 normalistas, donde militares estarían implicados en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) exigió que las unidades castrenses involucradas rindan cuentas; sin embargo, lejos de brindar respuestas a las familias, la actual administración ha mostrado su respaldo al Ejército.
Ya que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dejó sin policías ministeriales a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Pero eso no es todo, días después la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión de personas relacionadas al caso, entre estas se tiene a 16 militares, uno de ellos era comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto; en la lista también se encontraba el entonces procurador general de Guerrero, Iñaki Blanco (acusado de delincuencia organizada); el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, por el delito de desaparición forzada y contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, acusada de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, entre otras personas, reveló El País.
Un par de días después cinco órdenes de aprehensión más fueron canceladas. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? El apoyo incondicional.
¿Qué días le esperan a México con la militarización?
Para Daira Arana, especialista en militarización y militarismo, estos procesos, además de afectar la democracia, aumentan la probabilidad de que la ciudadanía en general sea víctima de algún tipo de delito.
Al hablar específicamente de las mujeres, las violencias se incrementan, pues no solamente son perpetradas por las instituciones de las fuerzas armadas, sino derivada de sus intervenciones, las cuales hacen a las comunidades más agresivas.
“Tomando como ejemplo el que los homicidios a nivel general no han aumentado drásticamente, pero tampoco han disminuido (se han estancado) y que los feminicidios por el contrario parece que van en aumento, lo que podríamos esperar desafortunadamente es que con esta estrategia los delitos van a incrementar”, sentenció la especialista.
Entonces surge el cuestionamiento: ¿Próximamente el Ejército reprimirá las protestas de mujeres? ¿En qué momento el agua cambiará por balas?
