Ciudad de México.– Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de mujeres víctimas de trata de personas ha ido en incremento durante los últimos cinco años.
En 2018 a nivel nacional se registraron 369 casos de mujeres víctimas de trata de personas, en 2019 la cifra se incrementó a 406; para 2020 hubieron un total de 458 casos. En 2021 el registró marcó 509 casos, mientras que en 2022 la cifra creció a 589.
Dicho delito tiene una estrecha relación con el de desaparición; sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos estadísticos integrados y contextualizados sobre ambos delitos lo que ha provocado que el desarrollo de políticas públicas para atender dichas problemáticas no sean una prioridad, destaca el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
En su Diagnóstico regional sobre datos de desapariciones y trata de mujeres. Recomendaciones de política pública, el Mecanismo destaca que existen pocos datos estadísticos disponibles sobre estos delitos. Dicha información no integra los fenómenos y les otorga un tratamiento de delitos autónomos, aún cuando existe entre ellos una conexión y un contexto.
“El femicidio/feminicidio, la trata y desapariciones de mujeres y niñas constituyen expresiones extremas de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y graves violaciones a sus derechos humanos, por lo que deben ser abordadas desde las relaciones y conexiones que surgen de los múltiples contextos en los que se expresan, la centralidad de los derechos de las víctimas, las estrategias y mecanismos de manifestación de los fenómenos, sean estos fruto de la acción de particulares o del Estado o de su omisión”, señala el diagnóstico.
MESECVI destaca que las instituciones de los Estados parte se resisten a incluir un enfoque de género en el análisis de delitos como desaparición y trata de personas, por lo tanto no se comprende la magnitud del probela provocando que las estadísticas y las investigaciones penales “no den cuenta de sus vínculos”, tampoco demuestren los factores de vulnerabilidad y los riesgos asociados a la violencia de género.
Por ello, MESECVI resalta la necesidad de que se fortalezcan los marcos normativos relacionados con la creación y sostenimiento de sistemas de información, registros administrativos y producción estadística de género que muestren el nexo entre ambos delitos.
“La obligación de producir información cualitativa y cuantitativa sobre las causas e impactos de la trata y desaparición de mujeres y niñas como formas extremas de la violencia de género y la unicidad de un discurso legislativo basado en derechos humanos que contribuya a develar las problemáticas y su raíz en las discriminaciones y desigualdades de género. La consolidación de los sistemas estadísticos nacionales y las estadísticas de género tiene una base importante en la normativa legal”.
Lo anterior permitirá promover la adopción de políticas públicas de prevención de la desaparición y la trata de mujeres y niñas como una prioridad de los Estados. También se podrán esclarecer los contextos de mayor preocupación por la presencia de crimen organizado, conflictos armados, zonas de desregulación o de débil cohesión social, zonas de frontera o de extractivismo intensivo y extensivo.
