A 100 días de haber iniciado la administración estatal de Salomón Jara Cruz organizaciones acusan que la violencia contra las mujeres y niñas ha incrementado «de manera dramática», además, acusaron que la entidad se ha colocado como una de las entidades con mayores ataques contra personas defensoras. Aunado a lo anterior el gobierno ha desplegado más de 600 elementos de la Guardia Nacional y Ejército en municipios del centro del estado.
En un comunicado, 30 organizaciones, redes y colectivas; así como 43 personas defensoras y periodistas urgieron al Gobernador del estado Salomón Jara Cruz a asumir con seriedad un compromiso real en favor de los derechos humanos, paz, justicia y democracia en Oaxaca.
En este pronunciamiento se dio a conocer que en los primeros 100 días de este gobierno, se han registrado 43 feminicidios, prácticamente uno cada dos días; durante este mismo lapso, fueron desaparecidas 116 mujeres, 66 de ellas menores de edad.
Aunado a ello, Oaxaca se ha colocado como una de las entidades con mayores ataques contra personas defensoras, con base a datos del propio Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, se coloca como la segunda entidad federativa con más homicidios en contra de personas defensoras.
«Frente a este contexto, le demandaron al Ejecutivo Estatal garantizar una participación ciudadana real en la construcción de políticas públicas de derechos humanos integrales, además de garantizar el ejercicio libre del derecho a la protesta social».
Las organizaciones y personas defensoras también hablaron sobre la criminalización y represión ocurrida en este lapso, como en el caso de la detención arbitraria en Tehuantepec del defensor y opositor al Corredor Interoceánico, David Hernández Salazar el pasado 17 de enero, los desalojos de mujeres triquis el pasado 28 de febrero y de pobladores de Santiago Xicauí Ixtlán, el 1 de marzo. Condenaron además el uso de gases lacrimógenos para reprimir las protestas como fue en el caso de los pobladores de Ixtlán, así como más recientemente el 8 de marzo contra mujeres jóvenes manifestando frente a la dramática crisis de violencia feminicida e impunidad en Oaxaca.
Asimismo, demandaron a Jara Cruz la construcción de paz y justicia a partir de la voluntad política y una visión de la seguridad no militarista, así como garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia y el cese a la impunidad, mediante procesos penales transparentes, expeditos, independientes y no revictimizantes, en particular en casos de feminicidios.
“En Oaxaca las violaciones a derechos de pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante y se relacionan con la imposición de megaproyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, además de la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo; megaproyectos en los que desde una lógica de control territorial y despojo neoliberal los bienes y recursos comunes se transforman en mercancías resultando en la profundización de la conflictividad social”, subrayaron.
En ese contexto rechazaron el fortalecimiento de la postura militarista de este Gobierno que en menos de cuatro meses ya ha desplegado más de 600 elementos de la Guardia Nacional y Ejército en municipios del centro del estado, «una lógica que da continuidad a la política neoliberal de imposición, de control y sometimiento de los pueblos y territorios».
De igual forma, pidieron retomar e impulsar los pendientes en materia legislativa para lograr la aprobación e implementación de marcos legales que garanticen los derechos de las personas defensoras, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, los derechos de las mujeres, niñas, juventudes, pueblos indígenas y derechos humanos en general.
Y demandaron a Salomón Jara Cruz promover y garantizar una educación con enfoque de derechos humanos y comunitaria, sobre todo, tomando en cuenta que Oaxaca se ubica como el quinto estado con mayores agresiones en el ámbito escolar, cuya violencia escolar va en constante aumento y donde más del 50 por ciento de las aulas carecen de servicios básicos.
De igual forma, las activistas e integrantes de diversas organizaciones, demandaron el alto a la simulación y que se garanticen instancias de justicia, derechos humanos y atención a víctimas encabezadas por titulares con trayectoria y reconocimiento.
Por ello, reprobaron la designación a modo de Bernardo Rodríguez Alamilla como titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), nombramiento que fue rechazado contundentemente por la sociedad civil por su falta de perfil para llevar a cabo esta labor y por el papel gris que desempeñó en su cargo anterior como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Además de rechazar la elección de Héctor Eduardo Vila Ortiz como Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAVI), toda vez que la convocatoria lanzada por la Coordinación para la Atención a Derechos Humanos solo previó un plazo de 3 días para presentar candidaturas, este plazo impidió un proceso real de participación y presentación de personas con perfiles idóneos y permitió la imposición de un candidato a modo, sin perfil ni reconocimiento de las víctimas
