Incremento en las labores de cuidados no remuneradas, retroceso en los derechos sexuales y reproductivos; aumento alarmante en cifras de violencia en el hogar y crecimiento de la brecha de género en el mercado laboral, fueron solo algunas de las secuelas que acumuló la pandemia por Covid-19 para las mujeres.
“Declaro con gran esperanza el fin de Covid-19 como emergencia sanitaria internacional”, aseguró Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 5 de mayo. Lo anterior a tres años de que se decretara una emergencia que dejó diversos estragos a nivel social.
Pero, a más de 30 meses de que la pandemia se instalara en la vida de la humanidad: ¿cómo afectó y en qué condiciones deja a las mujeres y niñas?
La incertidumbre ante un nuevo virus que empujó al mundo al confinamiento
El 31 de diciembre de 2019 se tuvo por primera vez conocimiento de la existencia de un caso provocado por el coronavirus SARS-CoV-2 en Wuhan, China. En ese momento se catalogó como “neumonía vírica”, más tarde (el 9 de enero de 2020) la enfermedad sería conocida como Covid-19.
Dos meses más tarde (27 de febrero de 2020) se detectó el primer caso de Covid-19 en México. Al siguiente día se inició el registro en la plataforma de la Secretaría de Salud.
A lo largo del mundo los casos y defunciones se incrementaron, también comenzó a dejarse ver la inacción gubernamental en la mayoría de los países para frenar los contagios y brindar atención. Por ello, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia global.
Por otro lado, en México arrancaron campañas como la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual entraron en acción las medidas sanitarias y de distanciamiento social para disminuir los contagios.
Sin embargo, las medidas continuaban siendo insuficientes. Por lo que arrancaron las etapas de confinamiento. Mismas que representaron para la sociedad, pero en específico para las mujeres, un peligro. Y es que ellas tuvieron que quedarse encerradas en sus hogares con su violentador, aumentó la labor de cuidados no remunerada y muchas de ellas perdieron sus empleos.
Las mujeres “se quedaron en casa” con su agresor
Al tiempo que la campaña Quédate en casa se instaló en México, el gobierno olvidó que otra pandemia grave se vivía al mismo tiempo: la violencia de género. Por ello, sin consideración o política pública previa, enviaron a mujeres y niñas a sus hogares con los agresores.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicaron que la incidencia en delitos de violencia de género creció 20.2 por ciento entre enero y junio de 2020; asimismo, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 45 por ciento, en comparación con el periodo de enero a junio de 2019.
Tras registrarse estas primera cifras, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la violencia contra las mujeres al grado de incluso señalar de falsas las llamadas de emergencia que se registraron durante las primeras etapas del confinamento.
“Otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado”, expresó en su conferencia de prensa matutina del 15 de mayo de 2020.
Para López Obrador, «en la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos y siempre ha habido una convivencia en armonía”, por lo que para el presidente la violencia contra las mujeres no formaba parte de esta cultura.
Las cifras no vieron una reducción durante los siguientes dos años. Durante 2020 fueron integradas más de 200 mil carpetas de investigación por violencia familiar. Tan solo de enero a junio de 2021, se integraron más de 120 mil. Incluso junio de 2022 se convirtió en el mes más violento para las mexicanas de los últimos siete años.
De acuerdo con datos del SESNSP, junio de 2022 alcanzó una cifra histórica al registrar un total de 368 asesinatos de mujeres: 281 clasificados como homicidios dolosos y 87 como feminicidio, cifra que no se había visto en los últimos siete años.
El dato más alto de la que se tenía conocimiento corresponde a agosto de 2021, con 271 homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, la violencia feminicida alcanzó récords aún más alarmantes, esto en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Lo anterior puso en evidencia que las políticas públicas y las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres en México no han sido suficientes ni antes ni durante la pandemia por Covid-19. Dejando a la sociedad civil y organizaciones feministas con la responsabilidad de responder a esta problemática, aseguró Equis Justicia en su informe Las dos pandemias.
Por ejemplo, tan solo la Red Nacional de Refugios (RNR) refirió que las atenciones a mujeres víctimas de violencias incrementaron 39 por ciento en 2020. Cuatro de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio y se incrementan 300 por ciento los rescates a mujeres realizados por la propia red.
“México enfrentó un 2020 en donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes. Uno de los años más violentos, en el cual, las violencias contra las mujeres por razones de género tuvieron los índices más altos debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias”, destacó la RNR.
Ante esta realidad, ¿qué le corresponde al Estado mexicano? Para la doctora Aimée Vega Montiel, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, las autoridades deben “trazar horizontes de posibilidad para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México”.
“Los Estados desoyeron las advertencias, lo que derivó en un retroceso preocupante que los obliga a poner al centro de su política de recuperación post-pandemia los derechos humanos de las mujeres”, expresó Vega Montiel en el libro “Situación de las Mujeres Mexicanas en tiempos de pandemia”.
La demanda abrumadora del trabajo de cuidados no remunerado
El trabajo de cuidados no remunerado, que históricamente ha sido relegado a las mujeres, vio un incremento exponencial durante la pandemia por Covid-19. Y aunque la emergencia mundial llegó a su fin, este fue y continúa siendo un tema pendiente en la agenda de los gobiernos.
El cierre de escuelas en México, que dio inicio en marzo de 2020, supuso que niñas y niños dependieran de sus familias para continuar con su educación a través de clases a distancia. Esta tarea fue principalmente relegada a las madres.
Los cuidados de las personas enfermas y de adultos y adultas mayores también recayeron en las mujeres y niñas, quienes incluso se hicieron cargo de otras personas menores de edad.
Antes de la pandemia, el día “promedio” de una madre mexicana era así: despertar temprano, alistar a sus hijos e hijas para la escuela, preparar el desayuno, llevar a las y los menores de edad a las aulas, volver a su hogar, dedicar horas a labores de limpieza, gestionar la compra de alimentos, volver a la escuela por sus hijos, preparar la comida, ayudarles con las tareas, comer, descansar -si es posible- un par de horas, alistar nuevamente a sus hijas o hijos para dormir, acostarse y mentalizarse para repetir esta rutina al día siguiente.
Sin embargo, con la pandemia los días de las madres mexicanas se alteraron, convirtiéndose en lo siguiente: Despertar, ayudar a sus hijos a conectarse a las clases a distancia (a través de la televisión o vía internet); al mismo tiempo de darles atención, preparar el desayuno. Concluir las clases, ayudarles a sus hijos con las tareas, salir de su hogar para gestionar la compra de alimentos aún con el riesgo de contagio que ello suponía, volver a casa, preparar la comida, alimentar a su familia y estar constantemente al pendiente de las necesidades de las personas enfermas que se encontraban en su hogar.
Dormir cuando se podía, sin descansar, para nuevamente repetir la rutina. Esto sin considerar las violencias que pudiera haber enfrentado una mujer durante el confinamiento.
Además, en aquellos casos donde las madres mexicanas fueron enviadas a trabajar de forma remota, no solo se hacían cargo de lo anterior, sino de sus deberes laborales que tampoco se detuvieron. Lo cual provocó que al menos 25 por ciento de ellas hayan tomado la decisión de renunciar, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De poco en poco, durante la pandemia las mujeres ya habían dedicado tres mil 417 millones de horas semanales al trabajo doméstico sin recibir remuneración alguna, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2021. Es decir, por cada 10 horas que dedicaron las mujeres a esta labor, los hombres únicamente invirtieron 8.5.
¿Cuál es la respuesta a esta crisis de cuidados por parte del Estado? El actual panorama revela que ha sido poca la preocupación para reducir las desigualdades en el tema. Y es que, por ejemplo, la propuesta para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados continúa estancada en el Senado, poniendo de manifiesto la poca voluntad política para redistribuir esta labor.
Lo anterior aún cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, alertó que para 2025 la demanda de cuidados podría incrementarse de manera alarmante.
Según un análisis de dicho organismo, para 2025, la población de adultas y adultos mayores de 60 años ascenderá a 17 millones de personas en nuestro país. Esto equivaldría a un 13 por ciento de la población total, la cual requerirá de cuidados especiales propios de su edad. A esto se sumará, además, la cantidad de personas que seguirán desarrollando secuelas tras haberse contagiado de Covid-19.
Ante ello, organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expresan que para afrontar el aumento de la demanda de cuidados especializados (actual y futura) es necesario repensar el sector de la salud desde una perspectiva de género.
“Es necesario trabajar en sistemas de salud eficientes que puedan responder adecuadamente a los desafíos de la transición demográfica y epidemiológica, las pandemias y las crisis humanitarias derivadas de los desastres y las emergencias climáticas, entre otros factores con importantes efectos en el cuidado de la salud. Es necesario adoptar en mayor medida el enfoque de atención primaria de la salud y la promoción de la salud basada en la comunidad, teniendo en cuenta que los servicios médicos disponibles y las inversiones en infraestructura de salud pública tienen un impacto directo en el tiempo que los hogares dedican al cuidado”.
Cepal destaca que las políticas de cuidado deben sostenerse sobre la base de los principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social, es decir, con intervención de las familias, el Estado, el mercado y la sociedad, y corresponsabilidad en términos de género entre hombres y mujeres.
“La crisis debe transformarse en una oportunidad para fortalecer las políticas de cuidados en la región, desde un enfoque sistémico e integral, incorporando a todas las poblaciones que requieren cuidados, a la vez que se articulan con las políticas económicas, de empleo, salud, educación y protección social sobre la base de la promoción de la corresponsabilidad social y de género”.
Pandemia empujó a la maternidad no deseada a millones de mujeres
Además de lo anterior, la pandemia supuso una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres.
Por un lado, cuando la Secretaría de Salud en México decidió adoptar medidas para reducir la exposición y transmisión del virus entre la población mexicana, esto implicó restricciones a diversos servicios, entre los que se vieron afectados aquellos que corresponden a la salud sexual y reproductiva, desde acompañamientos, el acceso a métodos anticonceptivos hasta la limitante para solicitar un aborto.
Esta situación se reflejó en todo el mundo, que en total (tan solo en 2020) trajo consigo 1.4 millones de embarazos no deseados en los países en desarrollo. En total, destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), serían 7 millones de embarazos no planeados durante la emergencia sanitaria.
En México, de acuerdo el Consejo Nacional de Población (en un escenario moderado) entre 2020 y 2021 se habría registrado un número adicional de 145 mil 719 embarazos no planeados entre mujeres de 15 a 49 años de edad, y de manera específica, 21 mil 575 embarazos no planeados entre adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Ellas sin oportunidad de acceder a un aborto. Ya que tan solo en 2020, el acceso al procedimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México disminuyó 42.37 por ciento. La reducción de hospitales donde se brindaba este servicio y la falta de información provocó que miles de mujeres se vieran afectadas.
¿Cómo se podrán revertir las afectaciones que enfrentan y enfrentarán las mujeres que no tuvieron una maternidad deseada durante la pandemia? Es la pregunta que aún no ha podido responder el gobierno mexicano, como otras garantías que tampoco se vigilaron durante la pandemia dejando en vulnerabilidad la vida y dignidad de miles de mujeres.
