Este 22 de marzo dio inicio la audiencia pública por el caso de Beatriz, una joven salvadoreña a quien el Estado de su país le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo pese al alto riesgo de que tanto ella como su bebé fallecieran. El caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien hasta ahora ya interrogó tanto a la madre de Beatriz como al médico que atendió a la joven durante su embarazo.
Durante la audiencia celebrada en Costa Rica, la madre de Beatriz (cuyo nombre permanece reservado durante el proceso legal) recordó todo lo que tuvo que atravesar su hija debido al embarazo que desembocó en este proceso legal. En primer lugar, la señora narró que Beatriz fue diagnosticada con artritis reumatoide juvenil cuando tenía 18 años. A la misma edad también le fue diagnosticada lupus, una enfermedad autoinmune (como la artritis) en la que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos del cuerpo.
Aún con este diagnóstico, Beatriz presentó un primer embarazo en julio de 2011, el cual no estuvo exento de complicaciones. Además de las enfermedades descritas arriba, estas complicaciones también se debieron a la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que vivían tanto la joven como su familia. De hecho, antes de recibir un diagnóstico médico, estas condiciones llevaron a Beatriz a trasladarse del municipio de Jiquilisco a San Salvador para buscar empleo como trabajadora del hogar. No obstante, su estado de salud le impidió continuar laborando.
La salud de Beatriz estuvo en riesgo durante ese primer embarazo, en el que presentó un cuadro agudo de lupus y anemia; aun así, el 2 de marzo de 2012 dio a luz a su primer bebé. Ambos estuvieron en terapia intensiva (él por haber nacido prematuramente y ella por efectos adversos a la anestesia), pero finalmente lograron salir de peligro.
Un año después, en febrero de 2013, Beatriz presentó un segundo embarazo. Su madre explicó que este diagnóstico llegó mientras la joven recibía tratamiento por unas llagas que aparecieron en su rostro. Cuando el tratamiento empeoró los síntomas, los médicos le realizaron una prueba de embarazo que resultó positiva: Beatriz tenía once semanas de gestación.
Los médicos determinaron que este segundo embarazo era de alto riesgo porque el feto no tenía materia encefálica, por lo que no podría sobrevivir fuera del vientre materno. Esto llevó a los médicos a recomendarle a Beatriz interrumpir su embarazo, algo que ella aceptó, pero había un problema: desde 1998, en El Salvador está penado practicar el aborto sin importar la causa.
Médico de Beatriz denuncia criminalización en su contra
La madre de Beatriz narró estos hechos frente a los representantes de la CoIDH, la defensa del Estado salvadoreño y las representantes legales de su hija, entre quienes se encuentran miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil como Ipas Latinoamérica y El Caribe y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Después de su testimonio tocó el turno al doctor Guillermo Ortiz, el médico que atendió los dos embarazos de Beatriz. El especialista confirmó el diagnóstico que se le dio a la joven en 2013. De igual manera, afirmó que tanto él como el resto del comité que estaba al tanto se dirigieron a otros médicos para respaldar esta opinión. Por su parte, apoyada por un equipo legal, Beatriz interpuso un amparo en el que exponía el riesgo de muerte al que se exponía si continuaba su embarazo.
Este amparo fue denegado el 28 de mayo de 2013, por lo que Beatriz fue obligada a continuar con un embarazo en el que se sabía que el feto no iba a sobrevivir. De acuerdo con Guillermo Ortiz, esto puso en un alto grado de vulnerabilidad la estabilidad mental de Beatriz, quien estaba desesperada por buscar una opción para preservar su vida. Esperaban respuestas que, de acuerdo con el médico, nunca llegaron.
Según Ortiz, punto y aparte del tema legal, las y los médicos que atendieron a Beatriz contaban con la capacidad técnica para interrumpir el embarazo. Aun así, las restricciones en El Salvador les ataron las manos. Por otro lado, dentro del gremio, sus propios compañeros de trabajo comenzaron a excluirlos y a estigmatizarlos. Al respecto, el doctor Guillermo Ortiz narró que en dos ocasiones le negaron ascensos en el trabajo por su postura a favor de la libre elección de las mujeres.
Cuatro meses después de que le dieran un diagnóstico, el 3 de junio de 2013, Beatriz inició la labor de parto. Los médicos le practicaron una cesárea y extrajeron al feto, el cual perdió la vida cinco horas después. Por su parte, Beatriz tuvo serias repercusiones en su salud mental y permaneció en un estado de shock donde no mostraba ningún tipo de emoción; en ese momento, los médicos no pudieron calcular las repercusiones físicas que esto tendría sobre su cuerpo.
A raíz de este caso, el doctor Guillermo Ortiz decidió cambiar de residencia debido al estigma que le trajo el abogar por un aborto para Beatriz. Pero, al rescatar lo “positivo” al respecto, destaca el hecho de que volvió a discutirse el tema de la interrupción legal del embarazo.
Esto es precisamente lo que se discute este 22 de marzo en la CoIDH: la responsabilidad del Estado del Salvador en la vulneración de los derechos y la integridad física de Beatriz al negarle la oportunidad de interrumpir su embarazo. Después de la audiencia, la Corte dará sus alegatos y observaciones finales, aunque esto no tiene fecha definida.
Mientras tanto, las representantes de Beatriz han señalado que las abogadas Juana Inés Acosta y Ana María Idarraga, quienes no son funcionarias del Estado salvadoreño, son quienes han fungido como representantes del mismo. La audiencia continuará hasta este 23 de marzo y puede sintonizarse en el canal de YouTube de la CoIDH.
