De acuerdo con el último informe del GIEI, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) monitoreó minuciosamente la movilización de los estudiantes incluso desde antes de ese 26 de septiembre. Asimismo, personal de sus Órganos de Búsqueda de Información (OBI) estuvieron en distintas zonas de Iguala cuando sucedió el ataque contra los jóvenes; sin embargo, al ser cuestionado al respecto, el Ejército mexicano ha cambiado sus versiones de los hechos, lo que —dice el informe— “muestra el ocultamiento de la verdad” por parte de las Fuerzas Armadas.
Tras la publicación del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 han señalado reiteradamente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido su promesa de justicia y verdad sobre el caso. Las acciones de su administración, de hecho, apuntan a todo lo contrario, pues el mandatario ha fortalecido al Ejército pese a su participación en los hechos y su negativa a proporcionar documentos clave para la investigación.
SEDENA también negó haber estado monitoreando a los estudiantes antes del 26 de septiembre y argumentó que no actuó durante el ataque armado contra los normalistas por una supuesta falta de personal. No obstante, informes de la propia Secretaría revisados por el GIEI apuntan que había cerca de mil 191 elementos del Ejército en la zona de Iguala, Guerrero, aquella noche.
Por otra parte, el GIEI señala que la SEDENA está ocultando información clave para el caso Ayotzinapa. En primer lugar, el Grupo observa un gran vacío informativo en los registros de la Secretaría durante las horas en las que tuvo lugar el ataque contra los normalistas. Este vacío llama la atención debido al meticuloso seguimiento que el Ejército sostuvo hasta minutos antes de los hechos. En segundo lugar, el GIEI también apunta la gravedad de que la SEDENA quiera ocultar información de manera deliberada al negar la existencia de una unidad de inteligencia.
Según detalla el informe, esta unidad llamada Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) ya estaba operando en Iguala antes de la desaparición forzada de los 43 normalistas. De acuerdo con el GIEI, el archivo de este CRFI contiene transcripciones de llamadas telefónicas que podrían arrojar información elemental para la localización de los normalistas. Pero, pese a lo que muestra su propia documentación, SEDENA negó ante el Grupo que el CRFI estuviera operando antes de los hechos y, por lo tanto, que tenga los documentos ya localizados por el GIEI gracias a fuentes protegidas.
Ante estos obstáculos que el Ejército está poniendo para continuar con la investigación del caso Ayotzinapa, madres y padres de los 43 normalistas piden reunirse con Andrés Manuel López Obrador para que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dé la orden a SEDENA de abrir sus archivos y permitir el avance del caso.
Lo que está por definirse —aseguró un representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) este 26 de julio— es “¿de qué lado va a estar el gobierno, si del lado del Ejército y sus mentiras o del lado de las víctimas y la verdad?”. Es necesario mirar esta pregunta a contraluz de los hechos que, durante la administración de López Obrador, se ha otorgado un mayor poder a la SEDENA que podría contribuir a su impunidad y protección en el caso.
El poder de SEDENA durante la administración de AMLO
Durante los últimos meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dotado de varias facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso cuando algunas de ellas no le corresponden. Por ejemplo: durante la pandemia de Covid-19, el Ejército estuvo a cargo de la distribución de vacunas; además, según explicó Nancy Carmona Arellano (coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia) a Cimacnoticias, SEDENA también se ha hecho cargo de la distribución de recursos para los programas sociales del gobierno de AMLO.
De acuerdo con la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Mexicana, la única atribución del Ejército es actuar en casos donde la soberanía nacional se vea en riesgo o donde la población mexicana se vea vulnerada. Esto significa que las labores enumeradas arriba suponen una violación constitucional por parte del Ejército. Pero el gobierno de López Obrador no solo ha sido omiso al respecto sino que, además, ha otorgado más recursos y facultades a esta corporación de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó a SEDENA el título de asignación del Tren Maya. Esto quiere decir que la Secretaría puede construir, explorar y operar el funcionamiento de la megaobra (de la cual, además, es la empresa estatal mayoritaria).
Además de esto, en abril de este 2023, el Congreso de la Unión aprobó diversos cambios a la Ley de Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo para que el Ejército acceda al 80 por ciento de los recursos obtenidos por el cobro de tarifas a turistas extranjeros que llegan a México por vía aérea, marítima o terrestre.
Por otra parte, los documentos filtrados por el grupo de hacktivistas “Guacamaya” revelaron que las Fuerzas Armadas tendrán la facultad de gestionar obras como parques naturales y hoteles. De igual forma, se les dará la concesión de explotar turísticamente las Islas Marías. Y, cuando SEDENA anunció la creación de la “Aerolínea Maya”, López Obrador propuso que los ingresos generados a partir de esta aerolínea se destinaran a pagar las pensiones de militares.
Este poder económico otorgado al Ejército también se refleja en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2023. En este año, el gasto programable para SEDENA fue de 111 mil 911 millones 638 mil 277 pesos, lo que representa un incremento de 4 mil 734 millones 861 mil 561 pesos respecto al ejercicio fiscal anterior. Por el contrario, en el presupuesto de este 2023, el recurso asignado para la atención a mujeres víctimas de violencia fue de solo 47 millones 950 mil 338 pesos.
Ejército acrecienta sospechas sobre su participación en caso Ayotzinapa
La maquinaria de poder que representa el Ejército mexicano actualmente sostiene diversas barreras que impiden una investigación integral sobre lo sucedido en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con Vidulfo González Sierra (representante legal en el caso), esta actuación de SEDENA solamente acrecienta la sospecha sobre su participación en los hechos, así como sobre una posible intención de encubrir a quienes estuvieron implicados, entre ellos, grupos del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este 26 de julio, el defensor aseguró que el caso ha puesto en evidencia la permeabilidad del Ejército por parte de grupos del crimen organizado. Quizá por eso —asegura el abogado— SEDENA no quiere abrir por completo sus archivos.
Por otra parte, González Sierra asegura que organizaciones de la sociedad civil como el propio Centro Prodh opinan que el que no se den conocer los archivos de SEDENA implica, de cierta forma, reconocer el poder que se le ha dado a los militares. Con ello, al mismo tiempo, se están saboteando dos promesas importantes de AMLO: justicia y verdad en los casos de Ayotzinapa y de la llamada Guerra Sucia.
En este último caso, 43 mujeres pertenecientes a diversos grupos como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres (PDLP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) fueron víctimas de desaparición forzada. Además, otras mujeres más como Martha Rivero Ramírez (del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y del Comité ¡Eureka!) tuvieron que atravesar diversos obstáculos para encontrar a sus familiares torturados y asesinados por el Ejército.
A esto se suman casos como los de Ernestina Ascencio Rosario, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violencia sexual por parte de miembros del Ejército mexicano. A raíz de casos como estos, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), desde 1998 hasta 2022, nuestro país contaba con 33 recomendaciones que incluyen señalamientos como la participación de militares en casos de desaparición forzada, homicidios y diversos tipos de tortura.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa y las 43 mujeres desaparecidas durante la Guerra Sucia muestra los riesgos de otorgar un poder desmedido y poco regulado al Ejército mexicano. Pese a ello —y aunque en sus promesas de campaña haya indicado lo contrario con dichos sobre regresar a los militares a sus cuarteles—, Andrés Manuel López Obrador no solo ha sido omiso a las recomendaciones internacionales sino que, además, otorga cada vez más poder a la SEDENA.
“¿Por qué eres así, tan inhumano, gobierno mexicano, por qué te ensañas con tu propia gente?”, reclamó este 26 de julio uno de los padres de Ayotzinapa. E indirectamente, el poder del Ejército sigue construyendo estas barreras de impunidad y violencia.
