Ciudad de México.- Mujeres periodistas quienes laboran en las radios universitarias denunciaron que en sus entornos laborales enfrentan prácticas injustas, salarios precarizados, omisiones en sus denuncias por acoso y abuso sexual y lejos de encontrar garantías de no repetición las instituciones han optado por censurarlas, callarlas o hasta quitarles sus empleos.
Esto fue denunciado durante el conversatorio «La violencia laboral en las radios universitarias: lo que ocurre detrás del micrófono», organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el cual fue conducido por Olimpia Martínez Ramírez integrante del Programa de Libertad de Expresión.
El conversatorio contó con la participación de las periodistas y comunicadoras Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos; Jessica Trejo Gómez, productora, radiofónica y documentalista sonora; Jaqueline García López, licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera; Ariana Lizeth García Partida, profesora de educación media superior, quienes en conjunto compartieron sus experiencias y observaciones de violencia ejercida en este espacio.
La violencia ejercida contra las comunicadoras y periodistas no es un fenómeno aislado, desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha documentado un total de 338 agresiones contra ellas durante el 2025, siendo que ese año fue señalado como el más riesgoso en comparación con el monitoreo realizado en otros años.
De acuerdo con Olimpia Martínez Ramírez, desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha detectado un avance sistemático de la violencia contra comunicadoras y periodistas que va en aumento, particularmente en los medios universitarios como radio, prensa, televisión, entre otros. Los hallazgos de la organización revelan que se relacionan con las condiciones laborales y las estructuras de poder.
Jessica
Jessica Trejo Gómez, productora y documentalista sonora, llegó a trabajar a Radio UNAM desde que realizó su servicio social en las instalaciones, pese a sus estudios en Letras Hispánicas comenzó a tomar algunos diplomados en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para formarse. Con el tiempo logró integrarse a Radio Uno en donde estuvo dos años y medio con un contrato por honorarios de 5 mil pesos mensuales por el cual cubría 8 horas diarias con descansos durante los fines de semana.
Compartió que el horario era estricto y tenía que cumplir con todas las tareas que le asignaban pero cuando se cambió al área de producción tuvo mayor carga de trabajo porque estuvo a cargo de dos mini producciones y una producción grande por el mismo salario y bajo las mismas reglas. Aunque ese proceso lo vivió desde una curva de aprendizaje, Jessica describió que se desilusionó al tener un empleo precario haciendo una de las actividades que más le gusta: trabajar en la radio.
Desde su experiencia observó faltas de contrato, falta de claridad en las responsabilidades que generan vacíos institucionales, omisiones ante denuncias laborales, modificaciones en el contrato donde las trabajadoras son llamas a una categoría menor como «proveedoras de servicios», plazas dadas a hombres de confianza y doble carga laboral.
Sin embargo, lo que más le afectó fue que al preguntar por una plaza desocupada, la institución quiso asignarle las responsabilidades de dicho cargo sin la remuneración económica que le correspondía.
El asunto escaló hasta que Radio UNAM congeló a Jéssica de sus actividades por casi un año en esa área y la trasladaron a otra sin consultarla. Particularmente, acusó que las mujeres eran las más castigadas pues les comenzaron a quitar responsabilidades y parte de sus salarios, mientras que con sus compañeros ocurría lo contrario.
Cuando ella comenzó a reclamar la situación desde una perspectiva de derechos humanos su denuncia fue minimizada argumentando que «no tenía relación con un tema de género».
Ariana
Ariana Lizeth García Partida, profesora de educación media superior, compartió que estuvo 18 años trabajando en la Unidad de Difusión de La Gaceta del CUSUR en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara a través de un contrato de prestación de servicios profesionales que a veces llegaba a extenderse de tres a cuatro meses, por lo que siempre estuvo preocupada por la seguridad laboral.
A los pocos años se volvió profesora de asignatura dentro del Centro Universitario, pero se enfrentó a sueldos bajos y una carga laboral mayor junto con sus actividades en la Unidad de Difusión donde también manejaba las redes sociales del CU. En mayo de 2022, con una nueva administración el jefe de Ariana pasó a ser el coordinador de extensión y con ello ocurrieron varios cambios y violencias como hostigamiento laboral por un año hasta llegar a un punto en que para ella era «insostenible el trabajo».
Su trabajo era descalificado sin compartirle retroalimentación de lo que debía corregir, constantemente era puesta a prueba y sometida a altos niveles de presión, no obstante, a pesar de las quejas presentadas por varias personas, el hostigamiento continuó hasta que optó por hablar con el rector de la universidad quien le pidió tiempo para investigar las denuncias mientras ella se iba de incapacidad por su embarazo, pero la violencia no cesó.
Ariana y dos compañeras más interpusieron una queja en la universidad y en la Defensoría de los Derechos Universitarios y contrario a las resoluciones que estaban esperando, lo que ocurrió después fue una serie de trabas institucionales, procesos de denuncia largos y la desestimación de 2 de las 3 denuncias porque la instancia se declaró «incompetente para atender quejas de prestadores de servicios» evidenciando que no eran parte de la comunidad universitaria.
La denuncia de Ariana sí prosiguió al ser profesora de asignatura, pero hasta la fecha no ha recibido alguna resolución, pues en la Defensoría de Derechos Universitarios le dijeron que tampoco su caso procedía al ser un asunto laboral y se envió la responsabilidad a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones donde el presidente y el secretario eran el rector y el segundo jefe que colocaron al retirar a su agresor.
Jaqueline
Jaqueline García López, es licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera, ella denunció durante el conversatorio el hostigamiento laboral que vivió dentro de la UNAM, institución donde trabajaba. Detalló que en ese proceso enfrentó indefensión marcada por su condición contractual, ya que no era reconocida formalmente como trabajadora. Esto le impidió acceder plenamente a mecanismos institucionales de denuncia.
Ante la falta de una respuesta efectiva y el desgaste emocional, decidió renunciar, ya que no soportaba el ambiente laboral ni la campaña de desprestigio en su contra, la cual afirmó, continúa incluso después de su salida.
Para Jaqueline la situación sigue afectando su vida personal, ya que los vínculos profesionales que mantiene con la universidad la obligan a seguir encontrándose con personas involucradas.
Cuando presentó su denuncia, las autoridades trataron el caso como si fuera un conflicto menor organizando un encuentro sin previo aviso en el que fue confrontada directamente con su agresor bajo una supuesta mediación. Esta forma de atención minimizó la gravedad de la violencia y revictimizó a Jaqueline porque no se siguieron protocolos con perspectiva de género.
Jaqueline expuso que las medidas cautelares que solicitó no fueron eficientes sino contraproducentes ya que el presunto agresor no fue separado de su cargo, sino ascendido, por eso coincidió con él en espacios laborales posteriores.
Repensar las instituciones que defienden derechos en espacios universitarios
Desde la perspectiva de Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos, las prácticas de violencia contra comunicadoras y periodistas desde los espacios universitarios replican estructuras del patriarcado donde no solo se minimiza el trabajo, sino que se otorgan varios puestos de mando a una sola persona incluso cuando no están capacitadas para ello, quienes por lo general son hombres.
A su vez, acusó que las instancias, dependencias o instituciones creadas para defender los derechos de la comunidad universitaria contra violencias como el acoso laboral o sexual en las universidades no están cumpliendo con salvaguardar la integridad de las mujeres que se atreven a denunciar y llevar sus casos hasta las últimas consecuencias encontrándose en el camino impunidad y más violencia.
Jovana señaló que el actuar de estas instancias se queda en una simulación sin consecuencias reales para los agresores.
«Se supone que tenemos espacios donde deberían defender nuestros derechos o donde deberíamos usar esas cosas (las instituciones de defensoría de derechos), porque se crearon para ese objetivo. Sin embargo, en la práctica no funcionan y terminan siendo sustituciones de papel que no están salvaguardando a las mujeres y termina siendo un acto de impunidad» -Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos.
Ante este panorama, Jovana ve necesario la crear defensorías a partir de experiencias reales de quienes viven la violencia universitaria y no desde enfoques elaborados por abogados ajenos a estas dinámicas. Consideró que es necesario repensar estas instancias para que respondan a las violencias que enfrentan personas dentro de la comunidad, incluyendo a quienes suelen quedar excluidas como las prestadoras de servicios.
También señaló que muchas estructuras operan de forma simulada cumpliendo con requisitos formales sin garantizar mecanismos efectivos de atención ni acceso a la justicia, por lo que, para Jovana es importante generar espacios donde las experiencias de las comunicadoras y periodistas agredidas dentro de las radios universitarias puedan compartirse.
