Ginebra, Suiza.- Este viernes 30 de junio, la activista e intérprete traductora Cristina Solano Díaz expuso las dificultades a las que se enfrentan las mujeres indígenas al ejercer sus derechos políticos en México. Entre ellas se encuentran la discriminación y el racismo institucionales, así como la violencia al interior de los partidos políticos. Es por eso que, frente a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Solano propuso varias medidas para proteger los derechos políticos de sus compañeras; entre estas medidas se encuentra la creación de un Observatorio Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.
La participación de Cristina Solano (indígena Ñuu Savi y dirigente estatal) se dio durante el 53 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante el panel en el que participó el pasado 30 de junio, habló sobre su experiencia personal de participación política en 2021. Ese año, Solano Díaz fue candidata a diputada local como mujer indígena migrante. «Ahí viví la dura realidad que enfrentamos las mujeres indígenas al ejercer nuestros derechos políticos», comentó al respecto.
Según explicó la fundadora de Mediadores Bilingües Interculturales A.C., entre las barreras a las que se enfrentó se encuentran la violencia partidaria e institucional, el racismo y la discriminación en la asignación de presupuesto para una campaña que se dio el marco de una pandemia que puso en riesgo su vida y la de miles de mujeres más que la acompañaron en el proceso.
A eso se sumó también la usurpación de candidaturas indígenas y los desafíos que las mujeres indígenas siguen enfrentando en la defensa de su derechos políticos. Ante tal situación, Solano Díaz recordó que es imprescindible la acción de los Estados. En el caso de México, por ejemplo, el Estado está suscrito a la Recomendación General 39 del Comité CEDAW 2022 sobre las Mujeres y Niñas Indígenas en el Apartado de Violencia y Participación Política. Dicha recomendación (impulsada desde la Asamblea Nacional de Derechos Humanos) debe atenderse.
Finalmente, para impulsar de manera efectiva la participación pública y política de las Mujeres y Niñas Indígenas, Cristina Solano Díaz lanzó las siguientes propuestas de participación y representación política:
- Implementar un Observatorio Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyo objetivo sea dar cumplimiento a las leyes en materia electoral indígena y de violencia política en razón de género.
- Diseñar en conjunto con las mujeres indígenas un Programa Nacional de Fortalecimiento para la Participación Política de las Mujeres Indígenas, con pertinencia cultural y lingüística que incentive su participación y representación política en todos los niveles de gobierno.
- Implementar un plan de formación integral con perspectiva de género, intercultural, lingüística y de derechos humanos dirigido a autoridades de sistemas normativos internos y partidos políticos en el ámbito comunitario, municipal, estatal y federal para la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres indígenas en razón de género.
- Impulsar programas de acompañamiento espiritual, defensa jurídica especializada para las mujeres indígenas ante la violencia política en razón de género, ante la violencia institucional y sancionar la usurpación de las candidaturas y posiciones que le corresponden a las mujeres indígenas.
- Otorgar a las mujeres indígenas todos los insumos físicos, económicos y materiales para el desempeño de sus funciones en los cargos de participación política.
- Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en todos los ámbitos de la esfera pública y política.
Organizaciones de mujeres indígenas ya están haciendo la diferencia
El panel celebrado este 30 de junio en Ginebra, Suiza, tuvo como objetivo destacar las tendencias actuales de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en la vida pública y política; también, exponer cómo dicha violencia representa una forma de discriminación y una barrera estructural para la participación de las mujeres.
En el panel de discusión también se identificaron algunos ejemplos prometedores de medidas legislativas, políticas, judiciales e institucionales adoptadas por los Estados para abordar la violencia de género en la vida política y pública en línea con sus obligaciones de derechos humanos para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia y promover participación política de las mujeres. Y es precisamente aquí que se destacó la iniciativa ya emprendida por las mujeres indígenas en México.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020 en México, la población indígena por autoadscripción ascendía a 23 millones 229 mil 089 personas; de ellas, 11 millones 949 mil 501 son mujeres (es decir, el 51.4 por ciento). Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) menciona que el 28 por ciento de la población indígena se consideró discriminada por su adscripción étnica. Este dato ha venido acentuándose en comparación al 2017, donde se calculó que el promedio era de 25.3 por ciento de la población indígena encuestada.
A su vez, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta que las mujeres víctimas de homicidio doloso pasaron de 620 casos en el primer trimestre de 2022 a 674 para el mismo periodo de 2023. Durante el primer trimestre de este 2023, estos delitos se han incrementado 8.7 por ciento en comparación con el año pasado.
Tal como expuso Cristina Solano Díaz frente a Naciones Unidas, junto a estos datos (muchos de los cuales, además, no muestran la incidencia de la violencia en las comunidades indígenas) se encuentran la violencia estructural, la discriminación y el racismo institucional para la atención a las demandas de las mujeres y niñas indígenas en la búsqueda de la participación en los espacios de la vida pública y política.
«Es de relevancia la participación activa de las mujeres y niñas indígenas para visibilizar, accionar, demandar la exigibilidad de sus derechos humanos, derechos colectivos y políticos en todos los espacios de toma de decisiones. De ahí surge la necesidad de la articulación nacional de las mujeres indígenas», aseveró la lideresa Cristina Solano durante su visita a Ginebra.
Tal como en otros sectores de la sociedad civil, las mujeres de las comunidades indígenas en México llevan tiempo conjuntando sus esfuerzos para llenar estos vacíos estatales. Muestra de ello es la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), una articulación de redes nacionales de mujeres indígenas que trabajan por el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres indígenas en México.
Estas redes realizan trabajos de vinculación con instituciones gubernamentales, académicas e instancias internacionales, y entre sus objetivos estratégicos se encuentran la promoción de los derechos de las mujeres indígenas con perspectiva de género e interculturalidad y el fortalecimiento de la participación y representación política de las mujeres indígenas en los espacios públicos de toma de decisiones.
Alimentándose de las experiencias comunitarias e institucionales que han enfrentado las mujeres y niñas indígenas en la participación pública y política, la Asamblea Nacional realiza acompañamiento en formación, acompañamiento en algunos casos de violencia política y ejercicio de derechos políticos. Igualmente, la ANPMI incide en la implementación de Acciones Afirmativas para el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres en los sistemas de cargos comunitarios, de diputaciones federales desde 2017 hasta la actualidad, impulsando la mayor participación política de las mujeres indígenas.
La ANPMI está conformada por la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Red CAMIA), el Colegio Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), la Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas (RENAMUJI), la Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígena (RNITLI) y la Red Indígena de Turismo de México (RITA).
Pese a los esfuerzos de todas estas redes, es necesario que los Estados también formen parte de esta tarea y, con ello, las herramientas para que las mujeres indígenas puedan ser parte de la política de su país se vean reforzadas.
