Ciudad de México.- Organizaciones promotoras de Derechos Humanos informaron que el pasado 3 de mayo en la ciudad de Cuernavaca en Morelos, fue detenida de forma ilegal y arbitraria la defensora de derechos humanos, Xochitl Ramírez Velasco, integrante de la organización civil, Atzin Desarrollo Comunitario A.C.
Desde su detención, hasta su reclusión actual en el penal femenil de Atlacholoaya, Morelos, diversas organizaciones han logrado documentar violaciones a derechos humanos y faltas al debido proceso que ponen en riesgo la vida e integridad de Xóchitl durante esta detención.
Cabe señalar que la defensora detenida, colabora desde 2005 en la organización Atzin Desarrollo Comunitario A.C. donde realiza trabajo en los ámbitos de salud, alfabetización, generación de recursos para las mujeres y medio ambiente en la localidad de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.
Xochitl fue detenida por elementos de la Policía Antisecuestro del estado de Morelos sin que le fuera presentada una orden judicial; al siguiente día en la audiencia inicial, frente a un juez, le dictaron prisión preventiva bajo la acusación de secuestro agravado, exhibiendo una orden de aprehensión girada desde el 24 de marzo del 2019.
A través de un comunicado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT); Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Fondo Semillas Mujeres Sembrando Igualdad dieron a conocer que se encuentran en apoyo de Xóchitl para lograr su pronta liberación.
Estas organizaciones informaron que la defensora de Derechos Humanos estando bajo custodia de las autoridades penitenciarias, fue agredida físicamente y tuvo una crisis de epilepsia, cuyo padecimiento había mantenido bajo tratamiento médico, estos hechos fueron del conocimiento del personal médico en turno quienes le advirtieron “que le bajara a su estrés” porque no la trasladarían al hospital y ahí podía morirse.
La acusación que enfrenta Xochitl, mujer indígena zapoteca, afirnaron las organizaciones, no está aislada de su actividad como defensora de derechos humanos ya que su trayectoría durante los últimos 18 años la ha realizado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas nahualts de la comunidad de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.
Lo cual la ha llevado a participar en diferentes redes y espacios a nivel nacional e internacional, como son la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI).
Las organizaciones quienes emprenden un movimiento de visibilización del caso exigen su liberación inmediata porque afirman, la pretensión de vincularla a un proceso judicial no cuenta con medios de prueba que la incriminen, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades judiciales a que desestimen las acusaciones que catalogaron “sin fundamento”.
Las organizaciones que reconocen la labor de Xochitl como defensora y que denunciaron la detención arbitraria, demandan:
- A la Fiscalía General del estado de Morelos: respetar y garantizar los derechos humanos y de debido proceso de la defensora Xóchilt Ramírez Velasco quien fue detenida arbitrariamente por elementos de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y la Extorsión.
- A las autoridades penitenciarias del Penal de Atlacholaya, Morelos: durante su custodia la salvaguarda física y emocional, garantías a la integridad personal, la salud, acceso a sus medicamentos, alimentación, agua y acceso a visitas de la defensora.
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos: atender inmediatamente la situación de salud y circunstancias de detención ilegal en que fue privada de su libertad la defensora.
- Al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México: activar medidas de protección urgentes para preservar la seguridad personal de la defensora ante la criminalización y acoso judicial que se lleve en su contra con motivo de su labor de defensa.
- Al juzgado correspondiente y juez en turno: desestime las acusaciones sin fundamento y ordene la inmediata libertad de Xochitl Ramirez.
582 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en México durante 2022: CEMDA
Con información Berenice Chavarría Tenorio
Durante 2022 fueron asesinadas 24 personas defensoras del medio ambiente, de las cuales dos son mujeres. Además, se documentaron más de 582 agresiones en el mismo año, perpetradas en su mayoría por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, reveló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
El documento destacó que en total hubo un incremento de agresiones en un 82 por ciento respecto al 2021, lo que convierte al 2022 en el año más violento desde 2014, cuando se realizó el primer informe por parte de CEMDA.
Entre las agresiones más registradas se encuentran: intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y homicidios. Siendo las entidades de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Puebla las más violentas para personas defensoras del medio ambiente.
Respecto a las agresiones por sector, la minería ocupa en 2022 el primer lugar, con los registros más altos de los últimos cinco años. CEMDA también menciona al sector de vías de comunicación (con 26 eventos), puesto que las agresiones cometidas en este se encuentran principalmente relacionadas con proyectos a gran escala, cómo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el denominado Tren Maya.
En cuanto a los principales agresores, la categoría Gobierno se ubica en primer lugar, con 89 eventos de agresión que representan el 45 por ciento del total y de integra por autoridades en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); fiscalías estarles y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional , Secretaria de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional e incluso una agresión registrada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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