El pasado 10 de abril la defensora de derechos humanos en Colombia y lideresa social de Asseinsa ONG, Patricia Cardozo Cipamocha, fue víctima de un ataque con ácido luego de que autoridades del municipio de Tunja le negaran protección tras meses de amenazas y hostigamiento.
La agresión se perpetró cerca de las 6:00 pm en inmediaciones del Parque Santander, en el municipio de Tunja. Esta no fue la primera vez que intentaron asesinar a la defensora de derechos humanos, pues el pasado 5 de abril un hombre desconocido la intentó atacar con un arma blanca.
Tras diversas amenazas Patricia Cardozo solicitó protección; sin embargo el alcalde Alejandro Fúneme y el secretario de gobierno, Vicente Anibal Ojeda, le negaron un esquema de seguridad.
La Plataforma Feminista Boyacense -un grupo de organizaciones colombianas- señaló a través de un comunicado que la policía, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Articulador Departamental también habían sido informados sobre “la vulnerabilidad, riesgo y posibilidad de ataques con la defensora como el ocurrido el 10 de abril”.
Dos días después de ataque con ácido brindan protección a defensora
El 12 de abril, dos días después de haberse perpetrado el ataque con ácido contra Patricia Cardozo Cipamocha, ella y su familia recibieron un esquema de protección enviado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) “para garantizar su vida e integridad”, informó la Plataforma Feminista Boyacense y sus organizaciones integrantes (Casa de la Mujer, Femidiversas, Colectivo La Ramona, Asseinsa ONG y la Fundación Sobreviviente).
“Esta buena noticia no detiene nuestra lucha, puesto que seguiremos a espera de los procesos de investigación que se deben adelantar frente a los hechos ocurridos este lunes 10 de abril y las recurrentes amenazas e intimidaciones de las que viene siendo víctima Patricia”, expresaron.
En ese sentido, las mujeres integrantes de la Plataforma Feminista Boyacense exigieron:
1. Articulación interinstitucional para atención y seguimiento del caso de Patricia, así como de las demás denuncias radicadas por líderes y lideresas sociales del departamento de Boyacá que siguen esperando protección para seguir con su labor.
2. Claridad en pronunciamientos, “especialmente en referencia a que la gestión del esquema de seguridad se debe a la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, por lo que esperamos que no se aproveche para figuraciones de actores políticos o administrativos de la ciudad o el departamento”.
3. En un mes solicitamos la mesa de seguimiento al abordaje integral de la situación de riesgo, amenazas e intimidaciones contra Patricia.
4. Evitar pronunciamientos de autoridades policiales y administrativas, así como publicaciones de noticias con afirmaciones tendenciosas que pongan en duda la denuncia de la víctima, la culpabilicen o revictimicen.
5. Justicia y celeridad en el proceso de investigación «con realidades judiciales y administrativas, puesto que se oficiará a la Procuraduría para que se adelanten las sanciones a las que haya lugar por NO proteger a Patricia Cardozo”.
En Colombia es reconocida violencia ácida
Cabe destacar que en Colombia, de acuerdo con la organización internacional Acid Survivors Trust International (ASTI) se tienen aproximadamente 100 ataques registrados al año y con una población de alrededor de 48 millones, “esto hace que los ataques en Colombia sean uno de los más altos per cápita”.
En 2015 en Colombia se aprobó la iniciativa llamada ‘Ley Natalia Ponce’, con el objetivo de sancionar con hasta 50 años de prisión a quienes ataquen con ácido a otra persona y le causen deformidad o daño permanente. Previo a esta iniciativa este tipo de agresiones únicamente alcanzaban penas de 25 o 26 años.
La Ley fue impulsada por Natalia Ponce de León, mujer que sobrevivió a un ataque con un agente químico el 27 de marzo del 2014. Desde entonces trabaja en defensa de los derechos humanos de las víctimas de ataques con este tipo de sustancias.
