Argentina, Arg.- A tres meses del atentado en su contra, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años por el delito de defraudación al Estado, así lo determinó un tribunal penal del país. Lo anterior aún con la crítica de instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que asegura se trata de “persecución política” contra Fernández.
A inicios de septiembre un hombre detonó un arma de fuego frente al rostro de Cristina Fernández, pero se trató de un intento de asesinato fallido debido a que la pistola no produjo el disparo. Desde entonces la funcionaria ya era investigada por presunta defraudación fiscal.
La corte acusó a Fernández de Kirchner de adjudicar “de forma irregular” -durante los años que gobernó junto a su esposo Néstor Kirchner– 51 obras viales con fondos de la nación al empresario Lázaro Báez, lo que supuso un costo de cerca de mil millones de dólares para el erario.
Por ello se determinó sancionarla con seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; sin embargo, su fuero como vicepresidenta la protege de ir a prisión. Cabe destacar que los jueces absolvieron a Cristina Fernández por el delito de asociación ilícita, el cual es penado con hasta 12 años.
“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal […] Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”, dijo Cristina Fernández a medios de comunicación tras escuchar su sentencia.
Acusan “lawfare” contra Cristina Fernández
Desde agosto de este año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina ya advertía la perpetración de “lawfare” contra la funcionaria, el cual se trata de una “práctica violatoria de derechos humanos, que va en detrimento de derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar”, explica la institución, quien además acusó que a otros políticos no se les indaga por esta clase de delitos.
“Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”.
Y luego de darse a conocer la sentencia en contra de la vicepresidenta, la Secretaría emitió un segundo comunicado en el que condena el actuar del tribunal y afirma que el caso constituye un “ataque al proceso democrático”.
“El fallo dictado luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones”.
La Secretaría acusó que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho. Además, señalaron que se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que “han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”.
“La sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial”.
Desde México el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyó dicha versión, asegurando que Cristina es víctima de venganza política:
“Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, dijo López Obrador a través de sus redes sociales.
En medio de este contexto, Cristina Fernández de Kirchner adelantó que no se postulará a las elecciones de 2023 e indicó que se retirará a una antigua casa de su propiedad.
