Ciudad de México.- A un mes de la violencia y abuso de autoridad policiaca contra mujeres participantes de la marcha del 8 de marzo en la plaza de armas de capital de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia de la entidad no ha dado a conocer avances de las investigaciones por las 10 denuncias penales interpuestas contra la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Vialidad y tampoco se sabe si hay seguimiento a las 13 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado.
María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la colectiva Olimpia de Gouges, recordó que en la agresión policiaca en la plaza de armas, tras ser detenidas un grupo de mujeres en su mayoría jóvenes y algunas menores de edad, fueron llevadas con violencia por los policías al Callejón de las Campanas, ubicado entre los edificios del palacio de gobierno, donde despacha el gobernador David Monreal Ávila, y la catedral de Zacatecas, para vejarlas, robarles sus teléfonos celulares, identificaciones personales y amenazarlas.
“Los hechos de ese día fueron una demostración descarada de fuerza destinada a silenciar y amedrentar a las mujeres que se unen para levantar la voz y denunciar la violencia que enfrentamos en todos los ámbitos de nuestras vidas. La brutalidad y el despliegue feroz contra quienes nos manifestábamos pacíficamente no tienen precedentes en Zacatecas ni en México”, denunció.
En conferencia de prensa, las integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas, que aglutina a colectivos de la zona metropolitana de la capital del estado-, indicaron que el gobierno de Zacatecas no solo perpetró estos hechos de abuso de autoridad «de manera cobarde», sino que el gobernador de la entidad, David Monreal Ávila, ha callado ante sus demandas de justicia y destitución de los responsables materiales e intelectuales: Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno, al igual que Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad pública.
Mencionó que 10 de ellas presentaron denuncias por privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones, tortura y tentativa de feminicidio. Trece interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales han sido atraídas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que estarán vigilantes de que estos hechos públicos y notorios de abuso de autoridad y tortura concluyan en una recomendación para las autoridades del estado.
Además, denunciaron que observan lentitud y falta de interés en la integración de las 10 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía local, encabezada por Cristian Paul Camacho Osnaya, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) siguen sin actuar, las mujeres víctimas de la severa agresión del 8 de marzo viven con temor de ser buscadas por las y los policías, quienes hace un mes las detuvieron con golpes de toletes, escudos, polvo de extintores apagafuego y las arrastraron semidesnudas.
La movilización en Zacatecas por el Día Internacional de la Mujer concluyó con una represión entre las colectivas de mujeres y la Policía Estatal Preventiva desplegada en la Plaza de Armas, donde había hombres uniformados, en diversos videos que circularon por redes sociales se puede apreciar el momento en que elementos antimotines agredieron a las jóvenes, por lo que nuevamente se vuelve al recurso de represión y criminalización del movimiento feminista.
En redes sociales, un espacio que también ha permitido la resistencia entre las manifestantes y defensoras de derechos humanos, difundieron videos donde acusan que la policía zacatecana las estaban atacando con gas lacrimógeno, según versiones de la policía, ellos solo usaban extintores para evitar que las activistas, siguieran con la iconoclasia.
Cabe señalar que estos hechos ocurrieron en el año “de la paz” decretado por Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del Gobierno del estado; no obstante, esta entidad vive condiciones de inseguridad alarmantes frente a los hechos delictivos perpetrados por la delincuencia organizada; además se han dado a conocer asesinatos como el del director de Desarrollo Social de Fresnillo, quien además era cuñado del senador Ricardo Monreal.
Mara Muñoz Galván, abogada feminista, informó que ante la pasividad de la fiscalía y la comisión de derechos humanos locales, la demanda de justicia y castigo a los responsables se pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar que estos sucesos queden impunes. Y se recurrirá además ante organismos internacionales, para dar visibilidad a este caso de injusticia.
María Luisa Sosa de la Torre precisó que sigue vigente la exigencia de renuncia, de Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del Gobierno estatal, señalado como el responsable directo de coordinar la agresión que los policías estatales perpetraron contra las manifestantes, junto con la demanda al gobernador de separar de su cargo al general Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.
Algunas de las mujeres víctimas de la agresión, entre ellas la comunicadora Nancy García, denunció estar inconforme con la lenta indagatoria de la CDHEZ, que encabeza Marisela Dimas, designada en ese puesto por el congreso local, a propuesta del gobernador David Monreal Ávila.
“La demanda ha estado transcurriendo con lentitud, de mi parte llevé pruebas que se me han estado pidiendo, como videos, testimonios, y creo que va demasiado lento. Las investigaciones están muy lentas, a pesar de que ellos dijeron al principio de que iba a ser una investigación transparente y ágil, y parece increíble que a un mes de los acontecimientos no hay ningún avance”, expuso.
Sobre el trabajo de la fiscalía, manifestó que quieren saber cómo va la Fiscalía, que presente resultados, qué es lo que han encontrado, si ya están agotando ese tipo de temas, porque ya ellas aportaron varias pruebas, y “no hemos recibido ningún resultado al respecto”.
Otra joven víctima, identificada como “Anita”, lamentó que ellas tienen que estar llevando todas las evidencias, pruebas, testigos y las autoridades no han hecho nada, por lo que cuestionó para cuándo les van a presentar un avance; además, lamentó que, en su discurso, el gobierno de Zacatecas siga promoviendo el lema de que el año 2024, “es el año de la paz, cuando todos sabemos que no hay nada de paz”.
“El año de la paz es una burla, no solo para quienes fuimos víctimas de tortura y brutalidad policiaca el 8M en Zacatecas, sino para todas las familias que han sido víctimas de graves delitos y violaciones a los derechos humanos, como desaparición y feminicidio. Zacatecas es un estado doliente por la violencia generalizada y la paz no se logra por decreto. Llaman a construir la paz cuando tienen las manos manchadas de sangre, sin legitimidad alguna”, manifestaron.
Otra mujer víctima, quien omitió su nombre, expuso que, “lo que sufrimos fue terrible, increíblemente fuerte, algo sin precedente, y estos han sido días muy complicados, tememos por nuestra vida, tememos por nuestra seguridad, tenemos miedo, la Fiscalía no ha investigado nada. Quienes tomamos transporte público, no podemos ni salir a la calle, por temor y no queremos seguir viviendo así. Los responsables de la agresión siguen libres”.
La colectiva refirió que le apuestan por acudir a las instituciones para exigir justicia. La consigna feminista: “no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, resuena con fuerza, reflejando el horror que vivimos el 8 de marzo pasado. Gran parte de la tortura fue perpetrada de manera en las sombras del callejón de las campanas, un lugar al que la autoridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a pesar de nuestra solicitud, no ha podido acceder para recopilar pruebas biológicas ni obtener todas las cámaras que se encuentran vigilando este lugar.
Señalaron que se han dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas y esperamos su visita a Zacatecas para observar de primera mano las flagrantes violaciones a sus derechos cometidas por las fuerzas policiales del estado el pasado 8 de marzo. Acudirán a los mecanismos de derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano para informarles sobre la grave situación que viven en Zacatecas. Además, presentaremos un recurso ante la función pública para exigir formalmente la destitución de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de estos actos atroces.
“Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las mujeres. No descansaremos hasta que se haga justicia y se respeten nuestros derechos fundamentales. Ni perdón ni olvido, 8 de marzo, no se olvida. ¡Ni una menos! ¡Justicia para todas!”
