Guerrero, Gro.- Después de pasar tres años en prisión por haber abortado de manera involuntaria, Aurelia -una joven indígena de Guerrero– fue puesta en libertad, tras enfrentar un camino de impunidad y criminalización en un estado alertado por violencia feminicida y con un contexto de violencia sexual grave contra niñas y mujeres.
Aurelia fue víctima de abuso sexual por parte de un miembro de su comunidad natal (Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez). Por miedo decidió trasladarse fuera de su lugar de residencia. Pero cuatro meses más tarde descubrió que estaba embarazada debido a que presentó un aborto involuntario.
A sus 19 años y sin tener conocimiento de las causas y los procesos legales, a Aurelia se le detuvo de manera ilegal por el delito de homicidio en razón de parentesco.
“Lucía, tía y responsable de Aurelia, recalcó que en ningún momento se le ofreció atención en su lengua, ya que durante el proceso nunca tuvo un intérprete que le ayudara a entender la situación”, acusó la organización Mano Vuelta.
En medio de irregularidades, a Aurelia se le sentenció a 13 años de prisión. Tras darse a conocer la injusticia que vivía, organizaciones como la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OVM Guerrero) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras, la acompañaron en el proceso legal para lograr su liberación a casi cuatro años de permanecer en prisión.
“Ahora a las autoridades correspondientes les corresponde la reparación del daño causado a su vida, su salud mental, emocional y física”, señalaron las organizaciones acompañantes en un comunicado.
Organizaciones exigen que todas las mujeres presas en Guerrero por abortar sean liberadas
En 2020 se decretó en Guerrero una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, la cual, entre sus medidas dictadas, contemplaba la revisión de casos como el de Aurelia. Sin embargo, “a la fecha, el Tribunal Superior de Justicia no ha revisado ninguno”, aseguraron la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el OVM Guerrero y el OCNF.
Sumado a lo anterior, las organizaciones refirieron que de esa declaratoria de AVG faltan 13 medidas por cumplir, muchas de ellas relacionadas con la capacitación y profesionalización de los y las servidoras públicas en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, lo que permitiría brindar un trato digno hacia las víctimas y defensoras.
“Es urgente que comiencen a juzgar desde estas perspectivas y abandonen comportamientos misóginos que criminalizan a las mujeres, es urgente dejen de lado sus prejuicios personales y omitir comentarios dolosos que interfieren en la obtención de justicia para mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos. Asimismo, es impostergable cumplir con la obligación de garantizar traductoras y traductores en lenguas originarias, tal como la sentencia de la Corte Interamericana de Valentina e Inés lo dictan”.
En ese sentido, las exigencias puntuales de la sociedad civil son:
- Acelerar el cumplimento de la AVG por agravio comparado, específicamente la revisión de todos los casos de mujeres recluidas por delitos relacionados con aborto.
- Que se publique y se cumpla con el plan de reparación del daño cometido a Aurelia y a todas las mujeres que hayan perdido años de sus vidas, detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.
- Cese a la criminalización de las defensoras de derechos humanos de las mujeres.
