Ciudad de México.- El feminicidio de Abigail H.U. indignó al país entero, pues autoridades de Oaxaca aseguraron que la mujer de 30 años de edad se había quitado la vida con su ropa interior luego de ser detenida por policías municipales de Salina Cruz. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un video en el que se observa que previo a ser encarcelada, los elementos de seguridad la agredieron fuera de la comisaría.
Los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto quedaron captados en un video, que fue filtrado a la familia de Abigail, en el que se observa cómo elementos de seguridad abordan a la joven por medio de golpes y empujones. Aún con lo anterior, en un primer momento se aseguró que la joven madre se había quitado la vida en los separos.
Tras difundirse el video, la organización Consorcio Oaxaca condenó el actuar de la policía municipal de Salina Cruz por el encubrimiento e impunidad sobre las agresiones hacia Abigail.
“Exigimos que el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, garanticen el debido proceso hacia los responsables de dichas agresiones y se sancione además a las autoridades quienes estén involucrados en tales hechos de encubrimiento”.
“Los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí; por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron”, aseguró José Luis Hay Hay, padre de Abigail.
El feminicidio de Abigail se perpetró en un estado que acumula 76 muertes violentas de mujeres en 2022, mismas que se caracterizan por la impunidad, la injusticia, corrupción y abuso de poder.
Autoridades mexicanas revictimizan a las mujeres
El caso de Abigail es el más reciente en que las autoridades responsabilizan a una mujer por su feminicidio; sin embargo, no es el único en este año, recordemos a Luz Raquel y Debanhi Escobar Bazaldúa, víctimas de feminicidio durante el 2022.
A Luz Raquel se le culpó de prenderse fuego sola el pasado mes de julio. Recordemos que días antes de su feminicidio, la mujer denunció que las autoridades jaliscienses le negaron protección, pese a mostrar evidencias de las agresiones que se habían perpetrado en su contra.
“Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo está mal. Las amenazas de muerte son a diario porque es mi vecino mi agresor, ya levanté mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, escribió la mujer el pasado 17 de mayo. Dos meses después, fue atacada y quemada viva en Zapopan.
Pero lejos de investigar el contexto de violencia que vivió Luz Raquel en manos de uno de sus vecinos, y en lugar de brindarle protección oportuna cuando debieron, las autoridades de Jalisco eligieron criminalizar a la mujer de 35 años y responsabilizarla por su feminicidio.
Caso similar ocurrió con Debanhi Escobar Bazaldúa, a quien en un inicio las autoridades señalaron de provocar su muerte al caminar sin darse cuenta de que había una cisterna, donde semanas después de su desaparición sería localizada sin vida.
Debanhi Susana desapareció el 9 de abril luego de ser abandonada por un taxi en la carretera Monterrey-Laredo. Tras varios días de búsqueda, fue localizada sin vida la noche del 21 de abril. En este proceso las autoridades de Nuevo León ignoraron pistas y operaron con base en un protocolo deficiente, pues Debanhi fue encontrada en el mismo punto donde presuntamente ya había sido buscada: las instalaciones del Motel Nueva Castilla.
De acuerdo con el primer informe de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, la causa de muerte de Debanhi fue una “contusión profunda de cráneo”, lo que apuntó hacia la supuesta caída de la joven en la cisterna. Sin embargo, el pasado mes de julio las autoridades tiraron su primera versión al realizar una exhumación, que arrojó que Debanhi no murió por sumersión, sino por asfixia por sofocación.
Tras dichas violaciones institucionales en los casos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró que las autoridades deben:
- Contar con personal ministerial y forense, idóneo y competente para investigar las muertes violentas de mujeres en un país con graves deficiencias en el acceso a la justicia para las mujeres.
- Realizar planes metodológicos de investigación con perspectiva de género, que permita una investigación oportuna, eficiente, objetiva y con líneas de investigación serias y adecuadas.
- Evitar hacer públicas las investigaciones y diligencias de tal forma que no se violente el debido proceso y se genere una victimización secundaria a las familias.
“Es importante que las investigaciones se desarrollen con sigilo, cuidado y sin que se siga discriminando y revictimizando a las mujeres”, sentenció el OCNF.
