Ciudad de México.- El Ejército y la Marina han ocultado información y han dado declaraciones falsas acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además, pese a haberlo negado, el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí estuvo presente durante los hechos. Así lo dio a conocer este 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual dio por concluida su participación en el caso de Ayotzinapa debido a las barreras que estas tres instituciones han puesto durante los procesos de investigación.
Las conclusiones a las que ha llegado el GIEI contradicen las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el 26 de septiembre de 2022 declaró que se estaba avanzando en las investigaciones y se estaba «rompiendo el pacto del silencio y de impunidad«. Apenas el 28 de junio de este 2023, además, dijo que no habría impunidad en el caso Ayotzinapa y que no se protegería a los miembros del Ejército responsables por los hechos.
Este martes, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin —integrantes del GIEI— anunciaron que la labor del Grupo se ha dado por concluida en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y el CISEN han mostrado resistencia para ofrecer información clara sobre lo ocurrido la noche de aquel 26 de septiembre de 2014. Además de ocultar información, integrantes de estas y otras instituciones han mentido en diversas ocasiones al GIEI o han cambiado sus declaraciones.
Al respecto, Buitrago Ruiz informó que pese a que en un principio se había dicho lo contrario, la policía federal sí estuvo presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, además de la Policía Ministerial de Iguala. De hecho, el GIEI señala que integrantes de este último organismo persiguieron y trataron de disparar contra sobrevivientes de uno de los autobuses tomados por los jóvenes. También hubo participación de la policía municipal de Cocula, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco.
De acuerdo con los especialistas, la policía de estos dos últimos municipios participó (junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos) en la balacera contra el equipo de futbol “Los Avispones”. Según una hipótesis, dicha balacera se desató porque las autoridades y los criminales confundieron el autobús del equipo con otro vehículo en el que podían estar los normalistas de Ayotzinapa.
Por otra parte, el GIEI señala que miembros de Guerreros Unidos también colaboraron con la policía de Iguala y con la policía ministerial en la detención de varios jóvenes a la altura de la calle Juan N. Álvarez, uno de los puntos donde atacaron a los estudiantes. Dos normalistas perdieron la vida durante esta detención. Además, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin aseguran que el grupo Guerreros Unidos pudo haber actuado en colaboración con la policía para llevar a cabo la tortura y el asesinato de Julio César Mondragón.
Las mentiras de SEDENA, Marina y CISEN
A lo largo de su trabajo, el GIEI realizó diversas entrevistas con miembros de las Fuerzas Armadas de México. De igual manera, recibió varios documentos de las instituciones que las conforman para conocer sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, tanto en las entrevistas como en los documentos hay información contradictoria que devela una serie de mentiras por parte de las instituciones.
Un ejemplo es la información que SEDENA dio sobre la localización de los restos de Julio César Mondragón. Según la zona militar 35 de Chilpancingo, el cuerpo del joven fue localizado en el municipio de Mexcaltepec; no obstante, el 41 batallón dice que a Mondragón lo encontraron en Iguala. Ambas versiones difieren además en otros detalles como las personas que estuvieron presentes en el levantamiento del cuerpo y los responsables de hacer dicho levantamiento.
SEDENA, además, se movilizó de diferentes maneras la noche de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero nunca reconoció estas movilizaciones en entrevistas de acuerdo con el GIEI. Ejemplo de ello es que ya se comprobó, por medio de un monitoreo de llamadas, que militares de esta institución estuvieron en el Palacio Municipal de Iguala esa noche pese a haberlo negado. De igual manera, SEDENA niega tener información sobre el posible paradero de los normalistas o sobre lo ocurrido la noche de su desaparición.
Sin embargo, el GIEI descubrió que la SEDENA tiene transcripciones de llamadas que ofrecen pistas sobre la localización de los estudiantes y sobre la coordinación que hubo entre el Batallón 27 y el 41, la Zona Militar 35, la 9a Región Militar y grupos del crimen organizado durante la noche del 26 de septiembre. Entre las llamadas también se encuentra una conversación donde se dice que el crimen organizado y la policía habían detenido a 17 estudiantes y los iban a entregar. También se dice que otros estudiantes estaban en una cueva.
Por otro lado, el GIEI descubrió que esa noche había dos Órganos de Búsqueda e Inteligencia (OBIs) de SEDENA de los que la institución no había informado. El Ejército también dijo que uno de los integrantes de los OBIs se había retirado de los dos puntos donde atacaron a los normalistas, pero el monitoreo de llamadas de esa noche revela que esto nunca sucedió.
La Secretaría también ha declarado que su Centro Regional de Inteligencia (CRI) funciona desde 2015 cuando sus propios documentos dicen que en CRI del 27 Batallón funciona desde marzo de 2014.
GIEI señala que, aunado a esta tergiversación de información, SEDENA ha mentido al asegurar que no tiene más información o archivos sobre el caso Ayotzinapa. Fuentes cercanas al Grupo de Expertas y Expertos han declarado que sí existen más archivos pero que éstos se cambiaron de ubicación en agosto de 2022.
SEDENA también ha caído en varias contradicciones más. Por ejemplo: cuando se le pidió que identificara a las personas que hicieron los monitoreos técnicos de los hechos según sus documentos, la Secretaría respondió que no se pueden identificar. Asimismo, ha negado la existencia de unidades o dependencias militares relacionadas con inteligencia e incluso ha intentado cambiar la definición de algunas siglas, como cuando declaró que CMI no era Centro Militar de Inteligencia sino Contenido Mediático de Información.
La SEDENA, además, entregó varios documentos a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y al GIEI que luego pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía pidió a SEDENA verificar estos documentos, pero la Secretaría negó que existieran.
El CISEN, por su parte, había reconocido que un trabajador suyo se encontraba en Iguala la noche de los hechos, pero aseguró que se había retirado luego de recibir intimidaciones y amenazas por parte de la policía. Sin embargo, las investigaciones del GIEI muestran que el trabajador nunca se retiró de la zona donde agredieron a los 43 normalistas. Estas investigaciones también revelan que el CISEN llevaba a cabo un seguimiento de los estudiantes, sus movilizaciones y otras actividades que realizaba.
En cuanto a la actuación de la Secretaría de Marina (SEMAR), el GIEI concluyó que integrantes de esta institución detuvieron y torturaron a varias personas para que ofrecieran testimonios que terminaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Esto provocó la muerte de dos personas. Igualmente, la Marina tuvo una intervención en el basurero de Cocula antes de que se comenzaran las investigaciones en este lugar.
La Marina, además, estuvo en el Río San Juan un día antes de que se encontraran bolsas con restos en dicho caudal. Según el GIEI, el personal naval militar estuvo en el lugar dos días antes del hallazgo y encontró varias bolsas cuyo contenido fue manipulado por marinos.
De igual manera, se ha determinado que la Marina tuvo otro puesto naval en el municipio de Coatepec Costales cuyo funcionamiento y actividades no se ha conocido. Además, hay documentos que señalan que hubo intervención de unidad de inteligencia naval, detenciones y monitoreo de comunicaciones por parte de la Marina en las agresiones contra los normalistas, pero la institución no ha dado información al respecto.
El Estado, responsable en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Las investigaciones del GIEI dejan ver que la noche del 26 de septiembre de 2014 hubo comunicación permanente entre el Batallón 27 del Ejército y la comandancia de Iguala, la Policía Ministerial y Municipal de Iguala, la Comandancia de Cocula, el Ayuntamiento de Iguala, la 9a Región Militar, la 35 Zona Militar y varios soldados del Sistema de Información e Inteligencia de SEDENA. También, con policías de tránsito, una empresa de automotores y otras personas identificadas en el peritaje como taxis, así como sedes de SEDENA no institucionalizadas.
Por otro lado, el Grupo anota que la comunicación entre policías, grupos del crimen organizado, SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero inició justo cuando los estudiantes de Ayotzinapa llegaron al Palacio Municipal de Iguala. Pese a toda esta información, aún no es posible esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas ni dar con el paradero de cada uno de ellos, lo que convierte al Estado mexicano en uno de los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes de acuerdo con el GIEI.
Este grupo reconoce que los avances en las investigaciones han surgido gracias a su trabajo pero también al “enorme coraje y amor por los hijos” de las familias de los 43. En este sentido, destaca el papel de las madres de los normalistas, quienes —entre otras acciones— realizaron un plantón de 43 horas en la Glorieta de Bucareli (CDMX) en abril de 2016. Además, han acudido a diversas manifestaciones y también han participado en diálogos con el GIEI y las autoridades mexicanas.
El Grupo de Expertas y Expertos reconoce que la información ahora revelada sobre las falsedades y el ocultamiento de parte de SEDENA, la Marina y el CISEN puede tener un impacto emocional y psicológico en estas familias. Es por eso que hace un llamado a las autoridades mexicanas para que les ofrezcan atención de salud de calidad, pues dichos daños se suman al deterioro de salud que madres y padres cargan desde hace años en medio de la búsqueda de sus hijos. Igualmente, pide que haya mecanismos eficaces para evitar la frecuente sobrecarga en estas víctimas indirectas cuando se necesita obtener pruebas.
GIEI también pide que se dé protección a fiscales y testigos protegidos que han colaborado en el avance del caso. Y, especialmente a la FGR, pide que siga insistiendo a SEDENA para que entregue toda la información que aún tiene al respecto.
Actualmente hay 60 investigaciones abiertas con varias causas por el caso Ayotzinapa. Esta multiplicidad de carpetas y un excesivo formalismo en la burocracia mexicana no contribuyen al esclarecimiento de los hechos. Tampoco, la actitud de las Fuerzas Armadas o del CISEN.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y por tanto avanzar en esa misma dirección”, declaró Carlos Beristáin al respecto.
Aunque el GIEI ya no vaya a seguir con las investigaciones, el caso Ayotzinapa seguirá abierto. SEDENA aún tiene archivos que, de salir a la luz, impidieron que la mentira se institucionalice como una respuesta.
