En América Latina, las mujeres poseen únicamente el 2 por ciento de la tierra, de acuerdo con la organización Ipas. Tan solo en México, los factores más comunes en la asignación de derechos de uso de tierra son dos: las prácticas sociales y culturales que imperan al interior de los grupos y los procedimientos ejecutados por los líderes tradicionales, que terminan por relegar a las mujeres.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los hombres son los principales beneficiados al poseer tierra, ya que “históricamente han sido reconocidos como los encargados de gestionar la familia y lidiar con las demandas de la agricultura y la ganadería”.
“En tierras de tipo ejidal o comunal, por ejemplo, sólo tres de cada diez personas ejidatarias o comuneras a nivel nacional son mujeres”, destaca el organismo.
Esto ha provocado que las mujeres se encuentren limitadas incluso para formar parte de órganos de representación. Dicha situación se extiende a lo largo del mundo. De acuerdo con el informe La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el porcentaje de hombres con derechos de propiedad o de tenencia segura sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en más del 40 por ciento de los países.
Aunque la proporción de mujeres entre los propietarios de tierras aumentó en 10 de 18 países en el último decenio y se registraron mejoras en varios países del África subsahariana y Asia meridional, no ha sido suficiente para cerrar la brecha de género.
Estados deben promover reformas en el registro de la tierra: FAO
La FAO destaca que abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres significa “abordar las normas sociales restrictivas y los roles de género rígidos que afectan la participación de las mujeres”.
En ese sentido, el organismo señala que las brechas pueden reducirse combinando la introducción de reformas en el registro de la tierra con una labor de sensibilización con respecto a los derechos sobre esta, un mayor acceso a asistencia jurídica dentro de las comunidades y el fomento de la participación femenina en las instituciones que se ocupan de la tierra a nivel local.
Además, los servicios (como los de extensión) y los recursos (como la tecnología) se deben diseñar teniendo presentes las necesidades de las mujeres. Los instrumentos digitales y la tecnología de la información y la comunicación pueden ayudar a cerrar múltiples brechas.
“Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es fundamental para su bienestar y para la sociedad en general y, por lo tanto, tiene un valor intrínseco”.
