Oaxaca.- Desde hace siete años, el juez de lo familiar J. R. N. está demandado por incumplir con la pensión alimentaria de un hijo al que se había negado a reconocer. Aunque recientemente una prueba de ADN comprobó su parentesco, el proceso de obtención de justicia para la madre y su hijo sigue siendo lento. Ella señala que detrás de la lentitud en la atención de su caso se encuentra el encubrimiento de otros funcionarios públicos que han protegido a Raúl, quien es sobrino de un magistrado en Oaxaca.
Viviana (de quien cambiamos el nombre como medida de seguridad) conoció a J. R. N. en 2010 en un juzgado ubicado al sur de Oaxaca. Para no tener que desplazarse de la capital hasta esa zona, según narró a Cimacnoticias, Viviana rentó una habitación en el mismo espacio donde vivía el juez. Así, poco a poco comenzaron a forjar una relación que resultó en un embarazo.
Cuando Viviana le dio la noticia a ese hombre, éste prometió que se haría cargo de su hijo. Sin embargo, dice la mujer, “nada más fueron palabras”: él solicitó su cambio de juzgado y, así, se alejó de Viviana. Ella también fue cambiada a otro juzgado y, en 2016, levantó una demanda en su contra donde exigía el reconocimiento de la paternidad de su hijo.
Ese mismo año, ambos volvieron a encontrarse en otro juzgado al que J.N. llegó como juez. Para ese entonces, él ya tenía conocimiento de la demanda interpuesta en su contra. Incluso habló con Viviana para pedirle que la retirara y le afirmó que finalmente la apoyaría económicamente; no obstante, en cuanto Viviana le propuso firmar un convenio para que esto quedara establecido, el juez se negó rotundamente.
Desde ese momento, J. R. N. comenzó a ejercer hostigamiento laboral contra Viviana. Entre otras cosas, le levantaba actas administrativas argumentando que ella era una persona conflictiva; también la culpó de robar cosas de la papelería del juzgado para dárselas a su hijo y de pedirle dinero al encargado de la fotocopiadora. Juan Raúl también levantó un instructivo de responsabilidad contra Viviana por el que un tribunal la mandó llamar. No obstante, obtuvo una sentencia favorable al no comprobarse nada por lo que el juez la acusó.
Estas circunstancias orillaron a Viviana a solicitar un cambio de juzgado que, sin embargo, no le fue concedido hasta que el mismo J. R. N. pidió que la enviaran a otro lugar de trabajo. Pero, pese a este cambio, Viviana dejó de estar tranquila, pues se dio cuenta de que su expareja estaba difundiendo rumores sobre ella. Así, tomó la decisión de renunciar definitivamente a su trabajo en los juzgados.
Mientras esto sucedía, las autoridades enviaron diversos exhortos a J. R. N., mas no se le citó legalmente sino hasta este 2023, después de siete años de que Viviana interpuso la demanda. Desde el punto de vista de la madre, esta dilación en el caso tuvo que ver con la protección que otros funcionarios han ofrecido al acusado.
Tribunal obstaculiza acceso a la justicia para Viviana y su hijo
Diana Luz Vázquez Ruiz —activista e impulsora de la Ley Sabina contra los deudores alimentarios— es cercana al caso de Viviana. De hecho, el caso es llevado por un equipo de abogadas que trabajan junto con ella para ofrecer su apoyo a otras madres autónomas.
A través de sus redes sociales, Vázquez Ruiz ha señalado al juez César Elí Peralta como el culpable de retrasar la atención al caso de Viviana. La madre, por su parte, coincide en que las autoridades han sido parciales durante el proceso. Muestra de ello es que, una vez realizada la prueba de ADN para comprobar la paternidad de R. N. este 2023, la entrega del sobre con los resultados se retrasó más tiempo de lo acordado. Sin la apertura del sobre no se podía llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.
De acuerdo con Viviana, la entrega de resultados se retrasó varias veces debido a que J. R.l no se presentaba para abrir el sobre y se justificaba con supuestos problemas de salud. No obstante, la defensa de Viviana señaló sobre de la prueba de ADN que podía abrirse estuvieran o no presentes ambas partes del caso. En un principio el juez se negó, hasta que el equipo de abogados de la demandante ejerció presión y finalmente se pudieron conocer los resultados: en efecto, J. R. N. es el padre del hijo de Viviana.
Ahora, Viviana está esperando la audiencia de pruebas y alegatos. Sin embargo, también está a la expectativa de que algún otro hecho pueda retrasar este avance nuevamente. Mientras tanto, sigue haciéndose cargo ella sola de las necesidades de su hijo, quien está por cumplir 12 años y además tiene un grave problema intestinal que necesita ser atendido por un especialista.
Desde su punto de vista, en cierta forma, el tribunal a cargo del caso ha solapado la falta de disposición de J.R. N. para responder a la demanda. Al respecto, destaca el hecho de que el acusado es sobrino de un magistrado.
“Es increíble que todos estos años no se le pudo emplazar legalmente como dice la ley. Es increíble porque yo trabajé ahí y sé que cada seis meses más o menos hay visitadurías: van ahí y checan todos los expedientes. Y pues realmente se me hace increíble que estén ciegos y no hayan visto ese expediente, cómo está y cómo va”, expresó Viviana a Cimacnoticias.
J.R.N.,. “tiene protección”, asegura Viviana, quien explica que además ha habido muchos cambios de jueces y secretarios durante el proceso. Y, ahora que se dieron a conocer los resultados de las pruebas de ADN, teme que algo así pueda suceder de nuevo.
Además de esto, Viviana sabe que J. R.N. también tiene otras acusaciones por haber ejercido violencia sexual contra sus trabajadoras. Ella se enteró en 2016, cuando acudió con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a interponer una queja contra el juez. Ahí le comentaron sobre el historial de Juan Raúl por agredir sexualmente a otras mujeres que han trabajado con él.
Redes de apoyo, esenciales en el avance del caso de Viviana
En este largo trayecto para obtener una pensión alimenticia para su hijo, Viviana ha tenido que cambiar de abogado en distintas ocasiones. “Los abogados que ha tenido ven el asunto y como que se hacen de la vista gorda o les llegan al precio y se salen”, comenta, y agrega que una defensora de oficio que le asignaron tampoco quiso tomar el caso.
No obstante, el equipo de abogadas que tiene ahora ha conseguido avanzar al respecto. Viviana logró entrar en contacto con ellas gracias a Diana Luz Vázquez Ruiz, quien tiene un grupo de madres de Oaxaca que están viviendo circunstancias similares. Todas estas mujeres reciben apoyo legal de manera gratuita para resolver sus casos.
Pese a este apoyo, el camino para Viviana no ha sido sencillo. Actualmente, ella se dedica al comercio y con eso sustenta económicamente sus gastos y los de su hijo. Ahora, lo único que pide es que se respeten los derechos de su hijo adolescente. Esto podría suceder gracias a su nuevo equipo defensor, pero también es necesario que las autoridades dejen de proteger a quien, por años, no se ha hecho responsable de sus obligaciones como padre.
De acuerdo con la Red de Deudores Alimentarios en Oaxaca, hasta 2022, en la entidad había cerca de 800 mil madres que han tenido que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos ante la ausencia paterna. Juan Raúl N. es uno de estos padres, a quienes el sistema judicial han solapado por años. Pero, con movimientos como el encabezado por Diana Luz Vázquez, esto podría estar cerca de terminar.
