Ciudad de México.- Gabriela Martínez Ciprián es estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Su expareja —un profesor de dicha universidad— le arrebató a su hija el 16 de marzo de este año y, además, la demandó injustificadamente en cinco ocasiones. A pesar de esta y otras violencias a las que ha sido sometida, Gabriela denuncia que la UACM ha defendido a su agresor, con quien ahora tiene que encontrarse en los pasillos y en juzgados donde permea la violencia institucional.
Gabriela estudia la carrera de Arte y Patrimonio en la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco. Ahí conoció a su agresor, Lenin N., en 2015. Desde el inicio hubo una serie de focos que indicaban que algo no estaba bien: primero, Lenin mintió sobre no estar en una relación con nadie más y, más adelante (cuando Gabriela estaba embarazada), le hizo escenas de celos insultándola después de verla hablar con sus compañeros de trabajo.
Posteriormente, cuando la pareja tuvo a su hija, el profesor orilló a Gabriela a dejar sus empleos y volverla su dependiente económica. Ella contó a Cimacnoticias que accedió a dejar sus empleos como actriz y profesora de teatro solo para no tener problemas con Lenin, quien, por otro lado, le pidió dedicarse exclusivamente a las labores del hogar y el cuidado de la recién nacida.
De esta forma, Gabriela quedó en un estado de vulnerabilidad que solo pudo identificar hasta que comenzó a tomar terapia. Después de ello decidió pedirle la separación a su pareja, quien, como represión, dejó de hacer aportaciones económicas al hogar, pagar facturas de servicios y cubrir los gastos de renta.
Estas agresiones se convirtieron en violencia vicaria cuando, el 16 de marzo de este 2022, Lenin se llevó a su pequeña a una supuesta consulta médica y nunca regresó. El catedrático sustrajo a la menor sin el consentimiento de su madre y la tuvo oculta en Campeche, en el hogar de su madre, por cerca de cuatro meses. Además, la hizo convivir con su expareja y la manipuló para separarla de Gabriela.
Ahí comenzó un largo camino en el que la joven estudiante ha tenido que lidiar con la indiferencia y la corrupción de las autoridades mexicanas.
UACM protege al presunto agresor de Gabriela
Gabriela propuso que ella y su expareja —quien es 15 años mayor— compartieran la guarda y custodia de su hija. También acondicionó un cuarto en casa de su mamá para que ambas pudieran vivir ahí sin problemas. Sin embargo, nada de esto sucedió.
Lo que pasó después fue que Lenin N. levantó cinco denuncias falsas contra Gabriela por supuesta violencia familiar, lesiones y faltas a la salud, entre otras cosas. También le exigió la pensión alimenticia pese a saber que ella no cuenta con ingresos fijos. Así, mientras ella resolvía las deudas con su antiguo casero y sufría por no saber dónde estaba su hija, también comenzaba a acumular procesos legales en su contra de los que ni siquiera se le notificó como es debido.
Gabriela fue paso por paso. Primero se presentó frente a la Fiscalía 59 para pedir que activaran la Alerta Amber por la sustracción de su hija. No obstante, el personal de la institución le dijo que no había delito que perseguir porque la menor estaba con su padre; podían iniciar la búsqueda si ella tenía la guardia y custodia, pero, como no era así, ellos no podían hacer nada.
Gabriela se enteró de que su hija estaba en Campeche, así que pidió apoyo de la policía del estado para corroborar la información. Una vez comprobado esto, tampoco pudo hacer algo para que su hija regresara con ella, por lo que interpuso una demanda por guarda y custodia. Y fue hasta ese momento en el que Gabriela se enteró de las demandas en su contra.
Para ese momento, el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria ya se había puesto en contacto con ella; solo así, Gabriela pudo nombrar lo que le estaba sucediendo. «Yo me enteré de que esta violencia tenía nombre y apellido hasta que la viví».
Una vez iniciado este proceso, Lenin N. pidió ayuda del enlace administrativo de la UACM y, con la firma de un abogado de la institución, esta universidad emitió una constancia de hechos donde aseguraba que Gabriela estaba agrediendo al profesor y estaba ejerciendo violencia de género en contra suya. El documento fue sellado y firmado por la universidad, y el agresor lo usó en un juicio familiar para solicitar una multa de 10 mil pesos para Gabriela.
El 18 de marzo, ella se presentó en la Defensoría de los Derechos Universitarios a levantar una denuncia contra su agresor; aunque aceptaron la denuncia, nunca le dijeron que la UACM no cuenta con un concejo de justicia. Por lo tanto, aunque hagan una investigación sobre el caso, no hay una instancia que dictamine sentencias o dé resolución al respecto.
De esta forma, contrario al apoyo que recibió Lenin N., Gabriela no encontró el soporte que necesitaba en su escuela: hasta la fecha, su expareja sigue impartiendo clases en San Lorenzo Tezonco.
«Yo sigo viendo a mi agresor aquí en los pasillos y es terrible. Es un shock psicológico tremendo», afirma la estudiante. Es un fuerte impacto, además, porque sabe de otros casos de violencia dentro de la UACM que tampoco son atendidos por la universidad, por lo que ella y otras compañeras suyas tienen que convivir con sus agresores todos los días.
La violencia institucional también alcanza las instancias de gobierno
Además de la desprotección por parte de la universidad, Gabriela también se ha enfrentado a diversas irregularidades en los Juzgados Familiares en la Ciudad de México. Aquí se está llevando a cabo uno de los procesos en su contra desde que Lenin N. se vio obligado a volver a la ciudad luego de que la UACM retomara las clases de manera presencial.
En dichos juzgados le otorgaron la guarda y custodia provisional de la hija de Gabriela al agresor pese a que el secretario de acuerdos reconoció que la niña, de apenas cuatro años de edad, mostró rasgos de manipulación en un examen psicológico. Además de esto, el padre de la pequeña ha mentido sobre su salario y no ha dado su domicilio pese a que se le ha pedido hacerlo en diversas ocasiones.
Frente a estas circunstancias, Gabriela llevó su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX). Sin embargo, después de la primera audiencia por la demanda de guarda y custodia en la que favorecieron a Lenin, esta comisión le dijo que su queja era por no ver a su hija y que esto ya se había resuelto en aquel encuentro.
Es por eso que Gabriela ha decidido hacer público su caso, el cual tiene diversas constantes como las denuncias falsas en su contra y el desconocimiento de las autoridades alrededor de la violencia vicaria. Pero, a pesar de estos obstáculos, la joven universitaria continúa trabajando con el Frente Nacional y con su equipo legal para que ninguna mujer más deba atravesar por lo mismo.
«Una vez que nos quitan a nuestros hijos la digna rabia aparece», asevera, y agrega que seguirá recopilando información sobre lo que está atravesando para que su hija conozca la verdad cuando tenga la edad adecuada.
Actualmente está analizando la posibilidad de cambiar de juzgados frente a todas las irregularidades en el caso. También quiere solicitar que se incluya el término de violencia vicaria en los protocolos de violencia de género de la UACM. Pero, mientras las autoridades escolares y gubernamentales no cambien su actuar, más casos como éste estarán condenados a repetirse y perpetuarse en la impunidad.
