Jalisco, Jal.- En Jalisco la iniciativa que busca prevenir y sancionar la violencia vicaria no se ha votado en el pleno del Congreso estatal pese a que el pasado mes de agosto fue aprobada en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y aún cuando tenía seis meses congelada. Lo anterior ha provocado que mujeres, sus hijas e hijos sean violentados sin que sus agresores reciban una sanción.
Fue el 31 de agosto cuando la Comisión, que preside la diputada María Dolores López Jara, aprobó el dictamen que busca reformar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal, el Código Civil, de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de prevenir y sancionar la violencia vicaria.
Cabe destacar que este tipo de violencia se define como: “daños físicos o psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijas o hijos en común”.
También se menciona que quien incurra en dicho delito será sancionado con dos a 10 años de prisión y contempla la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas directas e indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos.
“Además, cuando un hombre o familiares denuncien este tipo de hechos, el Ministerio Público deberá analizar el contexto en que ocurre la denuncia; y las autoridades estarán obligadas a la protección del vínculo materno filial como consecuencia de conductas relacionadas con violencia vicaria”, señala la iniciativa.
En Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Baja California, Hidalgo y Puebla ya se tiene tipificada esta violencia en el Código Penal. Sin embargo, en el caso de Jalisco, a casi un mes de la decisión, la iniciativa aún no se vota en el pleno del Congreso. Lo que ha provocado que los casos denunciados por las madres aún no sean investigados con perspectiva de género y se les impida acceder a la justicia.
Lo anterior se puede observar luego de la protesta protagonizada por madres frente a Casa Jalisco, encabezadas por Blanca Paredes, quien por más de dos años y medio ha buscado que se detenga al ex magistrado J.J por presunto abuso sexual contra una niña y por amenazas a ella y a sus hijos.
Blanca Paredes permaneció en huelga de hambre por más de 72 horas para lograr ser escuchada; la desesperación y nulo apoyo gubernamental la llevaron a este extremo. El gobernador, Enrique Alfaro, charló con la mujer y se comprometió a dar seguimiento a su caso aún cuando, aseguró, «no es un tema que le compete al Ejecutivo», sino al poder Judicial.
“El motivo fue simple justicia y no más corrupción. Ya que a la doctora Blanca, a raíz de una manifestación en Ciudad Judicial que tenía como finalidad de evidenciar la corrupción, le comenzaron a archivar sus carpetas y procedimientos, además ha recibido amenazas de muerte y violencia por parte de las dependencias de gobierno”, detallaron en un comunicado diversas colectivas, entre ellas el Frente Nacional contra Violencia Vicaria.
En este contexto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem Jalisco) señaló en un comunicado:
“Enfatizamos que la violencia contra las mujeres es una grave violación de derechos humanos que afecta a todos los niveles de la sociedad en Jalisco, que ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en violencia contra las mujeres. Nos preocupa la creciente violencia vicaria que se ha hecho evidente en varios casos donde las mujeres son víctimas frente a la impunidad y la imposibilidad de acceder a la justicia que las lleva, además, a sufrir violencia institucional”.
Por ello, el Comité instó a las autoridades de la entidad a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
