Ciudad Juárez, Chihuahua. – La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene sin presupuesto al grupo especializado en la investigación el Arroyo del Navajo en Ciudad Juárez, donde fueron localizados 60 restos óseos de mujeres en 2012 y hasta la fecha se continúan encontrando indicios que ponen en evidencia la impunidad, falta de justicia a las víctimas y sus familias a 11 años de que fueran hallados los primeros rastros de violencia feminicida en este lugar.
En entrevista con Cimacnoticias, Norma Laguna Cabral, madre de Idaly Juache Laguna, desaparecida en 2010 y localizada sin vida en arroyo del Navajo, contó que, al día de hoy, aún se encuentran libres personas responsables de los asesinatos perpetrados en este lugar, además, acusó que el grupo encargado de las investigaciones “no tiene vehículos, no hay suficientes peritos y tampoco Ministerios Públicos” para dar seguimiento a los casos.
Las acciones que precedieron la creación del grupo especializado y sus recientes omisiones
En 2008, el Gobierno federal envió al Ejército mexicano a las calles de Ciudad Juárez (junto con otros territorios del país) para presuntamente poner fin a una ola de violencia que el crimen organizado había propiciado.
En esta ciudad, la violencia contra las mujeres comenzó a crecer desde finales´de los años 80, lo que terminó por ocasionar asesinatos violentos de decenas de madres, estudiantes y trabajadoras de la entidad. Con la llegada de los cuerpos militares, la violencia feminicida se exacerbó.
“La militarización de Ciudad Juárez lejos de terminar con los carteles de la droga significó un reforzamiento de los mismos. Ni el Ejército ni la Marina pudieron contener a las organizaciones criminales. Lo que sucedió entonces fue que los carteles que tienen su base de operación en la ciudad potencializaran y diversificaran sus actividades”, explicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe El caso de Arroyo El Navajo de Ciudad Juárez.
Así, los grupos delictivos terminaron con los proyectos de vida de mujeres y adolescentes que, por ejemplo, buscaban oportunidades laborales. Esta situación fue desatendida e incluso ignorada por autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que desató indignación entre la sociedad del norte del país.
Julia Estela Monárrez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), ha afirmado que de 1993 a 2007 se registraron 45 mujeres asesinadas por motivos relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, a partir del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua —operación táctica que se basó en la participación pública de las Fuerzas Armadas en la entidad, enmarcadas en la «guerra contra el narcotráfico— ya habían sido asesinadas 692 niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez, lo cual reflejó la violencia que se vivía en la región.
En 2013 fue detenido un menor de edad por el delito de narcomenudeo, quien declaró formar parte de “Los Aztecas”, un grupo delincuencial que —entre otros delitos— se dedicaba al secuestro de mujeres y niñas en la zona centro de Ciudad Juárez.
Los hombres que formaban parte de este grupo privaron de la libertad a mujeres de entre 15 y 25 años, quienes usualmente estaban en busca de oportunidades de empleo para apoyar económicamente a su familia o continuar sus estudios. Sin embargo, eran capturadas con fines de explotación sexual o para ser obligadas a vender droga.
Si ellas se negaban a estas actividades, eran asesinadas y abandonadas en el Valle de Juárez, específicamente en las inmediaciones del arroyo El Navajo y sus alrededores, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante el mismo 2013 se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Manuel Vital Anguiano, Camilo del Real Buendía, Gerardo Puentes Alba, Cesar Félix Romero, Víctor Chavira García, Edgar Jesús Regalado Villa, quienes eran parte del grupo criminal “Los Aztecas”. Dos años más tarde, el 14 de abril de 2015, se dictó sentencia en contra de ellos.
Sin embargo, lo anterior no esclareció las redes de complicidad entre autoridades, tampoco brindó verdad a las madres quienes, en la mayoría de los casos, solo recibieron algunos restos óseos de sus hijas.
Fue así como durante la administración de Javier Corral Jurado en Chihuahua, las madres de las víctimas de arroyo del Navajo, exigieron al entonces fiscal general, Cesar Augusto Peniche, la creación de un grupo que dedicara sus labores a brindar justicia a las mujeres localizadas en este lugar.
Y es que, por ejemplo, en el caso de Norma Laguna Cabra y su hija Idaly Juache Laguna, uno de los principales responsables de la desaparición y posterior asesinato de su hija se encuentra libre. Se trata del hombre que se dijo dueño de una agencia de edecanes a la que Idaly acudió para buscar trabajo y donde fue captada para ser víctima de otros delitos.
También recordó que en 2012, cuando los restos de su hija fueron localizados, el paso para acceder a este lugar era vigilado por un retén militar. Es decir, estos elementos “tuvieron que haberlas visto, también es posible que ellas llegaran vivas y ahí las mataran”, asegura.
En ese sentido, acusó las labores que realizó el Ministerio Público, pues la madre afirmó que había mujeres como testigas protegidas que reconocieron a personas por ser quienes trasladaban a las jóvenes de un lugar a otro, pero fueron puestos en libertad.
Ante el panorama anterior, la unidad nombrada como “Grupo Valle”, sería la encargada de investigar los casos de feminicidio y brindar verdad y justicia a las familias. Sin embargo, no ha sido así.
“Del grupo hay escasez de todo, de ministeriales, vehículos, porque no tienen para la gasolina, pero siempre ha sido así. No les dan nada para que puedan trabajar, no tienen recursos, ni siquiera hay presupuesto para hojas de máquina. El grupo debería participar en estas investigaciones, también hacer búsquedas de campo, pero no lo hacen”, acusó Norma Laguna.
Recordó que ella y otras madres no han dejado en el olvido a sus hijas, pues son ellas quienes continúan liderando las investigaciones llevando nombres, fechas y direcciones de personas sospechosas al personal de la Fiscalía, pero acusó que continúan las omisiones.
La necesidad de recordar a sus hijas y mantener la exigencia de justicia llevó a las madres a inaugurar la primera parte de un memorial el pasado mes de agosto de 2022 en el arroyo del Navajo.
“Muchas veces nos preguntan: ‘¿Todavía siguen llorando, todavía siguen ahí en las calles?’. Y yo siempre he dicho: ‘Yo voy a estar ahí buscando justicia para mi hija y para todas, hasta el día que yo me muera’. Yo voy a seguir recordando a mi hija para que nunca sea olvidada y para que las autoridades sepan que tienen una deuda con nosotras, las madres, porque nuestras hijas fueron encontradas asesinadas”. Norma Laguna Cabral, madre de Idaly Juache Laguna.
