Ciudad de México.- Mujeres sobrevivientes de ataques con ácido exigieron que el caso de María Elena Ríos Ortíz, saxofonista y también sobreviviente de tentativa de feminicidio, sea juzgado con imparcialidad y con perspectiva de género, esto luego de que a Juan Antonio Vera Carrizal -presunto autor intelectual del ataque- le fueran modificadas las medidas cautelares para que su proceso sea llevado en libertad.
A través de un comunicado, 13 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido externaron su preocupación ante la decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco, en la que se permite a Vera Carrizal acceder a prisión domiciliaria aún con el riesgo que ello representa para la seguridad de María Elena Ríos.
“Exigimos que el caso de María Elena Ríos sea juzgado con imparcialidad y con perspectiva de género, que sea tenida en cuenta la asimetría de poder y el riesgo evidente en que ella se encuentra. Que sean revisadas las medidas cautelares impuestas a Juan Antonio Vera Carrizal, y que sean extremadas las medidas de protección para salvaguardar la vida de María Elena”, exigieron las mujeres.
También hicieron un llamado a que las autoridades “cesen su indiferencia por el sufrimiento de María Elena y por su exigencia de lucha”. Ya que, afirman, la decisión de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca envía un mensaje social de tolerancia e impunidad hacia este tipo de crímenes.
“No actuar con firmeza, además de minimizar todo el daño causado, nos pone en peligro a todas”, por eso, afirmaron, es necesario que los potenciales agresores se den cuenta del hartazgo social y de la firmeza en las sanciones.
“Las autoridades encargadas de la investigación y del juzgamiento de estos casos están obligados a instruirse en el tema, a dejar de lado compadrazgos y compromisos políticos y hacer efectivo el acceso de la justicia de Malena y de todas las mujeres víctimas de ataques con ácido en México”.
Las firmantes en el comunicado: Ana Saldaña, víctima de ataque con ácido en 2018; Andrea, víctima de ataque con ácido en el 2022; Carmen Sánchez, víctima de ataque con ácido en el 2014; Elisa Xolalpa, víctima de ataque con ácido en 2001; Esmeralda Millán, víctima de ataque con ácido en el 2018; Gloria Hernández, víctima de ataque con ácido en el 2020; Karina, víctima de ataque con ácido en el 2019; Leslie Moreno, víctima de ataque con ácido en el 2015; María Alejandra López, víctima de ataque con ácido en 1988; Mariana Gamboa, víctima de ataque con ácido en 2001; Martha Ávila, víctima de ataque con ácido en el 2017; Micaela Morales, víctima de ataque con ácido en el 2021 y Yasmín Hernández, víctima de ataque con ácido en el 2021, concluyeron:
“Exigimos se nos haga justicia, exigimos un alto a la impunidad, un alto a las resoluciones que nos ponen en riesgo, exigimos un cese a la indiferencia, exigimos seamos reconocidas por el estado mexicano y se nos repare el daño de manera integral, efectiva y proporcional a las afectaciones causadas”.
El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con el temor de no despertar– y también a ser víctima de difamaciones y amenazas por parte de personas cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, actualmente preso por ser considerado el presunto autor intelectual del atentado contra la joven de entonces 26 años.
En su ir y venir de Oaxaca a la Ciudad de México –donde estudia, recibe asesoramiento legal, psicológico y médico– ha viajado con el temor que supone saber en libertad a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado del PRI y otro de sus agresores.
Pese a lo anterior, el pasado 21 de enero -luego de cinco días de audiencia- el juez Teódulo Pacheco Pacheco resolvió a favor de Vera Carrizal, en medio de un proceso plagado de violencia institucional contra María Elena en el que incluso en diversas ocasiones se le impidió hablar. Aunque varias dependencias estatales y federales se han pronunciado al respecto, la decisión no ha sido revocada, por lo que será la saxofonista quien nuevamente deba enfrentar a un Estado que minimiza e ignora la violencia contra las mujeres.
