La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitaron que dicha información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta efectiva, e incluso son los principales agresores.
Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los Estados.
”No puedo decir que no hubo, porque hubo unos tímidos mensajes. Pero, lo que sí sonó con fuerza fueron mensajes estigmatizantes contra la labor periodística”. El relator acordó que muchos periodistas que pidieron ayuda al Estado terminaron asesinados. “La tragedia está a un paso”, destacó.
La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México, Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia.
Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única función” de garantizar la integridad física de las personas beneficiarias.
Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de protección, así como la falta de transparencia y participación social.
Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en género.
Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil realizaron diversas peticiones a la CIDH enfocadas en acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa.
Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien acogido por los comisionados.
Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de
Derechos Humanos se comprometieron a:
- Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer procesos transparentes y colaborativos.
- Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
- Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia -y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las investigaciones y brindar protección más integral.
Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias.
Firman:
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
ASOPODEHU – Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
CIMAC – Comunicación e Información de La Mujer (México)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
CPJ – Comité para la Protección de Periodistas
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
FECOLPER – Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
Propuesta Cívica (México)
Reporteros Sin Fronteras
Terra de Direitos (Brasil)
CIDH makes a commitment to organizations to take action in the face of violence against the press in the region
The Red Voces del Sur, made up of 17 civil society organizations, and the organizations Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global and Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presented to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) their concerns regarding the murders and other types of violence against journalists and the deficiencies of the protection mechanisms for the press in the countries where they have been implemented. These organizations requested that this information is converted into actions to stop the serious violations of freedom of expression and press freedom in the region, given that there is no effective response from the States, and they are even the main aggressors.
During the 186th period of sessions of the IACHR, Pedro Vaca, the rapporteur of the Commission’s for Freedom of Expression, indicated that 2022 was the most lethal year against the press. In turn, he pointed out that he expected an honest, frank message of solidarity from the highest authorities of the States.
«I cannot say that there was not, because there were some timid messages. But, what did sound loudly were stigmatizing messages against journalistic work». The rapporteur agreed that many journalists who asked for help from the State ended up murdered. «Tragedy is just a step away», he stressed.
The Red Voces del Sur, through its spokespersons: Paula Saucedo, from ARTICLE 19 in Mexico, Jonathan Bock, from FLIP in Colombia, and Angélica Cárcamo, from APES in El Salvador, indicated that Latin America is the most lethal and dangerous continent for the press. Since 2018, 83 murders have been registered, of which, 39 were committed in 2022. The increase is so big that it represents a 225% growth of homicides in comparison to 2021. Likewise, it was evidenced that the State is the main aggressor to freedom of expression, the judicial system persecutes the press that investigates and the impunity in crimes against journalists is close to 98% in some countries. These problems are exacerbated by the lack of comprehensive public policies to address the causes of this violence.
Balbina Flores, of Reporteros Sin Fronteras (RSF), Lucía Lagunes Huerta, of Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) and Nadejda Marques, of Justiça Global indicated that the mechanisms for the protection of journalists lack coordination between the different state institutions. Thus, they often operate in isolation, with the «sole function» of guaranteeing the physical integrity of the beneficiaries.
They added that the protection mechanisms have a long way to go to address the issue in a structural way, highlighting aspects such as insufficient human and financial resources, risk analysis and implementation of protection measures, as well as the lack of transparency and social participation.
Organizations also emphasize the absence of intersectional approaches and a gender perspective in all protection mechanisms in the region. Women journalists face double risk conditions by practicing journalism in hostile contexts and exercising the profession in conditions of inequality and gender-based discrimination.
In a context of high violence, impunity, surveillance and constant stigmatization, organizations of civil society made several requests to the IACHR focused on actions to strengthen the protection mechanisms through the inclusion of: risk analysis with a gender and intersectional approach; design of policies focused on investigating and punishing violence against journalists, where the investigation should be focused on their informative work; we recommend to the States concrete actions to legitimize journalistic work as well as the creation of plans that seek to combat stigmatization against the press.
In addition, the IACHR-United Nations High Commissioner for Human Rights Joint Action Mechanism should publish a report on good practices and technical recommendations to be adopted by the protection mechanisms, taking into account what has already been implemented in the countries of the region in recent years, the inputs from the UN High Commissioner and civil society, and hold periodic sessions with civil society organizations in the countries where protection programs exist, which was welcomed by the commissioners.
The Commissioners and the Rapporteur on Freedom of Expression and Human Rights Defenders committed to:
- Organize new regional meetings between civil society and States to contribute to the design of public policies in this area. The objective is to strengthen transparent and collaborative processes.
- Continue with technical assistance to both authorities and civil society organizations in order to generate greater guarantees for the full exercise of the right to defend human rights.
- To request the States where there are mechanisms or public agencies that conduct risk analyses to exchange information with law enforcement agencies -in agreement with the beneficiaries- in order to strengthen investigations and provide more comprehensive protection.
