En México se estima que 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en ocupaciones no permitidas y realizando quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, de acuerdo con el estudio “¿Quiénes son los niños y las niñas que trabajan?” de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación, realizada por la investigadora Concepción Torres Ramírez, detalla que el 42.86 por ciento recibe un salario mínimo o menos, mientras que el 25.44 por ciento no recibe pago alguno.
Además, dos niños por cada niña no reciben ingresos o reciben hasta un salario mínimo; cuatro niños por cada niña reciben de uno a dos salarios mínimos y 12 niños por cada niña perciben más de dos salarios mínimos.
La mayor participación de las niñas se ubica en el sector servicios, tanto de menores de 15 años como desarrollando actividades peligrosas.
En cuanto a la distribución geográfica del trabajo infantil, el estudio apunta que Oaxaca tiene el porcentaje más alto, aunque en números absolutos lo superan Puebla y Estado de México.
Chiapas, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, por su parte, registraron más de 100 mil niñas, niños y adolescentes que trabajan. El informe señala además que 644 mil 658 niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela.
Trabajo infantil, relacionado directamente con la pobreza
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil “es un fenómeno complejo relacionado directamente con la pobreza, pues generalmente constituye una estrategia familiar para complementar los ingresos e incluso sobrevivir, o bien una decisión individual ante una situación de vida precaria”.
En el trabajo infantil intervienen distintos factores, entre los que se encuentran: deudas de la familia, escasez o inexistencia de dinero o alimentos; aumento de precios de bienes básicos; problemas familiares como fallecimiento, enfermedad de algún miembro activo o pérdidas de cosechas.
Entre los factores inmediatos también se tienen identificados: falta de escuelas o escuelas de escasa calidad o inadecuadas; empresas familiares o explotaciones agrícolas que no pueden contratar mano de obra y demanda de mano de obra barata en microempresas informales.
Ello pese a que se cuenta con diversos instrumentos como el Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado por la OIT en 1973 y ratificado por México en 2015. Este pretende la abolición efectiva del trabajo infantil y el incremento progresivo de la edad de ingreso al trabajo, la cual no deberá ser inferior a la prevista para la conclusión de la educación obligatoria, o en todo caso, a quince años.
También la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), promulgada en 1989, establece el derecho de los niños y las niñas a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso.
Incluso en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece “que las autoridades deben prevenir, atender y sancionar los casos en que la infancia y la adolescencia se vean afectadas por el trabajo antes de los 15 años, así como el trabajo que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, al igual que la explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso”.
Pese a ello, las niñas, niños y adolescentes continúan expuestos a este tipo de actividades. “El trabajo infantil en el mundo y en México se mantiene como un reto importante. La meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de terminar con las peores formas de éste para el año 2025 resulta inalcanzable, más aún con las repercusiones socioeconómicas de la pandemia de Covid-19”, sentencia la investigadora en el informe.
