Ciudad de México.- A 48 días de que arranquen las precampañas del proceso electoral 2024, aún se encuentran pendientes de crear, discutir y aprobar el acuerdo para garantizar la paridad de género en las candidaturas y los lineamientos de la 3 de 3 contra la violencia en el Instituto Nacional Electoral (INE). En ninguno de los dos casos se ha convocado a comisión y tampoco ha circulado un anteproyecto que los presente, señaló la consejera Dania Paola Ravel Cuevas.
En entrevista con Cimacnoticias la maestra, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación y quien ahora preside la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, detalló que promoverá el acuerdo para garantizar paridad, el cual deberá ser aprobado, a más tardar, en los últimos días del mes de octubre.
Mientras que en el caso de los lineamientos de la 3 de 3 explicó que serán las comisiones de Igualdad de Género y de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión las encargadas de realizarlo, para posteriormente convocar a una sesión de comisiones unidas y el resto se sumen a la aprobación de estas directrices.
“Tenemos competencia para emitir acuerdo de paridad en las gubernaturas”
En 2021, año en que se renovaron 15 gubernaturas, el INE emitió un acuerdo para obligar a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades. Este proceso electoral dejó a seis gobernadoras al frente de: Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda), Campeche (Layda Sansores San Román), Colima (Indira Vizcaíno Silva), Chihuahua (María Eugenia Campos Galván), Guerrero (Evelyn Salgado) y Tlaxcala (Lorena Cuellar Cisneros).
Para 2022 el Consejo General del INE aprobó criterios con la finalidad de que los partidos políticos nacionales realizaran modificaciones a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad en las postulaciones a las gubernaturas. Asimismo, estableció que deberían postular al menos a una mujer en las candidaturas de gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México a realizarse en 2023.
Ese mismo año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del INE determinó que este órgano “solo tendría competencia en las entidades cuando había una omisión legislativa”.
En 2024 nueve entidades elegirán gubernatura y jefatura de Gobierno: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México.
En ese sentido, la consejera Dania Ravel explicó que para este proceso electoral, hay dos entidades donde sí hay legislación relacionada a garantizar paridad, estas son Jalisco y Yucatán.
Pero en ambos estados “la legislación es muy amplia”, explicó la consejera. “Jalisco dice que se garantiza principio de paridad en términos que determinen las autoridades electorales, en realidad eso no es nada y nos está dejando la competencia a nosotros”.
Mientras que “Yucatán dice que se va a garantizar el principio de paridad, pero además habla de alternancia, pero esta tendría que ocurrir considerando lo que pase en las elecciones”, añadió.
“Por lo que, aunque tengamos dos entidades con legislación, pero ausencia en otras y además los términos en que están regulado Jalisco y Yucatán, me parece que sí tenemos competencia para emitir un acuerdo para que exista paridad en las gubernaturas”.
A través de este acuerdo, añadió, se establecen criterios que atienden el mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva incluida en la Constitución Mexicana a partir de la reforma de 2019.
“Para estas elecciones la precampaña inicia el 5 de noviembre, ahorita todavía no tengo conocimiento de que se esté trabajando el tema, pero es algo que voy a poner sobre la mesa”, adelantó la consejera.
Detalló que buscará establecer reglas que incluyan bloques de competitividad, para de esta forma advertir dónde los partidos políticos son más competitivos y dónde menos, “así hacer la revisión de que no manden a las mujeres a las entidades federativas donde tienen pocas o nulas posibilidades de ganar”.
“No obstante es un camino cuesta arriba debido a que nosotros no tenemos la facultad de legislar, entonces lo que hacemos es lo mínimo indispensable para garantizar darle contenido al texto constitucional”.
Recordó que el principio de paridad es constitucional, por lo que en caso de que un partido político no cumpla con ello se le dará un primer aviso para que haga la sustitución de candidaturas. Si hay resistencia, no se registrará la candidatura, hasta tener claridad de que se está cumpliendo con el principio de paridad, sentenció.
“Más allá de que es importante la observancia de la Constitución, lo cierto es que desde un ámbito de justicia social la paridad implica visibilización de las mujeres, normalizar nuestra presencia en todos los cargos públicos de más relevancia, eso ayuda para ir generando una sociedad incluyente”.
Lineamientos de la 3 de 3 contra la violencia, sin anteproyecto
El 29 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que dio constitucionalidad a la 3 de 3 contra la violencia, la cual impide que agresores sexuales, deudores alimentarios morosos y agresores en razón de género ocupen puestos en la función pública.
Previo a ello, en 2021, el INE estableció la 3 de 3 como un requisito de candidatura, entonces las personas a contender en la elección debían presentar una manifestación bajo protesta de decir la verdad de que no habían incurrido en infracciones que constituyen violencia de género o que fueran deudores alimentarios.
Sin embargo, ahora, con la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, ningún funcionario que cuente con una sentencia firme por los delitos anteriormente mencionados, no podrá ser candidato.
Pese a la constitucionalidad de la 3 de 3, el INE no emitió lineamientos que garanticen que ningún violentador de mujeres será postulado como candidato para ocupar un cargo público.
“Ahora que es obligación constitucional no podemos hacer lo mismo que en 2021, pues no era obligación, en ese entonces hicimos revisión aleatoria y muestral. Pero hoy debemos hacer una revisión integral, porque es requisito constitucional y debemos garantizar que todas las personas lo están cumpliendo”, explicó Dania Paola Ravel Cuevas.
Apuntó que el problema en las entidades será que brinden o no información sobre si las personas candidatas tengan o no sentencia sobre estos delitos, “nosotros no lo sabemos si no nos lo informan las autoridades o los tribunales”, explicó.
Por ello destacó que se deben firmar convenios para obtener dicha información a tiempo y de esta forma evitar que un violentador llegue a un cargo público.
Lo anterior deberá estar contenido en una serie de lineamientos que serán delineados por las comisiones de Igualdad de Género y de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión; sin embargo, al día de hoy no hay un anteproyecto en existencia sobre el tema.
