Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada el pasado 2 de mayo en las calles de San Miguel Octopan, Guanajuato. No obstante su perfil de Facebook, continúa activo, y en su portada se aprecia un collage de seis fotografías, todas ellas relacionadas con la búsqueda de su hijo José Luis Apaseo Magueyal. Teresa, como miles de mujeres más en México, formaba parte de un grupo de madres buscadoras que, ante el abandono institucional, han decidido tomar en sus manos la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Esto implica dejar el hogar y convertirse en cuasi investigadoras, pero también arriesgar la vida al tocar puertas que el Estado mexicano ha decidido mantener cerradas.
Entre 2010 y 2022, en Guanajuato se han fundado 17 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de acuerdo con el latinoamericanista Fabrizio Lorusso. Uno de estos colectivos es Una promesa por cumplir (UPPC), del cual formaba parte Teresa. Así lo evidencian dos fotografías de su collage: en la primera de ellas, Magueyal posa junto a su hijo José Luis, quien desapareció el 6 de abril de 2020 cuando salió a comprar comida para sus cuatro hijas. A José Luis lo desaparecieron en San Miguel Octopan, la misma comunidad donde el pasado martes 2 de mayo, su madre Teresa andaba en bicicleta cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra ella.
La segunda fotografía en el collage muestra a Teresa (con gorra, lentes y mirada seria) junto a otra mujer de gafas oscuras que sostiene lo que parece ser una pala. Ambas están a la intemperie en un terreno que, pese al filtro blanco y negro, luce árido y seco. Esta es la misma imagen que se reproduce en otros grupos de búsqueda: las madres, hermanas, hijas, esposas, saliendo a campo a buscar aquello que les fue arrebatado por una mano invisible mas no insospechada.
Buscar al dueño (o a los dueños) de esa maquinaria implica ponerse en el ojo de los victimarios. Y alzar la voz contra la impunidad que rodea a dicho sistema acarrea represalias. En el caso de UPPC, las integrantes del colectivo denuncian estar siendo víctimas de amenazas y hostigamiento, algo que las orilló a tomar un descanso tras el asesinato de su compañera.
Quizá por eso, aunque el teléfono del colectivo suena, del otro lado de la línea nadie responde. Los mensajes llegan pero no hay una respuesta de vuelta. Y mientras ese silencio de autocuidado se extiende, en Guanajuato, las cifras de violencia y de desapariciones no dejan de sumar unidades.
El Guanajuato donde vivió Teresa Magueyal
Hay otras dos fotografías en el collage de Teresa: en la primera aparece ella cargado a dos pequeñas, mientras que en la segunda se muestra a una bebé con un vestido de lunares rojos. Son sus nietas, de quienes Magueyal Ramírez se hacía cargo desde la desaparición de su hijo José Luis.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el 12 de junio de 1921 hasta el 8 de mayo de 2023, en Guanajuato hay 2 mil 968 personas que desaparecieron y no han podido volver a sus hogares. José Luis Apaseo forma parte de estas cifras oficiales que, sin embargo, pueden distar por mucho o poco de la realidad. Pero aún con estas diferencias, las gráficas del RNPDNO muestran algo evidente: las desapariciones de personas en Guanajuato se dispararon desde 2006. Antes de ese año, los reportes anuales eran de entre una y cinco personas. En 2006, el reporte fue de diez desapariciones, y el punto máximo alcanzado en 2020 fue de 422.
Esto no es una coincidencia. Tal como explica la psicóloga social Sandra Estrada Maldonado en su artículo “Buscadoras en México: repolitizar la maternidad buscando desaparecidos/as”, el aumento de las desapariciones forzadas y de otras expresiones de violencia en México está íntimamente ligado con la llamada “Guerra contra el narco”.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha esta fallida estrategia de seguridad apenas entró al gobierno en 2006. Ahora, gracias al juicio histórico contra Genaro García Luna (su exsecretario de Seguridad Pública) se sabe que detrás de la fachada de dicha guerra, el gobierno de Calderón movía hilos para favorecer a ciertos grupos delictivos sobre otros. Esto, sin importar que la sociedad civil comenzara a hundirse en un periodo de violencia del que no ha podido recuperarse.
Las desapariciones forzadas son una de las consecuencias de esto. Según detalla Estrada Maldonado, la mayoría de las personas afectadas por este delito son hombres de entre 14 y 29 años de edad, casi siempre de clase media o baja. Quienes desaparecen a estas personas no son solo grupos del crimen organizado: entre los perpetradores de la violencia también hay militares o miembros de las fuerzas armadas en general, quienes terminan convirtiéndose en el brazo institucionalizado de los grupos delincuenciales.
¿Por qué o para qué militares y delincuentes desaparecen a las personas? Las respuestas son múltiples, y van desde el reclutamiento forzado de bandas criminales hasta el objetivo de “despejar el territorio” para el aprovechamiento de sus recursos, según explica Sandra Estrada. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el estado de Guanajuato ha sido uno de los más afectados por estas y otras modalidades de la violencia. De acuerdo con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, desde 2015, la entidad se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional de estados con las mayores cifras de homicidios dolosos; solo entre octubre de 2018 y marzo de este 2023, Guanajuato sumó 18 mil 732 delitos de este tipo.
Por otro lado, el Laboratorio apunta que en el estado se han localizado 235 fosas clandestinas. Entre enero de 2009 y diciembre de 2020, 434 cuerpos han sido extraídos de dichas fosas. Y es precisamente aquí donde los grupos de personas buscadoras han tenido una labor relevante. Tal como señala la investigadora independiente Nadejda Iliná, estos grupos están conformados principalmente por mujeres (madres, esposas, parejas…), lo que en parte puede responder a roles de géneros impuestos por la sociedad.
En su artículo «“¡Tu madre está en la lucha!” La dimensión de género en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León, México», Iliná explica que dichos roles presentan a las mujeres como el núcleo familiar y, desde ahí, madres e hijas profesan un supuesto cariño incondicional a sus seres queridos. Este mismo cariño, entonces, sería el que lleva a las mujeres a asumir responsabilidades de cuidado (y, en este caso, de búsqueda) de sus familiares.
Nadejda Iliná señala que estos estereotipos de han ido deconstruyendo poco a poco; pero, además, la investigadora apunta que los grupos de búsqueda les han dado una dimensión política completamente diferente. Con dichos grupos, las madres han elegido salir de ese hogar al que han sido recluidas históricamente para convertirse en agentes políticos claves para la localización de personas desaparecidas y la exigencia de justicia dirigida a un Estado que no se ha hecho cargo de su búsqueda.
La búsqueda de una es la búsqueda de todas
Las últimas dos fotografías del collage de Teresa Magueyal son imágenes que podrían englobarse en la palabra “esperanza”: en la primera se ve parte de Teresa con el rostro lleno de pastel, quizá de algún festejo de cumpleaños; la segunda es una imagen que reza “Recuerda que una persona de fe, no camina por lo que ve, ¡sino por lo que cree!” (sic).
Teresa creía que encontraría a su hijo. Esto la llevó a unirse al Colectivo de Juventino Rosas y, posteriormente, a Una promesa por cumplir en 2022. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Guanajuato, ella era una de las madres buscadoras cuya participación fue constante en brigadas, capacitaciones y reuniones con las autoridades.
Estas son precisamente algunas de las actividades que las madres y personas buscadoras en general desempeñan al formar parte de algún colectivo como UPPC. Ellas no solo salen a campos buscar a sus seres queridos: también revisan carpetas de investigación junto con las fiscalías, revisan periódicamente los registros de los servicios forenses, orientan a otras familias y se capacitan en criminalística, arqueología y ciencias forenses, entre muchas otras actividades más.
Podemos conocer parte de estas labores en el documental Volverte a ver, el cual fue producido bajo la dirección de Carolina Corral Paredes. En una escena entrañable, dos mujeres buscadoras están en una piscina. Una de ellas (quien encontró a su hermano en una fosa clandestina en Morelos) tiene miedo de flotar, pero su compañera la sostiene y le pide que se suelte, que “se ponga flojita”, que recuerde que ella la va a sostener.
El fin de semana siguiente al asesinato de Teresa Magueyal, grupos de búsqueda se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir justicia en su nombre. Por su parte, Cecilia Flores Armenta (fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora) publicó una foto de Teresa en Twitter y la acompañó con un mensaje que finalizaba: “tu nombre no será olvidado y tu hijo seguirá siendo buscado”. Y eso también significa ser madre buscadora en México.
Buscar a alguien en la República Mexicana implica enfrentarse a grupos delictivos y autoridades corruptas. Esto conlleva, a su vez, el riesgo de ser blanco de amenazas y asesinatos bajo el cobijo de la impunidad. No obstante, realizar esta búsqueda en colectivo también significa tejer redes con otras familias que se enfrentan al mismo problema sistemático. Y, cuando los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos son insuficientes, contar con estas redes puede ser esencial al momento de proteger la vida de quienes buscan.
En el caso de Teresa Magueyal, aún tras su asesinato, este tejido colectivo sigue cobijándola. José Luis seguirá siendo buscado, y el nombre de su madre seguirá sonando en las exigencias de justicia, aún cuando el significado de esa palabra comience a borrarse debajo del cúmulo de violencia que se extiende en nuestro país.
