Costa Rica.- El pasado jueves 23 de marzo concluyeron los dos días de audiencia pública por el caso de Beatriz vs El Salvador. Tras este último día, las organizaciones representantes de la joven se dijeron esperanzadas en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) falle a su favor y, con ello, abra la puerta a la despenalización del aborto en un país donde la interrupción del embarazo no está permitida incluso si esto implica poner en riesgo la vida de las mujeres.
Durante el último día, la defensa de Beatriz y las representantes del Estado de El Salvador presentaron sus alegatos de cierre. Del lado del Estado, los argumentos se basaron en la defensa de los derechos humanos desde la concepción, así como en la definición de “persona” establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El artículo 4 de dicha Convención establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde la concepción. Sin embargo, tal como ha declarado la CoIDH, no se tomará en cuenta la cláusula “desde la concepción” únicamente cuando se hable de casos excepcionales en los que los derechos de otra persona se vean comprometidos.
Por otro lado, la Corte también ha establecido que no se puede alegar una protección absoluta a un embrión o feto si eso implica anular otros derechos, como los derechos reproductivos de las mujeres, lo cual sucedió en el caso de Beatriz.
El Estado salvadoreño, por su parte, reconoció que la joven (quien perdió la vida en 2017 a raíz de un accidente de tránsito) “pudo haber experimentado” un gran sufrimiento derivado de las complicaciones de su embarazo dadas las enfermedades que padecía (artritis reumatoide y lupus). Sin embargo, el Estado señaló que su vida nunca estuvo en riesgo, y que además se le suministraron los cuidados médicos adecuados para mantener su salud estable sin descuidar la vida del feto.
Las representantes del Estado se aferraron a que, con el trato dado a Beatriz, no se vulneró su integridad. Por el contrario, los testimonios de su madre y de sus médicos presentados el día anterior dejaron claro que la salud tanto física como mental de la joven se deterioró gravemente al no tener opciones para interrumpir un embarazo del que, de antemano, se sabía que iba a nacer un ser humano sin ninguna posibilidad de sobrevivir.
Al respecto, el Estado argumentó que negarle la posibilidad de nacer a este feto hubiera equivalido a discriminarlo por su condición de discapacidad. De ahí que, desde su perspectiva, tanto Beatriz como el producto de su embarazo recibieron “un trato digno”, con un “balance” en el respeto y la protección de los derechos humanos de ambas partes. En ese sentido, sus representantes afirmaron que no hubo ninguna tortura sino simplemente el cuidado del derecho a la vida.
Finalmente, el Estado salvadoreño afirmó que no existe ningún tratado de derechos humanos aplicable en el continente americano donde se establezca la obligación de sus Estados a adoptar medidas para regular la interrupción del embarazo. Para sus representantes, la solución es seguir generando prácticas para tratar casos como embarazos ectópicos y otras causas de mortandad materna sin tener que legislar sobre el aborto.
Representantes de Beatriz exigen al Estado legalizar el aborto
Contrario a lo expresado por las representantes estatales, las organizaciones defensoras de Beatriz (entre quienes se encuentran Ipas Latinoamérica y El Caribe y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL) recordaron que la salud de la joven fue llevada al límite para preservar un producto que se sabía que no tenía posibilidad de vivir.
De igual forma, Morena Herrera (integrante de la Colectiva Feminista de El Salvador, una de las organizaciones colitigantes) afirmó que con esto se anuló el carácter de sujeto de derechos de Beatriz. También cuestionó que el Estado salvadoreño pusiera en duda su condición de pobreza aún sabiendo que tuvo que trasladarse del campo para buscar empleo como trabajadora del hogar.
La defensa de Beatriz enfatizó que la CoIDH es la última posibilidad para alcanzar justicia en el caso. Por ello, solicita a dicha corte una reparación integral del daño al que se expuso a su familia. Del mismo modo, las organizaciones piden que se le solicite a El Salvador generar condiciones jurídicas que avalen el acceso a los servicios de aborto seguro conforme con las recomednaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este sentido, las litigantes piden a la Corte disponer expresamente en su sentencia que la penalización del aborto, al menos en casos como estos, no debe tener efecto jurídico por ser contraria a la Convención Americana. También exigen que el Estado salvadoreño adopte leyes y políticas públicas para garantizar un acceso efectivo al aborto sin que se solicite una autorización previa.
Dicho acceso deberá incluir la atención médica inmediata, incluida la atención psicológica inmediata, y la educación de los profesionales de la salud. También, la elaboración de guías de práctica clínica para asegurar diagnósticos oportunos y tratamientos correctos.
En un comunicado oficial, el equipo defensor de Beatriz afirma que se siente positivo y esperanzado tras las audiencias de estos dos días. Esto, debido a que quedó en evidencia la vulneración de los derechos humanos a la que fue expuesta la joven.
“Por medio de testimonios, peritajes médicos y prueba documental se demostró que no haber realizado la interrupción del embarazo en el momento en que fue médicamente recomendado, agravó la situación de riesgo para la vida, integridad y la salud física y mental de Beatriz”, afirmó la defensa.
Ahora solo queda esperar la sentencia de la CoIDH. En caso de fallar a favor de Beatriz, se podría legalizar el aborto en un país donde las tasas de mortalidad materna se incrementaron un 82.2 por ciento de 2019 a 2020 de acuerdo con International Women’s Media Foundation.
