Quintana Roo, Q. Roo.- Tras la despenalización del aborto en Quintana Roo, feministas exigen al Congreso local y a la gobernadora de la entidad, Mara Lezama Espinosa, reconsiderar la iniciativa aprobada ya que no se publicó tal cual se había propuesto, pues se eliminó la fracción que pretendía permitir a mujeres sobrevivientes de violación interrumpir su embarazo independiente de las semanas de gestación.
En el proyecto original presentado por integrantes de la bancada de Morena, se hacía la propuesta de que el artículo 97 del Código Penal estatal se eliminará la obligación de presentar una denuncia ante el Ministerio Público en caso de violación al querer acceder a un aborto.
Es decir, el artículo contemplaba: “El aborto será punible cuando el embarazo sea resultado de una violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación”.
La iniciativa proponía reformar dicha fracción eliminando la obligación de denunciar ante el MP, en los términos de la NOM-46, derogándose además la limitación temporal; es decir, las mujeres sobrevivientes de violación podrían abortar sin importar el tiempo de gestación.
La madrugada del 26 de octubre, cuando se llevó a cabo la votación, se leyó la exposición de motivos de la iniciativa, pero se omitió especificar cómo quedarían los artículos modificados, acusó Ninde MolRe, abogada e integrante de AbortistasMX.
Para sorpresa de las mujeres de la entidad, este 27 de octubre, al aprobarse la minuta de decreto, feministas alertaron que se eliminó la causal de violación.
“Derogar la fracción II del artículo 97 es UN GRAN ERROR, permitía que las mujeres víctimas de violación pudiéramos acceder al aborto independiente de las semanas de gestación. Lo que debía eliminarse, era exigir la autorización del MP para ese efecto”, señaló la Red Feminista Quintanarroense.
Cabe recordar que dicha reforma aún no entra en vigor, ya que no ha sido publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo, por lo que feministas de la entidad exigieron con urgencia que el decreto sea revisado y se adecúe a las disposiciones de la NOM-046, la cual establece que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”.
Sumado a lo anterior, las colectivas que integran la Red Feminista Quintanarroense exigieron que se incluya el término mujeres en la minuta. “Eliminar la palabra ‘mujeres’ de la norma y de los documentos en los que se hace referencia al acceso al aborto, constituye un obstáculo para las mujeres en el acceso a este derecho”, expresó Marea Verde Quintana Roo.
De 2015 a 2022 se registraron 50 carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado de Quintana Roo, donde antes de aprobarse la iniciativa se sancionaba con hasta tres años de prisión.
