Si usted cree que las autoridades del sureste y de la Ciudad de México van ganando todos los premios a la negligencia criminal por su incapacidad para defender sus territorios de la depredación derivada del mal llamado “tren maya” o por favorecer construcciones inmobiliarias a mansalva y callar ante la venenosa quema de combustóleo, respire hondo antes de asomarse a la ciudad de Guanajuato donde hace más de un mes se inició un incendio en el tiradero de basura municipal, un montículo de más de veinte metros que todavía hace unos días humeaba.
Si usted cree los gobiernos estatales pueden aprender de la experiencia de la Ciudad de México y promover un desarrollo sostenible o tomar medidas preventivas para evitar desastres ecológicos, respire hondo antes de comprobar que en Guanajuato capital, por no hablar del estado, un incidente tan grave como el incendio de toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo llantas y otros residuos tóxicos, no ameritó la acción coordinada e inmediata de los tres niveles degobierno, ni plan DN-3 en un estado militarizado, ni drásticas medidas de emergencia por parte del municipio para proteger a la población más vulnerable, la que vive cerca del tiradero (o de éste), los bomberos encargados de apagar el fuego, y los grupos más sensibles a la toxicidad del aire.
Así, aunque el incendio comenzó el lunes primero de mayo, solo se declaró estado de emergencia el miércoles, sin que esto implicara desalojar las zonas aledañas al tiradero ni efectuar un monitoreo constante y público del aire para advertir a la población de los venenos a los que estaba expuesta.
Si bien las clases presenciales se suspendieron una semana y se recomendó evitar actividades al aire libre, el viernes 5 se llevó a cabo un concierto en la Alhóndiga, es decir, al aire libre, con lo cual se envió a turistas y habitantes un mensaje contradictorio y engañoso.
No obstante, el presidente municipal (ignorante de que vivimos en una república laica) promovió una misa en la zona, como si la invocación religiosa paliara la omisión de medidas preventivas y regulatorias.
¿Creen las autoridades que no informar evita el daño a la población? ¿Suponen que no habrá ambientalistas capaces de denunciar los alarmantes niveles de partículas P.M. 10 y P.M. 2.5 en el aire? ¿Ignoran que el humo y la lluvia ácida dañan también los edificios y, por tanto, el patrimonio cultural que enriquece la ciudad? ¿De nada les ha servido atestiguar el deterioro sanitario, ecológico y por tanto social, de Silao o Salamanca?
¿Acaso no basta con la contaminación del agua que en la propia capital han provocado la minería y el mal manejo de las aguas negras? ¿Quá pasará con los lixiviados que se filtrarán del tiradero al subsuelo? ¿Cuánto tiempo querrán ocultar que los incendios de tiraderos mal regulados, comunes en el estado, lanzan al aire y al agua sustancias que provocan cáncer, interfieren con el desarrollo de niños y jóvenes, además de provocar asma, alergias y otras molestias evidentes en el corto plazo?
Aunque Guanajuato no es un estado que se caracterice por una tradición de movilización social, diversos grupos han enfrentado con acciones constructivas la agudización del feminicidio y la desaparición. No sorprende entonces que, ante la negligencia y omisión de la autoridad municipal y estatal, la sociedad civil se organice y actúe.
A raíz del incendio y ante la falta de información oficial, organizaciones ambientalistas y personas preocupadas por las afectaciones al medio ambiente constituyeron un Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos, caracterizado por su organización vertical y la instalación de mesas informativas para educar a la población acerca del impacto a corto y largo plazo de este desastre.
Además, los colectivos (feministas, ambientalistas y otros) y la ciudadanía independiente que lo integran organizaron una marcha a la que asistieron 250 personas el jueves 26 y exigieron información científica, pública y medidas efectivas como un sistema de monitoreo del aire, la regulación del tiradero conforme a la NOM083, el manejo adecuado de los residuos municipales, entre otros puntos de un pliego petitorio al que las autoridades municipales deberían responder con prontitud y eficacia.
Sin duda es de elogiarse que la sociedad se organice y defienda sus derechos y que, pese al contexto polarizado en que vivimos, grupos diversos logren alianzas y acuerdos para movilizarse, informar y hacer valer sus derechos a la salud y a la información. No obstante, cabe preguntarnos qué hace falta para que los gobiernos, sean del color que sean, entiendan la urgencia de la crisis climática y den prioridad a la prevención para evitar daños graves al medio ambiente y, por tanto, a la salud.
En el caso del estado de Guanajuato en particular, es lamentable que, aunque cuenta con profesionistas y especialistas capaces de implementar soluciones a corto y largo plazos, los gobiernos estatal y municipales, que mucho presumen el crecimiento económico, sigan privilegiando un modelo industrial depredador que favorece una modernización sin desarrollo humano.
Promover el auge económico sin acompañarlo de un mejor desarrollo urbano, acorde con las necesidades de la gente, sin garantizar el derecho a la salud por lo menos, es favorecer mayor desigualdad y violencia.
Pasar por alto las normas ambientales y seguir cerrando los ojos ante la contaminación del aire y del agua, como hacen los gobiernos federal, estatal y municipal en tantas zonas del estado, es condenar a la población a una vida cada vez más precaria y dolorosa. La dejadez del gobierno municipal de Guanajuato capital es tanto más lamentable cuanto presume de ser una capital cultural y es sin duda un importante foco para el turismo.
Para quienes vivimos en la Ciudad de México, la contigencia ambiental solo nos indica que la calidad del aire ha empeorado tanto que es mejor quedarse en casa y evitar el uso del automóvil que, según las autoridades, es principal fuente de venenos. Es decir, asumimos como responsabilidad personal un daño colectivo de origen público y sistémico, provocado por un desarrollo urbano depredador, agudizado desde 2019 por la quema de combustóleo en Tula.
Nuestro derecho a la salud ha sido acotado (o anulado) por gobiernos y empresas que, mientras el efecto de la contaminación (o del COVID-19 para el caso) no sea inmediato, darán prioridad al negocio.
Habernos acostumbrado a la violencia institucional que afecta nuestra salud no le resta gravedad al daño infligido ni reduce la responsabilidad de las autoridades. Resignarnos a respirar y beber veneno es aceptar una muerte lenta impuesta por gobiernos omisos y corruptos.
