Mérida, Yuc.- En Yucatán hay 767 mil 402 mujeres que se identifican como indígenas, lo que representa el 65 por ciento del total de la población. A pesar de que estas mujeres son mayoría, el gobierno de la entidad no cuenta con mecanismos o leyes interseccionales para atender y prevenir la violencia en su contra. Es por eso que la red Promotoras mayas de justicia exige al actual gobernador Mauricio Vila Dosal que escuche sus solicitudes y se una a los esfuerzos que ellas ya han emprendido para garantizar una vida libre de violencia a todas las yucatecas.
La red Promotoras mayas de justicia inició en 2016, cuando varias mujeres de diversas comunidades comenzaron un proceso colectivo de formación con varias organizaciones acerca de sus derechos humanos. Desde antes de eso, muchas de ellas ya se dedicaban de una u otra forma a la defensa y protección de las mujeres de sus comunidades. Esta experiencia les ha permitido observar y conocer de cerca la situación de la violencia contra las mujeres en Yucatán.
De acuerdo con estadísticas recolectadas por la red, 7 de cada 10 mujeres en la entidad han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Este alto índice de violencia se da en un contexto en el que factores culturales y sociales orillan a la víctima a no denunciar. Algunos de ellos son el hecho de que las comunidades justifiquen a los hombres que maltratan mujeres o el que las y los pobladores culpen a la víctima de lo sucedido.
También hay otros factores institucionales que hacen que para las mujeres de las comunidades más marginadas (en especial para las mujeres indígenas) sea casi imposible obtener justicia. Promotoras mayas de justicia explican que algunos de estos factores son la falta de personal maya hablante en los módulos de atención a víctimas y la discriminación de la que son víctimas por cuestiones raciales.
Desde su fundación en 2016, la red Promotoras mayas de justicia ha trabajado para subsanar estas omisiones y, al mismo tiempo, dar acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia en sus comunidades. Sin embargo, la responsabilidad principal sigue siendo de las autoridades, por lo que han decidido trabajar de la mano con ellas.
Fue así que en septiembre de 2022 surgió la guía llamada Justicia comunitaria para mujeres mayas víctimas de violencia, la cual está dirigida a comisarios municipales y jueces de paz, quienes normalmente son las primeras que reciben las denuncias de mujeres violentadas en las comunidades yucatecas. Con esta guía, los funcionarios pueden conocer y seguir los protocolos de atención adecuados para las mujeres indígenas víctimas de violencia de acuerdo con sus condiciones específicas.
Esta guía, por lo tanto, está pensada desde una perspectiva interseccional. Actualmente, la red (conformada por 40 mujeres mayas de ocho municipios de Yucatán) ya la ha entregado a las autoridades municipales de diferentes partes del estado. Ahora buscan hacer lo mismo con el gobernador Mauricio Vila Dosal, a quien solicitan una reunión para poder dialogar y proponer soluciones en la atención de violencia contra las mujeres yucatecas.
Mujeres mayas proponen comisión para trabajar con el gobierno
Durante una conferencia de prensa el pasado 31 de junio, la red Promotoras mayas de justicia hizo un llamado al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para que las reciba y escuche sus análisis, solicitudes y propuestas para atender la violencia contra las mujeres en la entidad. Parte de estos temas se centra en la necesidad de recursos económicos y de personal capacitado para atender a las víctimas y prevenir las agresiones.
En este sentido, las integrantes de la red explicaron que las autoridades municipales no cuentan con los recursos necesarios para atender los casos de violencia en las comunidades. Además, la red denunció que muchas de las mujeres mayas que acuden a denunciar son discriminadas por los funcionarios públicos debido a su vestimenta. Estos funcionarios también tienen actitudes machistas.
Por otro lado, las promotoras de derechos humanos también señalaron que las autoridades están centralizadas en Yucatán, lo cual dificulta el acceso a justicia a mujeres de las comunidades más lejanas a ciudades centrales. Esto provoca que las víctimas acudan primero a las autoridades comunitarias, pero aquí se encuentran con las barreras mencionadas.
Ante esto, la red de defensoras de derechos humanos pide al gobierno yucateco generar protocolos de atención interseccionales, adecuados para las necesidades de las mujeres indígenas. Igualmente, pide que se asignen presupuestos justos para proteger y promover los derechos de las mujeres yucatecas. También solicita la creación de políticas públicas con el mismo objetivo y la modificación necesaria del marco legal para hacer las leyes más accesibles para las mujeres indígenas.
Las promotoras también piden que la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte del gobierno sea gratuita y permanente, y que las mujeres indígenas puedan recibir asesoría jurídica tanto en español como en su lengua materna. También piden que se capacite a las autoridades y que éstas proporcionen una atención rápida a nivel estatal a las mujeres.
Por otro lado, la red solicita que a las mujeres mayas en conflicto con la ley se les dé atención gratuita, con respeto y sin discriminación. Igualmente, que sus casos sean analizados antes de que se dicte una sentencia contra las acusadas.
La red de mujeres maya también pide al gobierno centrar sus esfuerzos en la difusión y educación en materia de derechos de las mujeres indígenas. De igual forma, las defensoras piden a las autoridades que les abran la puerta para participar en el diseño de leyes en favor suyo.
Por último, la red propone la creación de una comisión intersectorial de diálogo y seguimiento con las instituciones encargadas de atender y prevenir la violencia contra las mujeres en Yucatán. Esta comisión se reuniría cada 6 meses para analizar los resultados de las estrategias que se vayan implementando.
Para materializar estos esfuerzos, las integrantes de la red piden reunirse con el gobernador de Yucatán y coordinar esfuerzos. “Queremos entregarle esta agenda al gobernador Mauricio Vila para que no quede solamente aquí y haga valer nuestros derechos y exigencias para vivir una vida libre de violencia”, declararon las integrantes de la red Promotoras mayas de justicia.
“Juntas somos la voz de muchas mujeres valientes”, concluyeron las promotoras. Y así, juntas, buscan soluciones a las problemáticas particulares de sus comunidades.
